taller repaso

El Estado Social de Derecho corresponde a una determinada concepción del Estado y de sus fines, lo cual implica responsabilidades que de suyo tienen que ver con la vigencia real de este enunciado axiológico. En tal evento, si los fines amplían la cobertura de la acción del Estado necesariamente se deben registrar altos índices de justicia social. De acuerdo con lo anterior, la investigación que permitiría establecer la eficacia del Estado Social de Derecho es:

• Un estudio de las implicaciones del Estado social de derecho frente a los grupos vulnerables sin importar su procedencia, causa u origen de su situación.

• Una investigación sociojurídica para establecer la cobertura de necesidades básicas insatisfechas como termómetro de la vigencia de los postulados del Estado social de derecho.

• Determinar la relación entre la situación social imperante y el desarrollo legislativo de las nomas superiores que establecen la vigencia del Estado Social de Derecho en relación con grupos vulnerables.

• Un estudio comparativo de los índices de marginalidad y pobreza, frente a los postulados del Estado social de derecho, tomando como referencia los países más desarrollados o con mejor estándar de calidad de vida.

La Constitución de 1991 establece, dentro del marco jurídico superior, el reconocimiento de las comunidades raizales en Colombia, implementando un sistema normativo que respeta a las autoridades indígenas, así como la justicia que se imparte dentro de esas comunidades. Esta figura se conoce con el nombre de Jurisdicción Especial Indígena. Para evaluar la constitucionalidad de la sanción que fija una comunidad por los delitos de hurto, se hace necesario establecer si la

• gravedad de la sanción depende del valor del objeto hurtado

• sanción es atentatoria de la vida o favorece la esclavitud o la tortura.

• pena está prevista en el Código Penal colombiano para el hurto.

• comunidad raizal considera el hurto como un acto ilegal.

En el año 2012, una universidad realizó una investigación dirigida a determinar las causas socio ambientales que mayor incidencia habían tenido en el consumo de sustancias alucinógenas por jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 17 años, localizados en las áreas rurales más apartadas del país. Los resultados arrojados demostraron que el 40 % de tales causas corresponden a carencia de oportunidades laborales y el 60 % a causas de violencia intrafamiliar. La solución jurídica que puede proponerse para superar la causa de mayor incidencia en los resultados descritos, es

• despenalizar el consumo de sustancias alucinógenas para jóvenes entre 15 y 17 años de edad, con el fin de reconocer su autonomía personal.

• establecer exenciones de impuestos a las empresas que contraten jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad.

• comunicarle al respectivo defensor de familia de cada localidad para que dé cumplimiento a las medidas de protección existentes.

• ampliar las medidas sancionatorias incluida la detención domiciliaria que permita recuperar la armonía familiar.

El 18 de octubre de 2005, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata. Con esa decisión, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de mayo de 2006. El 26 de febrero de 2010 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1354 de 2009 que convocaba a un referendo constitucional para permitirle al presidente Uribe un tercer mandato consecutivo. Teniendo en cuenta lo expuesto, un tema que corresponde a una investigación en Derecho es:

• La continuidad de una misma persona en el poder es resultado de la voluntad de los partidos políticos.

• La prolongación del mandato de un gobernante pone en riesgo la evolución social de los habitantes

• La continuidad de una misma persona en el poder afecta el derecho de representación y elección popular.

• La prolongación del mandato de un gobernante consolida las relaciones entre el poder popular y el gobierno

Uno de los resultados de un trabajo de investigación es que, con los nuevos sistemas de transporte masivo, el Estado colombiano afectó derechos fundamentales de los pequeños y medianos propietarios de vehículos del servicio de transporte tradicional. La conclusión que se puede derivar de los hallazgos de la investigación es:

• El Estado puede ejercer una serie de actividades para mejorar el sistema de transporte masivo.

• Existe responsabilidad extracontractual del Estado, por el daño especial causado al sector directamente afectado.

• La población en general puede exigir que se le reparen todos los daños en cuanto se afectaron derechos fundamentales.

• Hay acción de reparación directa por parte de la población, por la falla del servicio que vulnera derechos fundamentales.

María, estudiante de derecho, inicia un proyecto de investigación y, en la etapa de planteamiento y formulación del problema, encuentra que la dignidad humana se estableció en Colombia como un principio y valor constitucional, es decir, es un concepto que puede generar problemas de interpretación por ser indeterminado, lo que a su vez puede derivar en una aplicación relativa de este. Teniendo en cuenta esta ambigüedad, una pregunta de investigación abordable según el derecho es:

• ¿Cuáles son las implicaciones sociales de la aplicación del concepto de dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano?

• ¿Cuál es la noción ontológica del concepto de dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano?

• ¿Cuál es el alcance jurídico del concepto de dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano?

• ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico del concepto de dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano?