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Worksheetsexamen 1
Total questions: 110
Worksheet time: 55mins
1. Según el artículo 55 de la Constitución española, ¿ puede ser suspendido el derecho de los
trabajadores y de los empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo?
a) No, es un derecho fundamenta
b) Sólo cuando haya sido acordada la declaración del estado de excepción
c) Sólo cuando haya sido acordada la declaración del estado de excepción o de sitio
d) Sólo cuando haya sido acordada la declaración del estado de sitio
2. Según el artículo 122 de la Constitución española, ¿qué norma ha de determinar la
constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y de los tribunales?
a) La ley orgánica del poder judicial.
b) Una ley del ministerio competente en materia de Justicia
c) Un reglamento del Consejo del Estado.
d) Un reglamento del Consejo General del Poder Judicial.
3. Según el artículo 125 de la Constitución española, ¿ los ciudadanos pueden ejercer la acción
popular y participar en la Administración de justicia?
a) Sí, mediante la creación de jurados
b) Sí, en los tribunales consuetudinarios y tradicionales.
c) No
d) Las respuestas a) y b) son correctas
4. Según el artículo 159 de la Constitución española, ¿qué duración en años tendrá el periodo
de designación de los miembros del Tribunal Constitucional?
a) Cuatro años
b) Seis años.
c) Ocho años.
d) Nueve años.
5. Según el artículo 162 de la Constitución española, ¿quién tiene legitimidad para interponer
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?
a) Toda persona natural o jurídica
b) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés particular.
c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo
d) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés común.
6. Corresponde dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las
funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización
militar:
a) Al Consejo de ministros.
b) Al presidente del Gobierno.
c) A las Cortes Generales.
d) Al rey.
7. Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes
Generales y la expedición de los Reales Decretos es una función:
a) Del presidente del Gobierno.
b) Del Secretariado del Gobierno.
c) Del rey.
d) Del ministro de la Presidencia.
8. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponden a los ministros?:
a) Fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de ministros
b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad
c) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento
d) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales.
9. De su gestión política, el Gobierno responde:
a) Individualmente ante las Cámaras
b) Solidariamente ante las Cortes Generales.
c) Solidariamente ante el Congreso de los Diputados
d) Mancomunadamente ante las Cortes Generales.
10. ¿Quién puede decretar la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, de
acuerdo con el artículo 115 de la Constitución?
a) El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros.
b) El rey.
c) El presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad.
d) El Consejo de ministros, a propuesta del presidente del Gobierno
11. ¿Cuál de las siguientes competencias pueden asumir las comunidades autónomas?
a) Las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
b) La iluminación de costas y señales marítimas.
c) Las obras públicas de interés general.
d) Los aprovechamientos forestales.
12. Indica cuál de las respuestas siguientes no forma parte del contenido que el artículo 147 de
la Constitución establece para los estatutos de autonomía.
a) Las competencias asumidas dentro del marco que establece la Constitución
b) Las competencias asumidas por el Estado dentro del marco que establece la Constitución
c) Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas competencias
d) La delimitación del territorio de la comunidad autónoma.
13. Una de las siguientes fuentes no constituye un recurso económico de las comunidades
autónomas:
a) Los ingresos de derecho privado
b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio.
c) El producto de las operaciones bursátiles
d) El producto de las operaciones de crédito.
14. En cuanto a la organización territorial del poder judicial, las comunidades autónomas:
a) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio al
margen de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aquellas instancias procesales
que se agoten en el ámbito territorial de las comunidades autónomas.
b) No pueden proponer al gobierno la fijación de los partidos judiciales de su ámbito territorial,
de acuerdo con la independencia del poder judicial.
c) No pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio
porque es una competencia reservada al Estado.
d) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio, de
acuerdo con los supuestos y en las formas que indiquen en sus estatutos.
15. La cláusula residual que establece el artículo 149.3 de la Constitución:
a) Opera a favor de las comunidades autónomas sólo en el supuesto de que el Estado no
asuma expresamente las competencias.
b) Opera a favor del Estado sólo en el caso de que las comunidades autónomas no asuman
expresamente las competencias.
c) Atribuye a las comunidades autónomas las funciones legislativas y ejecutivas.
d) Atribuye al Estado únicamente la función legislativa.
16. De acuerdo con lo previsto en el Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta
en relación a las instituciones de la Unión:
a) El Consejo Europeo elige al presidente de la Comisión.
b) El Consejo está compuesto por un representante de cada estado miembro, de rango
ministerial
c) El Parlamento Europeo está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión.
Su número no debe exceder de 850, más el presidente
d) El mandato de la Comisión es de cuatro años.
