C.P.C.

¿Según la Constitución de 1991, la soberanía reside exclusivamente en?

• A. El pueblo.

• B. El estado.

• C. El gobierno

De acuerdo al diseño propio de la Constitución política de 1991, tiene un rol preponderante en la interpretación y definición de lo que es un derecho fundamental

• A. El consejo de Estado

• B. La Corte Constitucional

• C. La corte suprema de justicia

Los derechos fundamentales limitan al Legislador en tanto su modificación o regulación requiere de

• A. Una ley orgánica

• B. Una ley estatutaria

• C. Una reforma constitucional

3. Hay derechos fundamentales que sin estar en la Constitución política de 1991 han sido reconocidos por el poder judicial bajo está categoría.

   A este tipo de derechos se les denomina derechos:

• A. No taxativos

• B. Innominados

• C. Jurisdiccionales

De los derechos mencionados es posible afirmar que

• A. Los derechos fundamentales realizan la igualdad material y condiciones dignas de vida.

• B. Los derechos sociales, económicos y culturales son de aplicación inmediata en virtud del principio de máxima eficacia.

• C. Los derechos sociales, económicos y culturales requieren una regulación legal o reglamentaria para su materialización.

Para la protección de derechos fundamentales la Constitución política de 1991 dispone del mecanismo judicial especial

• A. El Habeas Corpus

• B. La acción de tutela

• C. La acción de cumplimiento

La Constitución política de Colombia no puede modificar se mediante:

• A. Un proyecto de ley en el congreso

• B. Un referendo constitucional

• Una asamblea nacional constituyente.

• Una iniciativa popular de carácter Legislativo

El derecho a la libre circulación está estipulado en la Constitución Política de Colombia. En él se precisa que cualquier colombiano, con las limitaciones impuestas por la ley, puede entrar, salir, permanecer y residenciarse en el país. En el caso de una persona colombiana que está siendo procesada para su posterior extradición, y por lo tanto, por orden de un juez tiene prohibido salir del país hasta que no se decida su situación jurídica, se verifica que la libre circulación

• A.

  es un derecho parcial y relativo, puesto que en algunos casos no se aplica y se constriñen algunas personas para que permanezcan en el territorio.

• B.

  es un derecho con limitaciones, pues en ciertos casos el Estado puede obligar a alguien a la permanencia y a la salida del país.

  
  

• C.

  es un derecho desigual, dado que aplica para unos y no para otros.

La Constitución Política de Colombia establece el derecho a la libertad de expresión. Este incluye el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. A la luz de este derecho conexo o secundario, en un caso en el que se ha publicado una información falsa que afecta la honra o el buen nombre de una persona, puede decirse que se ampara el derecho a que

• A.

  aquella persona que haya sido calumniada, injuriada o afectada por información falsa, puede exigir que le permitan hacer una réplica por el mismo medio y con la misma difusión que la primera información.

• B.

  quien considere que es falsa alguna información publicada en los medios de comunicación, puede exigir que se le permita rectificar dicha información en el mismo medio y con la misma difusión que la primera información.

• C.

  aquella persona que haya sido calumniada, injuriada o afectada por información falsa, puede exigir que dicha información se rectifique por el mismo medio y con la misma difusión que la primera información.

Dos comunidades indígenas asentadas en territorios municipales diferentes, debido a gestiones de la autoridad indígena nacional, han recibido subsidios estatales y presupuestos para la construcción de un centro médico y una escuela preescolar. Sin embargo, pese a que en una de ellas se ha aceptado al pie de la letra cada una de las medidas del gobierno central, como condición para la apropiación del recurso público destinado, al interior de la otra comunidad se desarrollan debates en torno al delicado tema que relaciona el tipo de educación que se impartirá y el modelo de salud que se implementará en los edificios que serán construidos, los materiales usados para esa labor y los usos de la tierra sobre la que se levantarán sus bases. Tras extensos debates, acuden a la consulta previa con la debida copia traducida de la respuesta oral de su parlamentario al Ministerio encargado. Pasan algunos meses, y se han comenzado a ejecutar las obras sobre el territorio de la primera de las comunidades. Entre tanto, se resuelve la solicitud de consulta previa de la segunda. Otros meses se suman, y terminados los trabajos en la primera comunidad, es resuelto el derecho de consulta previa de la segunda, el cual arroja el rechazo de la población de la planeación y construcción de los edificios, en el modo en que pretendían ser construidos. Esto es, sin prestar ninguna atención a las recomendaciones de la comunidad. De este modo, transcurren dos años sin que se desembolse el rubro que, gracias a la organización indígena nacional, pudo ser gestionado para ambas comunidades, pero que sólo pudo ser aplicado en una de ellas, debido a la realización del derecho a la consulta previa ejercido por la otra. Pasado este tiempo, esta comunidad reclama que, en virtud del Derecho a la Igualdad, se giren estos recursos que hasta el momento no han sido aplicados. Por lo cual, el representante del Ministerio indica que, en virtud del mismo principio, estos serán ejecutados del mismo modo que para la primera comunidad. Para el anterior caso, deberá tenerse en cuenta que el Derecho a la Igualdad es consistente también con un Principio Constitucional que sugiere que en esta materia debe constatarse

• A.

  un tratamiento igual entre desiguales.

  
  

• B.

  un tratamiento desigual entre iguales.

• C.

  un tratamiento igual entre iguales.