Acción de Protección en Ecuador

La acción de protección (Art. 39 LOGCCC) se aplica cuando se trata de defender los derechos constitucionales que han sido vulnerados o amenazados por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o persona privada que preste servicios públicos o actúe por delegación o concesión del Estado.

Los requisitos de la acción de protección son los siguientes: Que exista una violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, ya sea de una persona, una comunidad, un pueblo o una nacionalidad, o de la naturaleza.

Que no exista otro medio judicial ordinario que garantice la protección del derecho, o que, existiendo, este no sea eficaz o idóneo para evitar el daño o la amenaza.

Que se presente la acción de protección ante el juez competente del lugar donde se produjo la violación o amenaza del derecho, dentro del plazo de treinta días contados desde que ocurrió el hecho o se tuvo conocimiento del mismo.

Que se acompañe la prueba documental o testimonial que respalde la acción, o que se indiquen los medios de prueba que se pretenden practicar en la audiencia.

Que se soliciten las medidas cautelares que se consideren necesarias para evitar el daño o asegurar el cumplimiento de la sentencia.

Un ejemplo de una acción de protección en materia ambiental es el siguiente: Supongamos que una empresa petrolera ha realizado una actividad de exploración y explotación en una zona de alta biodiversidad, sin contar con la licencia ambiental correspondiente, ni con la consulta previa a las comunidades indígenas que habitan en el territorio.

Ante esta situación, cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad que se considere afectada o que actúe en defensa de los derechos de la naturaleza, puede presentar una acción de protección ante el juez competente del lugar donde se produce la violación de los derechos.

La acción de protección debe contener los siguientes elementos: La identificación del demandante y del demandado, así como de sus representantes legales, si los hubiere.

La descripción de los hechos que motivan la acción, con la indicación de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la actividad petrolera, tanto de las personas como de la naturaleza.