17. ¿A partir de qué Tratado se establece la Unión Económica y Monetaria en la Unión
Europea?
a) El Tratado de Roma.
b) Tratado de la Unión Europea.
c) Tratado de Ámsterdam
d) Tratado de París.
18. ¿Cuál es la duración del mandato del presidente del Tribunal General del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea?
a) Un año, renovable.
b) Dos años, renovables.
c) Tres años, renovables.
d) Cuatro años, renovables.
19. Señale la afirmación correcta en relación a los Comisarios de la Unión Europea:
a) Los comisarios representan los puntos de vista de sus respectivos países
b) Para ser comisario hay que ser primero funcionario en el propio país.
c) Los comisarios son propuestos por sus gobiernos nacionales y deben ser aprobados por el
Parlamento Europeo.
d) Los comisarios son escogidos de entre los ministros de los gobiernos nacionales
20. Por disposición del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cese de un miembro
de la Comisión Europea, en caso de haber dejado de reunir las condiciones necesarias para el
ejercicio de sus funciones, puede ser declarado:
a) Por la Comisión, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros
b) Por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propuesta del Consejo exclusivamente
c) A instancia del Consejo o de la Comisión, por el Tribunal de Justicia.
d) Por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión.
21. Según el artículo 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia:
a) De denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a los productos de la comunidad autonoma
b) De ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares
c) De ordenación del sector pesquero.
d) Las respuestas b) y c) son correctas
22. Según el artículo 32 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia ejecutiva en materia:
a) De agencias de transportes.
b) De integración social y económica del inmigrante
c) De productos farmacéuticos.
d) De ordenación del sector pesquero.
23. Según el artículo 35 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, institución oficial
consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana, corresponde:
a) A la consejería competente en materia de educación
b) A la consejería competente en materia de cultura
c) A la dirección general competente en materia lingüística.
d) A la Universidad de las Islas Baleares.
24. Según el artículo 44 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué órgano judicial
puede exigir la responsabilidad penal a los diputados del Parlamento de les Illes Balears, en
caso de flagrante delito?
a) El Tribunal Constitucional
b) El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dentro del ámbito territorial de la
comunidad autònoma
c) La Sala Penal del Tribunal Supremo, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
d) El órgano jurisdiccional predeterminado por la ley.
25. Según el artículo 50 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué órgano designa el
senador o senadores que han de representar a la comunidad autónoma de las Islas Baleares en
el Senado?
a) El Gobierno de les Illes Balears.
b) El Parlamento.
c) El presidente del Gobierno
d) La Diputación Permanente del Parlamento.
26. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares:
a) La sede del Parlamento es la ciudad de Palma
b) La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, es la lengua oficial del Parlamento de las
Islas Baleares
c) Los diputados pueden invocar su condición de parlamentarios en el ejercicio de una
actividad mercantil o profesional.
d) Los miembros del Gobierno que no sean diputados no pueden asistir a las comisiones
parlamentarias.
27. En caso de fallecimiento del presidente de las Illes Balears, el Gobierno debe ser presidido
interinamente:
a) Por el vicepresidente, si existe, siempre que tenga la condición de diputado del Parlamento
de las Illes Balears
b) Por el consejero sin cartera.
c) Por el presidente del Consejo Consultivo.
d) Por el consejero de mayor edad, siempre que pertenezca al mismo grupo político.
28. En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los gabinetes constituyen estructuras de
apoyo político y técnico de asistencia y de asesoramiento directo:
a) De la Presidencia y de los miembros del Gobierno
b) De la Presidencia y del vicepresidente.
c) De la Presidencia, los miembros del Gobierno y los entes del sector público instrumental
d) De la Presidencia, los miembros del Gobierno y los entes del sector público instrumental
administrativo.
29. Los consejeros del Gobierno de las Islas Baleares reciben el tratamiento de:
a) Señor o Señora.
b) Excelentísimo o Excelentísima.
c) Muy Honorable.
d) Muy Ilustrísimo o Muy Ilustrísima.
30. Durante el tiempo en que el cargo de presidente esté vacante, debe ejercer las atribuciones
de representación de las Illes Balears:
a) El presidente del Parlamento.
b) El vicepresidente del Gobierno
c) El consejero más antiguo en el cargo.
d) El presidente del Consejo Consultivo.
31. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las
fundaciones del sector público institucional quedan adscritas, para cada ejercicio
presupuestario y por todo este período, a la Administración pública:
a) Que tenga facultades para destituir a una cuarta parte de los miembros del patronato.
b) Que tenga mayoría para nombrar a un tercio de los miembros del patronato.
c) Que disponga de mayoría de patrones.
d) Que tenga facultades para nombrar a un tercio de la mayoría del personal directivo.
32. De acuerdo con la Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales de comercio, industria,
servicios y navegación de las Islas Baleares, las cámaras de comercio, industria y navegación
son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica que se configuran:
a) Como órganos de participación, debate y coordinación con las administraciones públicas.
b) Como órganos consultivos y de coordinación con las administraciones públicas
c) Como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas.
d) Como órganos consultivos, de participación y coordinación con las administraciones
pública
33. De acuerdo con la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, indique la respuesta correcta
a) El personal al servicio de los organismos autónomos del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears depende orgánicamente de la persona titular de la
consejería competente en materia de función pública y funcionalmente del órgano superior
unipersonal de dirección del organismo autónomo.
b) El personal al servicio de los organismos autónomos del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears depende orgánica y funcionalmente del órgano
superior unipersonal de dirección del organismo autónomo.
c) El personal al servicio de los organismos autónomos del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears depende orgánica y funcionalmente de la persona
titular de la conselleria competente en materia de función pública.
d) El personal al servicio de los organismos autónomos del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears depende orgánica y funcionalmente del consejero
titular de la consejería de adscripción del ente.
34. Los procedimientos relativos a la determinación de las condiciones retributivas del personal
de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
deben ajustarse:
a) A las propuestas aprobadas en la Comisión Paritaria del Sector Público Instrumental
b) A las normas que contengan las leyes de presupuestos generales anuales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balear
c) A las directivos que marque la Comisión de Análisis y Propuesta de Reestructuración del
Sector Público.
d) En las instrucciones que dicte la Comisión Interdepartamental de Retribuciones.
35. Los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears deben tener un plan financiero anual:
a) En los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
b) En los términos y condiciones que se establezcan por ley, aprobada por mayoría absoluta.
c) En los términos y condiciones que determine un acuerdo del Consejo de Gobierno.
d) En los términos y condiciones que fije el máximo órgano de dirección de cada ente.
36. Según la Constitución española:
a) El Congreso podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley
sobre materias determinadas, excepto las que se tengan que aprobar con una ley orgánica.
b) El Senado, como cámara de representación territorial, podrá delegar en el Gobierno la
potestad de dictar normas con rango de ley sobre la distribución territorial del Estado.
c) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango
de ley sobre el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, sobre el
régimen electoral general y sobre las otras materias previstas en la Constitución
d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normes con rango
de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81.
37. Indicad la respuesta correcta:
a) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna
de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el
marco de los principios, las bases y las directrices que fije una ley estatal.
b) Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna
de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el
marco de los principios, las bases y las directrices que fije una ley de bases
c) El Gobierno, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las
comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco
de los principios, las bases y las directrices que fije una ley estatal.
d) El Congreso, en materia de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las
comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco
de los principios, las bases y las directrices que fije una ley estatal.
38. Los reglamentos son disposiciones normativas:
a) De carácter general.
b) De rango inferior a la Ley.
c) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
39. ¿Puede el Gobierno subdelegar la facultad de dictar legislación delegada?
a) En ningún caso
b) Sí, siempre que lo autorice la ley de delegación.
c) Sí, siempre que delegue en autoridades administrativas
d) No, salvo que delegue en órganos administrativos.
40. ¿De acuerdo con las clasificaciones doctrinales clásicas de los reglamentos, como se
denomina el reglamento que se dicta sin una habilitación o una remisión específica de una ley?
a) Reglamento ejecutivo
b) Reglamento independiente
c) Reglamento de necesidad.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
41. ¿Cuándo se publicarán en el boletín oficial que corresponda las instrucciones y órdenes de
servicio, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público?
a) Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, sin perjuicio de su difusión de acuerdo
con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
b) Siempre.
c) Nunca
d) Solo cuando una disposición específica así lo establezca.
42. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:
a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
b) Cualquier unidad administrativa independientemente de si tiene atribuidas funciones que
tenga efectos jurídicos a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros y cuya actuación tenga carácter preceptivo, debiendo reunir ambas
condiciones.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
43. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen
la consideración de convenios, los acuerdos con efectos jurídicos siguientes
a) Los adoptados entre organismos públicos y entidades de derecho público o privado
b) Los Protocolos Generales de Actuación.
c) Los adoptados por universidades públicas con sujetos de derecho privado para un fin común.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
44. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los casos
previstos como motivos de abstención, los interesados podrán promover la recusación en los
siguientes casos (señale la respuesta correcta):
a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia
c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
45. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
suscripción de convenios (señale la respuesta incorrecta)
a) Deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública
b) Deberá facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos
c) Deberá contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y privada
d) Deberá cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
46. Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta según el art. 65.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que
regula las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial:
a) Es un requisito para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que haya
prescrito el derecho a la reclamación del interesado
b) Se deberá archivar el procedimiento cuando los particulares presuntamente lesionados no
se personen en el plazo establecido.
c) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados concediéndoles
un plazo de quince días para que presenten alegaciones.
d) El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no
se personen en el plazo establecido.
47. Según el art. 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, se podrán rechazar las pruebas propuestas por los
interesados:
a) Cuando el órgano instructor lo considere oportuno.
b) Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
c) Cuando haya razones imperiosas de interés genera
d) Cuando sean manifiestamente pertinentes y necesarias.
48. El art. 95.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, dispone que:
a) Deberá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
c) Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación
de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
d) No deberá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución.
49. El art. 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, dispone que:
a) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo
b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
c) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
d) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
50. Según el art. 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, ¿contra qué actos se puede interponer el recurso
extraordinario de revisión?
a) Contra las disposiciones generales, los actos definitivos, los actos de trámite cualificados y
los actos firmes en vía administrativa
b) Contra los actos definitivos, los actos de trámite cualificados y los actos firmes en vía
administrativa
c) Contra los actos definitivos y los actos firmes en vía administrativa
d) Contra los actos firmes en vía administrativa.
51. Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, es un criterio de graduación de la sanción:
a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
b) La reiteración, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) La reiteración, por comisión en el término de un año de más de una infracción cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
52. Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, el plazo de prescripción de la infracción se reinicia si el expediente sancionador:
a) Estuviera paralizado durante menos de un mes
b) Estuviera paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
c) Estuviera paralizado durante más de un mes.
d) Estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable
53. Según el art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, ¿qué requisitos deben cumplirse para obtener una indemnización por una lesión que
sea consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional?
a) Que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de
un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
b) Que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
c) Que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
54. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, en los casos de responsabilidad patrimonial, ¿cuándo se puede abonar la
indemnización mediante pagos periódicos?
a) Cuando no haya disponibilidad presupuestaria para abonar la indemnización durante el año
en curso
b) Cuando se prevea en las normas sectoriales específicas.
c) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público
d) Todas las respuestas son correctas
55. Según el art. 64.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de
naturaleza sancionadora contendrá:
a) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa
indicación del régimen de recusación de los mismos
b) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento
c) Identificación del instructor y del Secretario del procedimiento, con expresa indicación del
régimen de recusación de los mismos.
d) Identificación del instructor, con expresa indicación del régimen de recusación del mismo
56. Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
el órgano instructor remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de
resolución:
a) En el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia
b) En un plazo no superior a diez días
c) En el plazo de diez días a contar desde la emisión de la propuesta de resolución.
d) En un plazo no inferior a diez días
57. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 152.4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014:
a) El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación.
b) Se deberá justificar en el expediente la concurrencia de la causa del desistimiento.
c) El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
d) El desistimiento impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
58. La construcción de una presa es un contrato administrativo:
) De servicios.
b) De suministros.
c) De obras.
d) De concesión de servicios
59. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el
expediente de contratación se deberá justificar:
a) La elección del procedimiento de licitación
b) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, pero no la clasificación que se exija a
los participante
c) El presupuesto de licitación del contrato sin incluir el valor estimado del contrato.
d) El informe de suficiencia de medios.
60. Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato,
éste podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:
a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede
presentar oferta
b) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede
presentar oferta, pero no podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador
c) Podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
61. Señale la respuesta incorrecta
a) Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo,
y a los términos del contrato.
b) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización
c) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de
13
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla.
d) El subcontratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra.
62. Una entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del
contrato de servicios:
a) Sólo mediante un contrato menor
b) En ningún caso.
c) Sólo en determinados casos siempre que el órgano de contratación lo autorice.
d) Cuando concurran circunstancias sobrevenidas e imprevistas
63. La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears establece que el consejo de administración, el patronato, la junta de
gobierno o el órgano equivalente tendrán:
a) Un mínimo de 7 miembros y un máximo según la dimensión de la entidad, entre los que
habrá al menos un representante de la consejería competente en materia de hacienda y
presupuestos.
b) Un mínimo de 7 miembros y un máximo según la dimensión de la entidad, entre los que
habrá al menos un representante de la consejería competente en materia de hacienda y
presupuestos y un representante de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
que esta pueda delegar dichas funciones en un miembro del servicio que tenga atribuido el
asesoramiento jurídico del ente.
c) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, según la dimensión de la entidad, entre los
que habrá al menos un representante de la consejería competente en materia de hacienda y
presupuestos.
d) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, según la dimensión de la entidad, entre los
que habrá al menos un representante de la consejería competente en materia de hacienda y
presupuestos y un representante de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
que esta pueda delegar dichas funciones en un miembro del servicio que tenga atribuido el
asesoramiento jurídico del ente
64. Indicar la respuesta correcta con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Los
derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a) Por los convenios colectivos, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la
voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que
en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables
o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados, por los usos y
costumbres locales y profesionales.
b) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los convenios colectivos, por la
voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que
en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables
o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados, por los usos y
costumbres locales y profesionales.
c) Por los convenios colectivos, por los usos y costumbres locales y profesionales, por las
disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la voluntad de las partes, manifestada
en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse
en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones
legales y convenios colectivos antes expresados.
d) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la voluntad de las partes,
manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan
establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las
disposiciones legales y convenios colectivos, por los convenios colectivos, por los usos y
costumbres locales y profesionales
65. Que la actuación de los empleados públicos persiga la satisfacción de los intereses
generales de los ciudadanos y se fundamente en consideraciones objetivas orientadas hacia la
imparcialidad y el interés común es
a) Un derecho
b) Un Deber.
c) Ni derecho ni deber, es una obligación
d) Un principio ético.
66. El estatuto básico del empleado público no se aplica al personal funcionario:
a) De las Universidades Públicas y los centros de enseñanza sostenidos total o parcialmente con
fondos públicos
b) De las Administraciones de las entidades locales
c) De los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones
Públicas
d) De los cuerpos de Policía Local.
67. Las Leyes de Función Pública deberán
a) Establecer el máximo de días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios
prestados por los funcionarios públicos.
c) Elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en
el mismo.
b) Establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto
trienio
d) Todas las anteriores son ciertas
68. El capítulo I del título II, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula
a) Los entes competentes en materia de función pública
b) Órganos competentes en materia de función pública.
c) La escuela balear de administración pública.
d) Órganos y entes competentes en materia de función pública.
69. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, ¿a quién corresponde aprobar el proyecto de ley de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma?
a) Corresponde al Parlamento
b) Corresponde al Consejo de Gobierno
c) Corresponde al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos
d) No existe ninguna respuesta correcta.
70. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, en la clasificación económica, que agrupa los créditos según la
naturaleza económica de los gastos, éstos deben separarse en :
a) Operaciones corrientes, operaciones de capital, operaciones financieras y fondo de
contingencia.
b) Operaciones financieras y fondo de contingencia.
c) Operaciones de capital y operaciones corrientes.
d) Operaciones corrientes y de capital.
71. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, a todos los efectos, los créditos presupuestarios se rigen:
a) Por el principio de calidad, en las vertientes cuantitativa, especial y temporal de este
principio
b) Por el principio de especialidad, en las vertientes cualitativa, cuantitativa y temporal de este
principio.
c) Por el principio de temporalidad, en las vertientes cualitativa, cuantitativa y especial de este
principio
d) Por el principio de especificidad, en las vertientes cualitativa y cuantitativa de este principi
72. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponde a la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, como centro director del control interno:
a) Establecer, mediante instrucciones, las pautas o los criterios de actuación por los que deben
regirse los órganos y unidades administrativas jerárquicamente dependientes, y, en su caso, las
unidades de gestión económica y demás unidades que las tengan que cumplir por razón de las
tareas que desarrollan.
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de control interno
c) Definir los procedimientos de carácter económico-financiero en lo que afecte al ejercicio de
sus competencias en materia de control interno y determinar los requerimientos funcionales y
los procedimientos informáticos de los sistemas de información en materia de control interno.
d) Todas las respuestas son correctas
73. Señale la respuesta incorrecta. Están excluidas del ámbito material del Decreto Legislativo
2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
subvenciones:
a) Las ayudas que consistan en la cesión de bienes o derechos o en la prestación de servicios,
cuya adquisición o contratación se haya realizado con la finalidad exclusiva de entregarlos o
prestarlos a terceras personas
b) Las ayudas inherentes a la financiación de determinados proyectos de actuación en el marcode los planes anuales del turismo sostenible a que se refiere la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del
impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo
sostenibl
c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d) Todas las respuestas son incorrectas
74. De acuerdo con el artículo 19 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, ¿en qué caso debe constituirse la
comisión evaluadora?
a) Las comisiones evaluadoras deben constituirse, preceptivamente, con independencia del
procedimiento de selección de los beneficiarios
b) No existe ninguna respuesta correcta.
c) Las comisiones evaluadoras deben constituirse, preceptivamente, en los procedimientos de
concurso, siempre que el importe global de los fondos públicos previstos en la convocatoria sea
superior a 50.000,00 euros, o el importe individual máximo de las subvenciones sea superior a
7.000,00 euros.
d) Las comisiones evaluadoras deben constituirse, preceptivamente, en los procedimientos de
concurso, siempre que el importe global de los fondos públicos previstos en la convocatoria sea
superior a 50.000,00 euros, y el importe individual máximo de las subvenciones sea superior a
7.000,00 euros.
75. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, cuando la información solicitada contenga datos
personales pero estos datos no se encuentren especialmente protegidos, el órgano al que se
dirija la solicitud:
a) Concederá el acceso de inmediato sin posibilidad de recurso administrativo por parte de los
afectados.
b) Concederá el acceso si éste se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal
de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
c) Concederá el acceso de inmediato con posibilidad de recurso administrativo por parte de los
afectados.
d) No concederá el acceso.
76. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, a los efectos de la aplicación a sus responsables del
régimen disciplinario, el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las resoluciones
dictadas en materia de acceso a la información pública:
a) Tendrá en todo caso la consideración de infracción muy grave.
b) Tendrá en todo caso la consideración de infracción grave
c) Solo el incumplimiento reiterado se establece como infracción, que tendrá la consideración
de grave.
d) Tendrá la consideración de infracción grave pero si el incumplimiento es reiterado tendrá la
consideración de infracción muy grave.
77. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen
gobierno de las Illes Balears, ¿Que supone incluir el principio de transparencia en el ejercicio
de la gestión pública?
a) Supone incluir la transparencia exclusivamente en el resultado de las políticas públicas.
b) Supone incluir la transparencia tanto en la adopción de decisiones como en el desarrollo de
la actividad pública.
c) Supone incluir la transparencia en el desarrollo de la actividad pública pero no en la
adopción de decisiones
d) Supone incluir la transparencia en el resultado de las políticas pero no en la adopción de
decisiones ni en el desarrollo de la actividad pública.
78. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, indique la respuesta falsa
a) La publicidad activa y el derecho de acceso fomentan la transparencia y la participación en la
actividad pública.
b) En la publicidad activa la Administración pone los datos a disposición de la ciudadanía, en
portales y páginas web, siempre que los ciudadanos los demanden, proactivamente.
c) En el derecho de acceso a la información pública la Administración responde a las demandas
de información por parte de los ciudadanos.
d) El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado de forma justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad.
79. ¿Qué Dirección General coordina y supervisa que los diferentes responsables de cada
ámbito de información la publiquen y la revisen periódicamente la información en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
a) La Dirección General de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad
b) La Dirección General de Relaciones Exteriores.
c) La Dirección General de Servicios Sociales.
d) La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado.
80. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, indique la respuesta correcta:
a) La publicidad activa responde a las demandas de información por parte de los ciudadanos.
b) La Transparencia pública puede ser por publicidad activa y publicidad pasiva.
c) La Transparencia pública puede ser por publicidad activa y por derecho de acceso a la
información pública.
d) La publicidad pasiva no responde a demandas de información, ya que la ciudadanía toma un
papel pasivo.
81. De acuerdo con el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
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electrónicos, la representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho
que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros:
a) Mediante el apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de
asistencia en materia de registros o comparecencia personal en la correspondiente sede
electrónica o sede electrónica asociada
b) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de
la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos.
c) Mediante un certificado electrónico de representante.
d) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción
practicada en un registro mercantil.
82. En caso de que una persona jurídica tenga que recibir una notificación de un procedimiento
que debe iniciar de oficio la administración pública y ésta no tiene los datos de contacto
electrónicos para hacer el aviso de la puesta a disposición, como debe efectuarse la
notificación?
a) En papel
b) Por medios electrónicos, poniendo la notificación a su disposición en la sede electrónica.
c) Por medios electrónicos, poniendo la notificación a su disposición en la carpeta ciudadana.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
83. ¿Están obligadas las comunidades autónomas a dar el servicio de información telefónica
012?
a) Sí
b) No.
c) Solo en el caso de los ayuntamientos.
d) No, se trata de un servicio que debe ofrecer la Administración general del Estado.
84. ¿En qué tipo de canal debe ponerse a disposición de los interesados la información sujeta a
las obligaciones de transparencia según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno?
a) A través de los canales electrónicos, en particular en la página web.
b) En la carpeta ciudadana
c) A través de los canales electrónicos, en particular la sede electrónica o página web.
d) A través de los canales electrónicos, en particular la sede electrónica.
85. Indique la respuesta correcta. Los documentos en soporte no electrónico presentados a
través de las oficinas de asistencia en materia de registro
a) Se digitalizarán y se devolverán los documentos originales
b) Se digitalizarán y se incorporarán al expediente administrativo electrónico
c) Se digitalizarán y se custodiarán si en ese momento no es posible devolver el documento
original.
d) Todas las respuestas son correctas.
86. Cuáles de estos aspectos no regula la Orden de la consejera de Administraciones Públicas
de 1 de agosto de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el
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que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
a) El modelo de la hoja de quejas y sugerencias.
b) La forma y los medios de presentación de las quejas y sugerencias
c) La tramitación de las quejas y sugerencias mediante la aplicación de uso general QSSI.
d) La información sobre el derecho y los sistemas de quejas y sugerencias.
87. El sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica:
a) Es un contenido que la sede puede poner a disposición de las personas interesadas.
b) Es un contenido mínimo que toda sede electrónica o sede electrónica asociada debe poner a
disposición de las personas interesadas.
c) Es un servicio que la sede puede poner a disposición de las personas interesadas.
d) Es un servicio mínimo que toda sede electrónica o sede electrónica asociada debe poner a
disposición de las personas interesadas.
88. En materia de sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, ¿cómo deben ser los certificados electrónicos de empleado público?
a) Cualificados.
b) Ajustados a lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
c) Ajustados a la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
89. La red SARA es la red de comunicaciones establecida para conectar e intercomunicar a las
Administraciones Públicas Españolas. ¿Dónde están establecidas las condiciones para que una
Administración Pública pueda acceder a ella?
a) En el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
b) En el Esquema Nacional de Seguridad.
c) En una Norma Técnica de Interoperabilidad.
d) En una guía de aplicación de una norma técnic
90. En materia de los intercambios intermediados de datos entre Administraciones Públicas,
¿cuál es el agente que colabora en las tareas de auditoría cuando sea requerido para ello, y
facilita al Cedente la información o documentos necesarios para el control de las consultas?
a) El cedente
b) El emisor.
c) El cesionario.
d) El requirente.
91. ¿Quién no forma parte de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración en
materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito
territorial de las Illes Balears?
a) El coordinador del departamento de Nuevas Tecnologías del Consell de Formentera
b) El Director General de Modernización y Administración Digital de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears
c) El jefe de la Sección de Sistemas de Información y Seguridad del Consell de Eivissa.
d) Todos los anteriores cargos forman parte de la misma.
92. Si un ciudadano que tiene la condición de interesado en un procedimiento no quiere
aportar un determinado documento por el hecho de haberlo presentado antes ante otra
Administración:
a) Debe indicar día y hora en el que presentó el documento ante la otra Administración.
b) Debe indicar cuándo, dónde y por qué presentó el documento ante la otra Administración.
c) Debe indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó el documento
d) Debe indicar ante qué órgano administrativo presentó el documento.
93. Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, ¿cuál es el
máximo órgano de participación de carácter autonómico que tiene la finalidad de favorecer el
asociacionismo y la participación de las mujeres en los temas que les puedan afectar?
a) El Consejo de Participación de la Mujer Trabajadora
b) El Consejo de Participación de la Mujer
c) El Observatorio de Participación de las Mujeres.
d) La Comisión de Participación de la Mujer.
94. La Directiva 2004/113/CE del Consejo de Europa, de 13 de diciembre de 2004, por la que se
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a los bienes y
servicios y a su suministro:
a) Establece la distinción entre discriminación directa y discriminación indirecta
b) Establece la distinción entre discriminación múltiple y orden de discriminar.
c) Establece la distinción entre acoso y acoso sexual.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
95. Señale la respuesta correcta en relación con el Decreto de traspaso de competencias en
materia de políticas de género y mujer:
a) Es el Decreto 26/2004, de 21 de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las
funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que
actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
materia de políticas de género y mujer.
b) Es el Decreto 46/2018, de 21 de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las
funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que
actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
materia de políticas de género y mujer
c) Es el Decreto 46/2018, de 21de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las
funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que
actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
materia de políticas de corresponsabilidad.
d) No se han transferido todavía estas competencias a los consejos insulare
96. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, proclama el
principio de igualdad de mujeres y hombres. En su art. 2 los miembros se comprometen a:
a) Asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio.
b) Consolidar por ley u otros medios apropiados la realización teòrica de este principio.
c) Asegurar por ley u otros medios apropiados la valoración práctica de este principio.
d) Consolidar por los medios que se consideren apropiados la realización teórica de este
principio.
