Economía y política

En una investigación realizada con una población en situación de desplazamiento, los investigadores hallaron altos niveles de desnutrición, dificultades para la inserción laboral y bajos niveles de permanencia escolar. Los investigadores coinciden en que estos factores se encuentran estrechamente asociados a una dimensión común.

La dimensión a la cual se refieren los investigadores es

• cultural.

• sanitaria.

• ocupacional.

• económica.

En un municipio se propone implementar una ruta de recolección de residuos orgánicos, cuyo proceso estará coordinado por instituciones públicas, personas seleccionadas por la comunidad y organizaciones sociales. Los ingresos que se generen se dirigirán a procesos educativos y de capacitación en torno a la conservación y protección del medio ambiente que permitan un desarrollo social. La propuesta implementada es de tipo ambiental, debido a que

• establece mecanismos de manejo ambiental que se articulan en forma armónica con el desarrollo sostenible del entorno.

• promueve procesos de participación comunitaria en acciones ambientales, para generarle ingresos económicos a la comunidad.

• las acciones buscan la solución del problema ocasionado por el manejo de residuos orgánicos en la comunidad.

• a partir de la recolección de los residuos se busca la educación de toda la comunidad involucrada en el proceso.

En la última década, el tema de la juventud ha cobrado particular importancia para diferentes organismos internacionales, nacionales y locales, cuyo interés se centra en reconocer y comprender sus realidades, necesidades y problemáticas al igual que rescatar su papel como actores en los procesos de desarrollo de una sociedad democrática y pluralista.

El argumento idóneo para intervenir la situación desde una dimensión social es:

• La juventud es una población vulnerable para las instituciones.

• La juventud es tema primordial de los diferentes organismos.

• El tema interesa a los diferentes actores del tejido social.

• Es necesario reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos.

Un proyecto de intervención social se desarrolla con un grupo de mujeres cabeza de familia mayores de 40 años de edad que se encuentran en situación de desempleo. Busca el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y la consolidación como colectivo para lograr su empoderamiento ante la sociedad, mediante la constitución de una unidad productiva que sirva de estrategia para superar su situación de exclusión social.

Las categorías que mejor sustentan la situación objeto de intervención son

• exclusión social, discriminación laboral y relaciones familiares.

• organización social, garantía de derechos y economía social.

• desempleo, relaciones interpersonales y autonomía grupal.

• hogar con jefatura femenina, autonomía e integración social.

En una vereda, un grupo de campesinos afronta una difícil situación respecto a la venta de los productos, debido a los bajos precios que les ofrecen los compradores.

El grupo de campesinos se reúne para elaborar un diagnóstico participativo, que lleve a concretar una propuesta que favorezca una mejor venta de sus productos y el aumento de sus ingresos.

Para lograr este propósito, se debe optar por

• estudiar alternativas y ejecutar las acciones propuestas por la comunidad.

• gestionar recursos para la solución de la situación que vive la comunidad.

• identificar y analizar conjuntamente las necesidades, intereses y expectativas.

• organizar el grupo de campesinos y coordinar con otros la venta de sus productos.

Un alcalde ordena el desalojo de la población que recicla en el basurero municipal, para facilitar su conversión a relleno sanitario. A la empresa de aseo municipal le interesa contar con un área de disposición final sin presencia de recicladores e implementar acciones que disminuyan el volumen de residuos que deben enterrarse.

Los recicladores viven del día tras día, carecen de experiencia y conocimientos para el desempeño de otros oficios y se han organizado en un comité de defensa de su derecho al trabajo. Dos partidos políticos han ofrecido apoyo a los recicladores para que se resistan al desalojo; organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han motivado una movilización; la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad local está interesada en mediar en el conflicto, que ha afectado las relaciones de diversos sectores sociales con la administración local.

Desde el punto de vista de la universidad, la alternativa de acción más pertinente frente a esta situación es

• desarrollar un proceso participativo con los diferentes actores, orientado a construir una alternativa de reciclaje fuera del basurero.

• organizar un plan de capacitación en oficios alternativos para que la población recicladora vea la necesidad de abandonar su oficio.

• realizar un censo de recicladores para que la alcaldía pueda garantizarles nuevas alternativas ocupacionales individuales.

• adherir a las organizaciones de Derechos Humanos y grupos opositores al alcalde, para presionar la suspensión del desalojo.

Una comunidad de un sector de la ciudad está integrada en su mayoría por población en situación de desplazamiento. Debido a las situaciones vividas por la desaparición de familiares y la situación económica, psicológica y social de los habitantes, la alcaldía, a través de la secretaría de desarrollo, ha decidido adelantar un programa social que involucre al núcleo familiar y a las redes de apoyo primarias y secundarias en la superación de la situación vivida por la población.

Este proceso de intervención está relacionado con un enfoque

• sicodinámico.

• funcionalista.

• sistémico.

• humanista.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de un sector rural ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar determina el uso del suelo como reserva forestal y zona de páramo, y les prohíbe a los campesinos la construcción de vivienda y el cultivo, pues estos utilizan indiscriminadamente fungicidas que afectan el ambiente. Aunque ellos no tienen títulos de propiedad sobre los predios, se organizan para protestar ante la administración local, pues consideran que se está vulnerando el derecho al trabajo y limitando el uso del suelo donde han vivido durante décadas.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente definió el límite de páramo por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la intervención social, en el caso anterior, debería jerarquizarse en el siguiente orden:

• Legalización de predios a los campesinos; organización comunitaria para exigir la modificación del POT; formación a los campesinos para el uso adecuado de fungicidas y químicos.

• Formación a los campesinos para el uso adecuado de fungicidas y químicos; organización comunitaria para exigir la modificación del POT; legalización de predios a los campesinos.

• Organización comunitaria para exigir la modificación del POT; legalización de predios a los campesinos; formación a los campesinos para el uso adecuado de fungicidas y químicos.

• Legalización de predios a los campesinos; formación a los campesinos para la implementación adecuada de fungicidas y químicos; organización comunitaria para exigir la modificación del POT.

Una comunidad desarrolló varios encuentros comunitarios para definir el uso que le pueden dar a un terreno cedido por el Gobierno para utilizarlo en un proyecto de desarrollo social. Para tal fin, se contó con la participación de representantes culturales, educativos, comerciales y ambientales que presentaron propuestas viables y de alto impacto social. Sin embargo, la comunidad no ha podido llegar a ningún acuerdo. En la última reunión, la comunidad decidió contratar una consultoría y se fijó un plazo de tres meses para definir el uso del terreno, ya que está siendo utilizado por terceros para depositar material de construcción y basuras. De acuerdo con esta situación, el modelo investigativo más pertinente es el

• documental.

• experimental.

• participativo.

• analítico.

El grave impacto social del desplazamiento forzado como resultado del conflicto armado interno se da no solo en las comunidades desarraigadas de su territorio, sino también en las comunidades receptoras que acogen de forma no voluntaria a las familias desalojadas.

La situación se agrava cada vez más ya que los equipamientos de servicios públicos, educativos, sociales, culturales, religiosos, económicos y de infraestructura no están preparados para estas condiciones de sobrepoblación; de esta forma se generan nuevos conflictos y situaciones que atender, puesto que perturban diferentes escenarios de la vida cotidiana de estas dos comunidades (desplazada y receptora), que comparten intereses comunes, pero en condiciones diferentes, en un mismo territorio.

En esta situación, que enfrentan ambas comunidades, se espera que el mayor punto de acuerdo entre ambas, a la hora de defender sus derechos, se fundamente en que

• debe dársele prioridad a la atención y al mejoramiento de las condiciones de la comunidad desplazada, por cuanto se encuentra en una situación de desventaja frente a la comunidad receptora.

• corresponde a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil, brindar redes de apoyo que orienten las acciones de ambas comunidades en la autogestión que apunte al mejoramiento de su calidad de vida.

• el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación de recursos para el restablecimiento de las condiciones de vida de ambas comunidades ante la escasez de recursos.

• constitucionalmente, la finalidad social del Estado es velar por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, así como la solución de las necesidades básicas insatisfechas.