L 39/2015 (ART 96-118)

En el contexto del Artículo 96 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?

• A) El procedimiento simplificado se inicia únicamente a solicitud del interesado.
  

• B) La tramitación simplificada se puede adoptar solo si la valoración del daño y la cuantía de la indemnización son inciertas.
  

• C) El órgano competente puede iniciar de oficio la tramitación simplificada si la relación de causalidad y la valoración del daño son inequívocas.
  

• D) La tramitación simplificada excluye la posibilidad de emitir una resolución desfavorable al interesado.

  
  

Answer explanation

Según el Artículo 96, en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si el órgano competente para la tramitación del procedimiento administrativo

considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, puede acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. Esto significa que, en casos donde exista claridad en la causalidad y la evaluación del daño, el órgano competente puede decidir iniciar un procedimiento simplificado sin necesidad de una solicitud por parte del interesado, facilitando así la resolución del proceso.

Las otras opciones no son correctas según el texto proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque el procedimiento simplificado puede iniciarse tanto a solicitud del interesado como de oficio por el órgano competente.

• Opción B es incorrecta ya que la tramitación simplificada se adopta cuando hay claridad en la valoración del daño y la cuantía de la indemnización, no cuando estas son inciertas.

• Opción D es incorrecta porque la posibilidad de emitir una resolución desfavorable al interesado no se excluye en la tramitación simplificada; de hecho, el trámite de audiencia se mantiene cuando la resolución va a ser desfavorable para el interesado.

De acuerdo con los Artículos 97 (Título) y 98 (Ejecutoriedad) de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la ejecución de actos administrativos y las obligaciones de pago derivadas de sanciones pecuniarias?

• A) Las Administraciones Públicas pueden ejecutar actos que limiten derechos de particulares sin necesidad de una resolución previa.
  

• B) La ejecución de actos administrativos es inmediatamente ejecutiva, excepto cuando requieran aprobación o autorización superior, entre otras excepciones.
  

• C) Los pagos derivados de sanciones pecuniarias no pueden realizarse mediante medios electrónicos.
  

• D) Las resoluciones de procedimientos sancionadores son inmediatamente ejecutivas sin excepciones.

  
  

Answer explanation

Según el Artículo 98, los actos de las Administraciones Públicas son inmediatamente ejecutivos, a menos que se cumpla alguna de las excepciones mencionadas, como la necesidad de aprobación o autorización superior. Esto implica que, en general, los actos administrativos pueden ejecutarse de inmediato a menos que se especifique lo contrario por alguna de estas excepciones.

Las otras opciones son incorrectas según los artículos proporcionados:

• Opción A es incorrecta porque el Artículo 97 establece claramente que antes de iniciar cualquier actuación material que limite derechos de particulares, debe adoptarse una resolución que sirva de fundamento jurídico.

• Opción C es incorrecta ya que el Artículo 98(2) especifica que los pagos derivados de sanciones pueden y deben efectuarse preferentemente por medios electrónicos.

• Opción D es incorrecta porque el mismo artículo establece que los actos de naturaleza sancionadora tienen excepciones a su ejecutividad inmediata, especialmente si cabe recurso en vía administrativa

De acuerdo con el Artículo 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿en qué circunstancias pueden las Administraciones Públicas proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos?

• A) Siempre que se haya emitido una resolución administrativa, independientemente de otras condiciones.
  

• B) Solo después de un apercibimiento previo, salvo en supuestos de suspensión de la ejecución o intervención judicial requerida.
  

• C) Únicamente cuando la Constitución o la Ley requieran la intervención de un órgano judicial.
  

• D) Sin necesidad de apercibimiento previo en todos los casos.

  
  

Answer explanation

El Artículo 99 establece que las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, pero esto debe ser precedido por un apercibimiento. Además, la ejecución forzosa no es aplicable en los casos donde se suspende la ejecución según lo establecido por la ley, o cuando la Constitución o la ley requieran la intervención de un órgano judicial. Esto implica que hay condiciones específicas y restricciones legales que deben tenerse en cuenta antes de proceder con la ejecución forzosa.

Las otras opciones no son correctas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque la ejecución forzosa no puede proceder en todos los casos, ya que está sujeta a condiciones específicas.

• Opción C es incorrecta porque aunque la intervención de un órgano judicial es una de las restricciones, no es la única condición bajo la cual la ejecución forzosa no puede proceder.

• Opción D es incorrecta ya que el apercibimiento previo es un requisito explícito para la ejecución forzosa de los actos administrativos.

