Es la Institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista.

Se encarga de juzgar al Presidente de la República, congresistas,  gobernadores,  magistrados de tribunales y a los generales de la Fuerza Pública, en caso de cometer un hecho punible. También puede juzgar, con previa acusación de la Fiscalía, a los miembros del Ministerio Público. Además, puede anular sentencias que sean opuestas a la interpretación y aplicación correcta de la ley.

Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las sanciones respectivas conforme a la Ley.

Está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

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Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. En términos de justicia busca conocer la verdad, garantizar la no repetición y la reparación de la víctimas.

Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.

Ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente.

Expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

Tiene la función electoral de elegir el Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y designado a la Presidencia.

Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.

Todas aquellas instituciones autónomas que vigilan y controlan los demás poderes públicos y a los funcionarios. Por eso, están habilitadas para iniciar procesos sancionatorios frente a las faltas disciplinarias y fiscales.

Tiene la función constituyente de reformar la Constitución Política mediante actos legislativos.