97. ¿Cuál de estas acciones no se prevé como un deber de las administraciones públicas, en el
ámbito de las competencias respectivas y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres
y hombres?:
a) Remover los obstáculos que implican la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con
el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres al acceso al empleo
público y en el desarrollo de la carrera profesional.
b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin detrimento de la promoción
profesional.
c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de
la carrera profesional.
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres de todas las edades en los órganos de
selección y valoración
98. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral mediante una atención
multidisciplinar, la cual implica especialmente:
a) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las
reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación
preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción
laboral
b) Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las
reclamaciones de los derechos laborales, apoyo inclusivo a la unidad familiar, formación
preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción
laboral.
c) Que pueda escoger entre información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social,
seguimiento de las reclamaciones de los derechos laborales, apoyo educativo a la unidad
familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos o apoyo a la formación y la
inserción laboral.
d) Información a las víctimas, atención educativa, apoyo social, seguimiento de las
reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo psicológico a la unidad familiar, formación
preventiva en los valores de igualdad dirigida a la defensa personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación y la inserción
social
99. ¿Cuál es la definición de condición de trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales?
a) Son todas las circunstancias derivadas del trabajo.
b) Es la situación más habitual en el entorno laboral.
c) Son las características inherentes al desarrollo de la labor diaria.
d) Es cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador o trabajadora
100. El principio de sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no
comporte ninguno es:
a) Un principio de la acción preventiva
b) Una acción del estudio inicial.
c) Un caso aplicable a productos químicos.
d) No es un principio de acción preventiva
101. En relación al derecho a la vigilancia de la salud:
a) Siempre debe prolongarse más allá de la finalización de la relación laboral.
b) Se prolongará más allá de la finalización de la relación laboral sólo cuando el trabajador lo
solicite expresamente.
c) En ningún caso debe prolongarse más allá de la finalización de la relación laboral.
d) Se debe prolongar en los supuestos en los que la naturaleza de los riesgos inherentes al
trabajo lo haga necesario.
102. Los delegados de prevención están facultados para:
a) Realizar visitas a los puestos de trabajo para desempeñar una tarea de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo.
b) Ser informados por las autoridades laborales sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores.
c) Paralizar la actividad laboral cuando se detecten riesgos muy graves para la salud de los
trabajadores
d) Tener acceso, sin limitación alguna, a la información y la documentación relativa a las
condiciones de trabajo y de los trabajadores.
103. ¿Cuáles son las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud?
a) Elaborar el plan de prevención y evaluar las consecuencias en la aplicación.
b) Evaluar los riesgos inherentes a los puestos de trabajo
c) Promover la aplicación de medidas correctoras.
d) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos de la empresa, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la prevención de los riesgos en la empresa.
104. En la manipulación manual de cargas, ¿que características del medio laboral pueden
aumentar el riesgo dorsolumbar?
a) El estado de salud del personal.
b) El espacio de trabajo es insuficiente, el terreno es irregular y la iluminación es escasa.
c) La carga a trasladar.
d) La carencia de información y formación al personal.
105. De acuerdo con el Título V de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del
tratamiento comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las
autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de
los delegados de protección de datos:
a) En el plazo de diez días, tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su
designación como en el caso en que sea voluntaria.
b) En el plazo de diez días en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación
pero no en el caso en que sea voluntaria.
c) En el plazo de quince días, tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su
designación como en el caso en que sea voluntaria.
d) En el plazo de quince días en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación
pero no en el caso en que sea voluntaria.
106. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué implica el derecho a la protección de los
menores en Internet?
a) La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una
intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales y determinará la intervención del
Ministerio Fiscal
b) El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales.
c) Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la
población, incluidos los menores
d) Los usuarios menores de edad tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que
transmitan y reciban a través de Internet
107. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, indica cuál de las siguientes es una infracción
grave:
a) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la
reidentificación de los afectados.
b) El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del
tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento
c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
d) El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 32 de
esta ley orgánica cuando la misma sea exigible.
108. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, para la adopción de las medidas técnicas y
organizativas apropiadas que deben aplicar los responsables y encargados del tratamiento
3
tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse cuando (señala la
incorrecta):
a) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con
el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos.
b) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados
c) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a
Estados de la Unión respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de
protección
d) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación.
109. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento
de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán
sujetas:
a) Al deber de custodia.
b) Al deber de confianza
c) Al deber de confidencialidad.
d) Al deber de sigilo.
110. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes
miembros (señala la incorrecta):
a) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias
b) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.
c) Dos expertos propuestos por el Consejo de Consumidores y Usuarios
d) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
