Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela son: i) Inmediatez, ii) que sea presentado por cualquier persona o por quién actúe a su nombre, iii) que sea presentada contra la entidad o particular por una acción u omisión que vulnere cualquier derecho fundamental.

Cuando un miembro de las fuerzas militares, es desvinculado laboralmente a causa de la disminución de las capacidades laborales, y considera que se le está vulnerando el mínimo vital, al trabajo y debido proceso, acude a la rama judicial interponiendo:

En el municipio de Chinchiná (Caldas), los residentes cercanos al Comando de Policía consideran que están corriendo riesgos de seguridad frente a una amenaza contra los derechos colectivos, por ataques perpetrados por grupos al margen de la ley. En este caso, usted considera viable que los residentes pueden acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo e interponer:

Juan debe realizar un trámite administrativo para obtener el subsidio de VIS otorgado por el gobierno, la entidad donde radico los papeles le responde que no puede acceder a dicho subsidio porque en el archivo aparece que tiene otra propiedad. El afectado solicito corrección del dato presentado el mecanismo del amparo constitucional denominado:

Quién es el competente para conocer la acción popular?

La acción de grupo tiene un propósito esencialmente preventivo, requiere que exista un daño sobre el interés protegido.

Teniendo en cuneta lo previsto en el art.6 de la Constitución Politica, si un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo, omite en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, estaría vulnerando el principio fundamental de:

La acción de constitucional, que se constituye como el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas y ante el inminente incumplimiento, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos, se denomina:

De acuerdo con el art. 2. de la Constitución Politica. " ........ Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Este enunciado hace referencia a: