PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA

PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA

El Problema de la Tierra

El origen del problema se vincula a la otorgación arbitraria y discrecional de grandes extensiones de tierra sobre todo en el oriente del país en gobiernos dictatoriales (especialmente en el periodo 1971-1981), un manejo discrecional del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) antes de la ley INRA de 1996 y grandes irregularidades en los procesos de saneamiento. La creciente migración de colonos quechuas y aymarás a las tierras bajas, sin apoyo técnico adecuado y con asentamientos espontáneos, marcó una presión cada vez mayor sobre el territorio y demandas que no se cubrieron por la lentitud de los procesos de titulación y tenencia. Se produjo también superposición de espacios (tierras comunitarias de origen, concesiones forestales, áreas de explotación petrolera y tierras agrícolas).

La creación del Movimiento Sin Tierra (MST) generó acciones sistemáticas y arbitrarias de tomas de tierras que obligaron al gobierno y sus sucesores a largas y difíciles negociaciones o desalojos de hecho. El MST a su vez, respondió a móviles políticos e intereses personales de dirigentes no siempre referidas a las legítimas reivindicaciones de los más pobres, y aprovechó la debilidad del Estado para generar presiones irracionales y violentas sobre éste.

ENFITEUSIS.- Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago de una pensión anual al que hace la cesión.

LEY DE ENFITEUSIS

José Ballivián promulgó la LEY "ENFITEUSIS", que desconoció el derecho propietario de las comunidades indígenas y se abrió el paso a la apropiación y el despojo de las tierras comunitarias. promulgada el 14 de diciembre de 1842

Ante la persistencia de la crisis minera, el dominio de las tierras cultivables aparecía como la única vía de enriquecimiento para las clases dominantes. Aunque todavía no estaban preparadas para convertir en haciendas las inmensas extensiones de tierra ocupadas pro las comunidades, la Ley de Enfiteusis allano el terreno para la futura transformación de los comunarios en yanaconas (colonas de hacienda)

La citada disposición legal declaraba que las tierras “poseídas” por los comunarios eran propiedad del Estado, considerándose a los originarios simples enfiteutas, es decir, poseedores de la tierra en usufructo y tributarios por los productos agrícolas que obtenían de ella. A diferencia de los decretos bolivarianos, se desconocía tanto la propiedad colectiva de la tierra, y, al ser de dominio público, nadie podría condenar al gobierno si en algún momento decidiera enajenar las tierras pertenecientes al Estado. El destino final de tal enajenación seria la apropiación de los predios comunales por parte de una nueva clase de hacendados.

DECRETOS DE MELGAREJO

Al parecer, los aspirantes a convertirse en nuevos hacendados ya estaban preparados para competir con los terratenientes tradicionales, lo que daría lugar a una intensa polémica entre ambos sectores. En ese contexto, el asalto al poder perpetrado por Mariano Melgarejo (1864-1871) cayó como anillo al dedo para quienes deseaban convertirse en “señores de la tierra” y también para los funcionario civiles y militares, cuya única posibilidad e resarcirse de los sueldos no recibidos durante ocho o diez meses era a través de la otorgación de tierras “subastadas” por el Estado.

De esa manera, el decreto de 20 de marzo de 1866 y la ley de 28 de septiembre de 1868 fue el “arma legal” con la que Melgarejo llevo a cabo el primer ataque masivo y sistemático contra la propiedad comunal de la tierra. Obligando a los indios originarios a pagar un canon para consolidar la propiedad individual de la tierra y a renunciar a cualquier forma de propiedad colecita, el gobierno les otorgo un plazo de 60 días, luego de los cuales, en caso de incumplimiento, se efectuaría el remate público de los “ex-terrenos” comunales.

 

La embestida efectuada durante la presidencia de Melgarejo constituiría el antecedente más importante para lo que tendría durante los periodos conservadores (1880-1889) y liberal (1900-1920): la desestructuración de la organización comunal y su reemplazo por un sistema basado en las relaciones serviles entre hacendados y colono, o mejor dicho, entre “patrones” y “pongos”.

LEY DE EXVINCULACIÓN

Ley de 5 de octubre de 1874 - TOMÁS FRIAS

Sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual.

el gobierno de Bolivia pretendió abolir las comunidades indígenas como institución terrateniente, contribuyente y representativa con el argumento de fomentar el progreso del país. Sin embargo, lejos de cumplir su objetivo de generar una transición capitalista del país, la ley produjo una expansión del sistema semi-feudal de la hacienda. En vez de crear una clase de campesinos con propiedad individual privada, la mayoría de las tierras comunitarias fueron absorbidas por la hacienda, convirtiendo a los comunarios en peones.

LAS DEMANDAS ACTUALES

Recordemos sintéticamente algunas de estas experiencias del movimiento indígena en la política, que a lo largo de la vida republicana adquirieron el tono autonomista y en otros casos de participación política.

 El movimiento de los Apoderados Generales.- Estaba conformado por autoridades originarias como Jilacatas, Mama jilacatas, Jilanqus, Mallkus, Mama mallkus, Curacas, etc. de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Feliciano Espinosa y Diego Cari Cari fueron sus primeros representantes. Las principales funciones de estos Apoderados Generales fueron las de representar a las markas, aillus y comunidades indígenas frente al Estado, debido a la prohibición de la Ley de Exvinculación de reconocer jurídicamente a las autoridades tradicionales.

El movimiento de los Caciques Apoderados.- alrededor de 1912 continúa el movimiento indígena en su lucha, ahora liderados por la red de los Caciques Apoderados de los ayllus y comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, quienes emprendieron una prolongada lucha legal, hasta 1952, en demanda de la restitución de las tierras comunales, usurpadas por las haciendas. Aparecen como figuras visibles de este movimiento Santos Marka T'ula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano Condori y muchos otros.

Una de las estrategias de los Caciques Apoderados fue la búsqueda de los títulos coloniales para lograr la aplicación de la Ley del 23 de noviembre de 1883, por la que los ayllus y comunidades originarias que habían logrado consolidar sus tierras a título oneroso, mediante "composiciones de tierra" durante el período colonial, quedaban excluidas de la revisita de 1881.

La búsqueda de autonomía regional en Jesús de Machaca.- El año 1920, en el contexto de una rebelión indígena generalizada, tanto en zonas de hacienda (el caso de Taraqu), como en los ayllus y comunidades originarias, se gestó la constitución del gobierno comunal de Jesús de Machaca.

Las intenciones comunales de la retoma de la instancia político-administrativa del "pueblo" parecen claras y se presumía que sería por la vía violenta, donde el Cabildo de los 12 aillus, sería la instancia máxima del poder político. La tarea de insubordinación para la retoma del poder comunal había empezado, y los trabajos para la prestación vial ya no se cumplían desde el año 1919.

La sublevación de Jesús de Machaca, no fue sólo un estallido de furia irracional e incontenible, fue más bien el resultado de un largo proceso de acumulación ideológica, que se había cristalizado como parte del movimiento de los Caciques Apoderados y particularmente en la constitución del Gobierno comunal machaqueño, el que a través de una labor de difusión y permanentes reclamos legales, había agilizado una rápida reproducción de esta ideología anticolonial, cuyo rasgo más sobresaliente constituía la autonomía y gobierno de las markas aimaras.

La participación política de Manuel Chachawayna.-  Manuel Chachawayna, indígena oriundo de Achacachi, de la provincia Omasuyos, del departamento de La Paz. Según algunas notas periodísticas de la época, Chachawayna fue "un indígena inteligente que, a más de saber leer y escribir y reunir las condiciones prescritas por la ciudadanía...". Estos antecedentes permitieron habilitar como candidato aimara a Manuel Chachawayna.

El voto calificado vigente no permitía que toda la población indígena pudiera votar libremente en los comicios, pues la ley electoral sólo reconocía a los varones "letrados" el derecho a elegir. Sin embargo, el Partido Nacionalista, para que un importante número de aimaras y quechuas pudieran votar y apoyar al partido, encontraron el justificativo del derecho que también tenían todos los indios de votar y tener su propia representación camaral.

Esta ideología política fue profesada por Manuel Chachawayna de la siguiente manera:

"No sólo podemos ser electores, sino elegidos, bien por nosotros, empecemos por la diputación para después llegar a la Presidencia de la República, puesto que somos mayoría" (La Razón, 1927).

Él también utilizó ese pequeño espacio político para plantear una utopía andina: que los pueblos originarios de este país se gobiernen a sí mismos.

La propuesta de renovación de Bolivia de Eduardo Nina Quispe.-Eduardo Leandro Nina Quispe nació en el aillu Ch'iwu de Taraqu , provincia Ingavi - La Paz, en 1887. Nina Quispe vivió viajando entre Chuqiyapu Marka o ciudad de La Paz y su ayllu, convertido en hacienda de Benedicto Goitia.

Eduardo Nina Quispe fundó la Sociedad República del Collasuyo, en 1930. Esta institución se constituyó en centro generador de ideas, capaz de luchar contra el sistema imperante. Mientras las autoridades educativas se esforzaban por establecer escuelas normales rurales en los Andes, especialmente en Caquiaviri y Warisat'a. Por otra parte las iglesias católica y evangélica pensaban en darles "algún oficio" y adoctrinamiento religioso.

Los propios indígenas, como Nina Quispe o su paralelo Centro Educativo de Aborígenes Bartolomé de las Casas, pensaban en cómo la "educación del indio" podía coadyuvar a la enseñanza, defensa, y restitución de los territorios de los ayllus, amenazados y/o convertidos en haciendas.

Queda claro que estaba pensando que Bolivia tendría un mejor destino, si parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural.

 Los indígenas después de la Revolución de 1952.- El ascenso del MNR, como se sabe, ha traído consigo la Reforma Agraria de 1953, el derecho universal al voto para todo habitante del país con mayoría de edad, incluidos los analfabetos, y el acceso masivo a la educación.

Si bien la gestación del sindicalismo rural en algunas zonas de hacienda venía desde poco después de la guerra del Chaco (1932-1935) y contó inicialmente con el apoyo de otros partidos y fuerzas sociales, correspondió al MNR y al nuevo gobierno su masificación en el agro. Bajo su dirección, en pocos años, el "sindicato campesino" se impuso sobre cualquier otra forma de organización rural.

 La República aimara de Laureano Machaca.- A mediados de 1956, en Waychu o Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho, del departamento de La Paz, un movimiento aimara regional, a la cabeza de Laureano Machaca, fundó la República Aimara. Machaca, oriundo de Waychu, pretendió -en un primer momento- expandir la fuerza rebelde. Bastante más tarde, se hizo el Manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973, al pie de las grandiosas ruinas preincaicas de Tiwanaku, posteriormente difundido, clandestinamente, en castellano, quechua y aimara. El documento citado viene a ser la primera plataforma de "clase y nación" porque subraya que la opresión del indígena andino no sólo es económica y política sino que tiene fundamentalmente raíces culturales e ideológicas. 

Esta perspectiva permitió superar tanto la posición clasista (que prevalecía en los sindicatos y en los partidos de izquierda) como el radicalismo de algunas grupos indianistas. Se daba así una doble lectura de la problemática aimara y boliviana, en la que se combinaban los elementos identitarios y de clase social.

La reafirmación de la identidad: el movimiento katarista e indianista.- El movimiento katarista e indianista fue de los primeros en reintroducir de manera muy explícita la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas del país.

Los últimos años.- Después del retorno a la época democrática, en 1982, ocurrió un nuevo fenómeno: se fueron debilitando las movilizaciones indígenas andinas; aunque las ideas más importantes penetraron paulatinamente por todo el campo político.

El debilitamiento de las movilizaciones se debió a muchas razones, por ejemplo, la fuerte crisis económica, que dejó algunas conquistas sólo en el papel y, por tanto, esto ha ido quitando fuerza a las reivindicaciones. También la crisis organizativa de todo el movimiento indígena-campesino por la implantación del modelo neoliberal, o los propios conflictos internos de liderazgo dentro del movimiento indígena y campesino.

Finalmente, entre 1993 y 1997, la presencia de Víctor Hugo Cárdenas, como Vicepresidente de la República, abrió la esperanza de una mejor cristalización en el reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en la vida política del país. 

Conclusión.- Las consideraciones anotadas nos muestran que la idea de participación política, sea mediante ideas autonomistas y/o de participación política de los pueblos aimara y quechua, es de larga data y no es ninguna novedad que los movimientos indígenas contemporáneos la vuelvan a plantear.

Por tanto, el gran reto de la democracia boliviana es resolver en el país el reconocimiento real a los pueblos indígenas, sea mediante formas de autonomía o mediante una nueva forma de pacto social en la vida política del país. Un verdadero reconocimiento a los pueblos indígenas, significa partir de un diálogo intercultural, que podría reencauzar la crisis del país por una vía pacífica. Este es el reto de la democracia boliviana de hoy. Sólo una profunda "democratización" que tenga el sentido de refundación del país podría conducirnos a una real convivencia intercultural en el país.