Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta: “Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes”. ¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable?

En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son

La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1:00 a. m. y mencionan que es la hora ideal para finalizar las reuniones; los propietarios del primer piso (lugar donde se encuentra el salón comunal) están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará el uso del salón hasta la medianoche. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos?

Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas?

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida de muchas personas, su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya que han proliferado –y seguirán aumentando– barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio plantea tres propuestas. La primera es densificar las ciudades; así, en lugar de expandirse hacia zonas rurales, donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical (edificios). La segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofreciéndoles a quienes habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público, lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos. Tomado de: Redacción BBC Mundo, “América Latina más urbanizada y más desigual”, en BBC Mundo, agosto de 2012. ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina?

La Constitución política de Colombia se puede modificar mediante

Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993 (Ley de Seguridad Social) para introducir mejoras en esta materia. Para ello, presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una “iniciativa popular”, a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. El procedimiento realizado por el ciudadano es:

Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y, debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto?

El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron, por $244 millones, 129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. Gracias a unos $4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los $12.000 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que, después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. Tomado y adaptado de: www.elcolombiano.com. De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes