Derechos de la Persona

Sobre los derechos de la persona, es correcto afirmar que:

• Todas las personas tienen el goce de sus derechos civiles. No hay restricciones a la capacidad de goce establecidas por la ley.

• El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce pero no de ejercicio de los derechos civiles.

• Todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Así, la persona y el concebido tienen derechos iguales.

• Conforme a nuestro ordenamiento jurídico los derechos que son inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión.

Respecto de los actos de disposición del propio cuerpo indique la afirmación falsa:

• Están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física de la persona.

• Están prohibidos si son contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

• Sólo están permitidos para prolongar la vida de otra persona a través de los transplantes de órganos, aun cuando perjudiquen gravemente la salud del donante.

• Son permitidos, a pesar de ocasionar una disminución permanente de la integridad si su exigencia corresponde a un estado de necesidad de orden médico.

Respecto a los actos de disposición en vida de partes del cuerpo de la persona, es correcto afirmar:

• Nuestro ordenamiento contempla la irrevocabilidad de dichos actos, en salvaguarda de los intereses expectaticios del receptor.

• Los actos de disposición son revocables hasta antes de su consumación.

• Sólo los actos de disposición del propio cuerpo realizados en vida del donante disponiendo de su cuerpo para después de muerto son irrevocables.

• Sólo los actos de disposición en vida son irrevocables.

Sobre el derecho al nombre de la persona, conforme a la normativa vigente es correcto afirmar lo siguiente:

• Solamente el hijo extramatrimonial lleva los apellidos de la persona, o personas, que lo hayan reconocido.

• Sólo al hijo matrimonial le corresponden el primer apellido del padre y el primero de la madre.

• El hijo extramatrimonial puede llevar el apellido de la persona que lo reconozca y el del presunto progenitor cuando, por ejemplo, la madre revele el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido.

• Toda referencia al nombre de un supuesto progenitor en la partida de nacimiento se tiene por no puesta.

En relación al derecho al nombre de la persona, se puede afirmar:

• Son nulos todos los convenios relativos al nombre de una persona natural.

• La mujer tiene el deber de llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio.

• El cambio de nombre de una persona alcanza, si fuera el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad.

• El cambio o adición del nombre en todos los casos afectan la condición civil de quien lo obtiene o constituyen prueba de filiación.

Respecto al derecho al nombre de la persona, conforme a la normativa vigente es correcto afirmar lo siguiente:

• El hijo extramatrimonial puede llevar el apellido de la persona que lo reconozca y el del presunto progenitor cuando, por ejemplo, la madre revele el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido.

• Sólo al hijo extramatrimonial le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.

• Sólo al hijo matrimonial le corresponden el primer apellido del padre y el primero de la madre.

• Toda referencia al nombre de un supuesto progenitor en la partida de nacimiento se tiene por no puesta.

Sobre el derecho a la imagen y la voz de la persona corresponde afirmar lo siguiente:

• No es necesario autorizar, el uso de la imagen o la voz de una persona notoria o pública. Su esfera jurídica siempre es pública.

• Una vez que haya fallecido la persona se puede usar su imagen o voz sin autorización alguna.

• Si la persona ha muerto, se requiere necesariamente la autorización del consejo de familia para el uso de su imagen.

• Hay situaciones excepcionales en que se puede usar la imagen de la persona sin autorización. Sin embargo dichas excepciones no rigen cuando el uso de la imagen atente contra el honor, decoro o la reputación de la persona.

Respecto al derecho a la confidencialidad de las comunicaciones de la persona, es falso afirmar:

• La publicación de las memorias personales o familiares, cuando se refieren a la intimidad de la persona, requiere la autorización del autor.

• La autorización para la publicación de las comunicaciones o correspondencia epistolar es otorgada por los hermanos del fallecido, sus ascendientes, el cónyuge y sus descendientes, excluyentemente y en ese orden.

• La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de cincuenta años a partir de su muerte.

• Expresamente el artículo 16 del Código civil establece tal situación. Se busca proteger la intimidad del sujeto.

• La autorización para la publicación póstuma corresponde a quienes tengan la condición de herederos en conjunto. No hay un orden de prelación en nuestro ordenamiento. En caso de desacuerdo, resuelve el juez.

Una pareja de sordomudos decide casarse. Al respecto, y en relación con la problemática de la capacidad, se puede afirmar lo siguiente:

• Es completamente posible que contraigan matrimonio. La incapacidad de los sordomudos está limitada sólo a aquellos casos en que no pueden manifestar su voluntad de manera indubitable.

• No es posible que contraigan matrimonio al ser considerados incapaces absolutos por nuestro ordenamiento.

• En principio, no es posible que contraigan matrimonio al ser incapaces relativos. Sin embargo, podrán realizarlo con autorización municipal.

• No hay impedimento alguno en nuestro sistema al respecto. Todas las personas tienen igual capacidad de goce salvo que haya una limitación en nuestro ordenamiento y no hay ninguna que afecte en alguna medida a los sordomudos aunque no sean capaces de expresar su voluntad de manera indubitable.

Respecto al cese de la cúratela por rehabilitación del incapaz se puede afirmar lo siguiente:

• La rehabilitación puede ser pedida exclusivamente por el curador.

• Esta sólo procedería si se acredita que el incapaz ha alcanzado un nivel de discernimiento determinado.

• La cúratela del condenado a pena que lleva anexa la interdicción civil acaba al mismo tiempo que la privación de libertad. Así, para el liberado condicionalmente cesa la cúratela.

• En el caso del toxicómano, la rehabilitación sólo puede ser solicitado cuando durante más de dos años el sujeto no ha dado lugar a ninguna queja por hechos análogos.

• El curador de un mayor incapaz será relevado.