Según los art que versan sobre "Medios de ejecución forzosa" de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la ejecución de actos administrativos y las sanciones?

• A) Las multas coercitivas no pueden ser impuestas en caso de actos personalísimos.
  

• B) En caso de ejecución subsidiaria, los costos no pueden ser liquidados de forma provisional antes de la ejecución.
  

• C) La compulsión directa sobre las personas es permitida para cualquier tipo de obligación personalísima.
  

• D) El procedimiento de apremio se aplica para la satisfacción de cantidades líquidas derivadas de actos administrativos.

  
  

Answer explanation

Según el Artículo 101, si en virtud de un acto administrativo se debe satisfacer una cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. Esto implica que hay un proceso específico para asegurar el cumplimiento de obligaciones pecuniarias resultantes de actos administrativos.

Las otras opciones son incorrectas según los artículos proporcionados:

• Opción A es incorrecta porque el Artículo 103 permite la imposición de multas coercitivas, incluso en actos personalísimos, en ciertos supuestos.

• Opción B es incorrecta ya que el Artículo 102(4) establece que el importe de los gastos en una ejecución subsidiaria puede liquidarse de forma provisional antes de la ejecución.

• Opción C es incorrecta puesto que el Artículo 104 limita la compulsión directa sobre las personas a ciertos casos autorizados por la ley y siempre dentro del respeto a la dignidad y los derechos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo con el Artículo 107, Declaración de lesividad de actos anulables de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la declaración de lesividad de actos anulables?

• A) La declaración de lesividad puede adoptarse en cualquier momento, sin límite de tiempo, después de que se dictó el acto administrativo.
  

• B) Los actos anulables no pueden ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  

• C) La declaración de lesividad debe ser adoptada por el Pleno de la Corporación en todos los casos.
  

• D) La declaración de lesividad requiere la previa audiencia de los interesados y no puede adoptarse después de cuatro años del acto administrativo.

  
  

Answer explanation

El Artículo 107 establece que la declaración de lesividad, para impugnar actos administrativos anulables, no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Además, requiere la previa audiencia de los interesados implicados. Esto limita el tiempo durante el cual una administración pública puede declarar la lesividad de un acto anulable y asegura que los interesados tengan la oportunidad de ser escuchados antes de que se tome tal decisión.

Las otras opciones no son correctas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque existe un límite de tiempo de cuatro años para adoptar la declaración de lesividad.

• Opción B es incorrecta ya que los actos anulables pueden ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad.

• Opción C es incorrecta puesto que la declaración de lesividad se adopta por el órgano competente según la administración de origen del acto, no siempre por el Pleno de la Corporación.

Según el Artículo 111, Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado, de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿quién es competente para revisar de oficio los actos administrativos nulos y anulables en la Administración General del Estado?

• A) El Tribunal Supremo en todos los casos.
  

• B) Los Ministros, respecto de actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y órganos directivos no dependientes de una Secretaría de Estado.
  

• C) Los Consejos Autonómicos, para todos los actos de la Administración General del Estado.
  

• D) El Consejo de Ministros, solo para actos y disposiciones de los Organismos públicos y entidades de derecho público.

  
  

Answer explanation

El Artículo 111 especifica que en la Administración General del Estado, los Ministros son competentes para revisar de oficio los actos y disposiciones emitidos por los Secretarios de Estado y por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. Además, establece que el Consejo de Ministros es competente para revisar sus propios actos y disposiciones, así como los actos y disposiciones dictados por los Ministros.

Las otras opciones no son correctas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque la competencia no recae en el Tribunal Supremo sino en diversos órganos administrativos.

• Opción C es incorrecta ya que los Consejos Autonómicos no tienen competencia sobre actos de la Administración General del Estado según este artículo.

• Opción D es incorrecta porque el Consejo de Ministros tiene competencia sobre más que solo los actos de Organismos públicos y entidades de derecho público.

Conforme al Artículo 112, Objeto y clases de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos contra resoluciones y actos de trámite administrativos?

• A) Los interesados no pueden interponer recursos de alzada ni potestativo de reposición contra actos de trámite.
  

• B) El recurso de alzada y el potestativo de reposición siempre pueden ser sustituidos por otros procedimientos de impugnación en la Administración Local.
  

• C) Los recursos de alzada y potestativo de reposición pueden basarse en cualquier motivo de nulidad o anulabilidad previsto en los artículos pertinentes.
  

• D) Las disposiciones administrativas de carácter general son susceptibles de recurso en vía administrativa.

  
  

Answer explanation

El Artículo 112 permite que los interesados interpongan recursos de alzada y potestativo de reposición contra resoluciones y ciertos actos de trámite. Estos recursos pueden fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad establecidos en la ley. Esto proporciona a los interesados un mecanismo para impugnar actos administrativos que consideren que no se ajustan a la legalidad.

Las otras opciones son incorrectas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque los interesados pueden interponer recursos de alzada y potestativo de reposición contra ciertos actos de trámite.

• Opción B es incorrecta ya que la sustitución del recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación no es universal y depende de la especificidad de la materia.

• Opción D es incorrecta porque el artículo establece que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.

Fin de la vía administrativa: De acuerdo con el Artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes opciones pone fin a la vía administrativa?

• A) Cualquier resolución de un órgano administrativo, independientemente de su jerarquía.
  

• B) Las resoluciones de los recursos de alzada.
  

• C) Solo los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
  

• D) Únicamente los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

  
  

Answer explanation

El Artículo 114 especifica que las resoluciones de los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa. Esto indica que, una vez resuelto un recurso de alzada, no hay más instancias administrativas a las cuales acudir dentro de la misma entidad, siendo el siguiente paso la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las otras opciones son incorrectas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque no todas las resoluciones de cualquier órgano administrativo ponen fin a la vía administrativa; depende de la jerarquía y de lo establecido por la ley.

• Opción C es incorrecta ya que no solo los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno ponen fin a la vía administrativa, hay otras resoluciones y actos que también lo hacen.

• Opción D es incorrecta porque los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tienen la consideración de finalizadores del procedimiento sí ponen fin a la vía administrativa.

De acuerdo con el Artículo 117, Suspensión de la ejecución de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la suspensión de la ejecución de un acto administrativo impugnado?

• A) La interposición de cualquier recurso siempre suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado.
  

• B) El órgano competente puede suspender la ejecución si la impugnación se funda en causas de nulidad o si la ejecución podría causar perjuicios de difícil reparación.
  

• C) La suspensión de la ejecución es inmediata y obligatoria en todos los casos de recurso contra actos que afectan a una pluralidad indeterminada de personas.
  

• D) La suspensión de la ejecución solo se aplica en los casos en que el acto impugnado no haya sido publicado en un periódico oficial.

  
  

Answer explanation

El Artículo 117 establece que la interposición de un recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado, a menos que una disposición lo establezca de otra manera. Sin embargo, el órgano competente para resolver el recurso tiene la facultad de suspender la ejecución de forma discrecional, después de ponderar entre el perjuicio que la suspensión causaría al interés público o a terceros y el perjuicio al recurrente debido a la eficacia inmediata del acto. La suspensión puede darse en casos donde la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en causas de nulidad de pleno derecho.

Las otras opciones no son correctas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque la interposición de un recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado.

• Opción C es incorrecta ya que la suspensión no es automática ni obligatoria en todos los casos de recurso.

• Opción D es incorrecta porque la suspensión de la ejecución no depende de si el acto ha sido publicado en un periódico oficial.

De acuerdo con el Artículo 118, Audiencia de los interesados de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la audiencia de los interesados en el proceso de recurso administrativo?

• A) Los interesados siempre pueden aportar nuevos hechos o documentos en cualquier etapa del recurso.
  

• B) Los interesados tienen un plazo de 10 a 15 días para formular alegaciones cuando se les presenten nuevos hechos o documentos no incluidos en el expediente original.
  

• C) Los informes y las propuestas son considerados documentos nuevos a efectos de este artículo.
  

• D) No es necesario dar traslado del recurso a otros interesados en el proceso.

  
  

Answer explanation

Según el Artículo 118, cuando en el proceso de un recurso se deban considerar nuevos hechos o documentos que no estaban incluidos en el expediente original, se debe informar a los interesados. Estos tienen un plazo de entre 10 y 15 días para presentar sus alegaciones y documentos que consideren oportunos. Este procedimiento garantiza el derecho de los interesados a ser escuchados y a defender su posición con nueva información relevante que no formaba parte del expediente inicial.

Las otras opciones no son correctas según el artículo proporcionado:

• Opción A es incorrecta porque no se pueden tener en cuenta hechos, documentos o alegaciones del recurrente que, pudiendo haberse aportado anteriormente, no se hicieron.

• Opción C es incorrecta ya que el artículo especifica que los recursos, informes y propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos para los efectos de este artículo.

• Opción D es incorrecta porque el artículo establece que si hay otros interesados en el recurso, se les debe dar traslado del mismo para que puedan alegar lo que estimen conveniente en el plazo mencionado.