Pre saber ciencias sociales

En los años 20, los maestros de todas las escuelas primarias y secundarias de Colombia estaban obligados a jurar su rechazo a las doctrinas del liberalismo, naturalismo, socialismo y racionalismo. Al hacer un análisis de la concepción general de la educación contenida en la Constitución de 1991, lo expuesto anteriormente estaría:

• prohibido, dada la orientación laica de la educación y el derecho a la libertad de conciencia

• condicionado por las normativas de un Estado confesional que garantice libertades y derechos

• excluido, ya que la preconcepción ética del ser humano niega la imposición de doctrinas religiosas.

• delimitado a través de la reglamentación de la educación religiosa, al existir una sociedad cristiana.

La Constitución de 1991 establece, dentro del marco jurídico superior, el reconocimiento de las comunidades raizales en Colombia, implementando un sistema normativo que respeta a las autoridades indígenas, así como la justicia que se imparte dentro de esas comunidades. Esta figura se conoce con el nombre de Jurisdicción Especial Indígena. Para evaluar la constitucionalidad de la sanción que fija una comunidad por los delitos de hurto, se hace necesario establecer si la

• gravedad de la sanción depende del valor del objeto hurtado.

• sanción es atentatoria de la vida o favorece la esclavitud o la tortura.

• pena está prevista en el Código Penal colombiano para el hurto.

• comunidad raizal considera el hurto como un acto ilegal.

En las elecciones presidenciales del año 2006, el presidente, al perder las elecciones, al perder la reelección, pidió que la registraduría nacional fuera vigilada directamente por la rama ejecutiva, y que en conjunto se llevara una nueva organización del sistema electoral. dicha petición según la constitución de 1991 es:

• Viable, puesto que el líder de estado puede decidir de que manera mejorar el sistema electoral para evitar la corrupción.

• Inviable puesto que incluir a la registraduría nacional en una de las ramas, atenta contra la organización del estado establecida en la constitución.

• Viable, puesto que se garantizaría la transparencia de las elecciones y se despolitizaría la corrupción y compra de votos.

• Inviable puesto que según la constitución el poder ejecutivo, no se puede incluir en el poder legislativo.

Un grupo de estudiantes de derecho quiere desarrollar como trabajo de grado una investigación sobre la vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales.

La pregunta de investigación socio-jurídica que respondería a esta inquietud investigativa es:

• ¿Cuáles son las prácticas de higiene implementadas por las trabajadoras sexuales para la protección de sus derechos?

• ¿En qué leyes internacionales o nacionales se reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales?

• ¿De qué manera el Estado colombiano garantiza los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales?

• ¿Qué incidencia tiene el uso de sustancias psicoactivas sobre los derechos de las trabajadoras sexuales?

En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo.

De acuerdo con la Constitución política de Colombia, ¿Cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura?

• La rama electoral

• La rama ejecutiva

• La rama legislativa

• La rama judicial

Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa “robarle la sangre a la madre tierra”, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación.

La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe

• garantizar el derecho a la igualdad.

• proteger el medio ambiente.

• garantizar el derecho a la libre asociación.

• proteger la diversidad étnica y cultural.

Una señora de 60 años se encuentra internada en el hospital universitario de Medellín, su estado de salud es crítico y necesita unas ordenes para que se le realicen quimioterapias. Al enterarse que dicho procedimiento se encuentra por fuera del POS y no se le puede otorgar, el hijo de la señora quiere acudir a un mecanismo de participación ciudadana, este puede ser:

• Una demanda

• Una tutela

• Un derecho de petición

• Una carta a la interventoría de salud pública

el ente encargado por mandato constitucional de ejercer la administración de la rama judicial, y de ejercer una función disciplinaria es:

• La fiscalía

• La interventoría

• La personería jurídica

• El consejo superior de la judicatura

Entre Colombia y panamá existen pleitos de territorialidad, Panamá exige que se le reconozca un poco más del territorio, puesto que desea ampliar la explotación de los minerales albergados en el sistema periférico. Panamá querría extenderse por:

• La serranía del Baudó

• La serranía de la Macarena

• La serranía del Darién

• El nudo de paramillo

Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta?

• Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos

• Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados

• Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad.

• Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados, y los de la Policía encargada de la seguridad en la ciudad.