Ciencias Sociales - Competencias ciudadanas

El artículo 58 de la Constitución política de Colombia dispone que el ordenamiento jurídico nacional preservará la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Esta protección, común a todo régimen constitucional que reconoce la primacía de los derechos individuales, no es absoluta, pues la limitación del ejercicio del derecho de propiedad atiende al reconocimiento de que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, toda vez que las decisiones humanas no repercuten exclusivamente en la órbita personal del individuo sino que afectan, de manera directa o indirecta, el espectro jurídico de los demás. De conformidad con el texto anterior, el interrogante que constituye un problema de investigación jurídica es:

• ¿El carácter social del derecho de propiedad autoriza al legislador para, en caso de ser necesario, obligar al propietario, no solo a abstenerse de realizar ciertas actuaciones, sino también a ejercer conductas positivas para su verificación?

• ¿Las servidumbres prediales o simplemente llamadas servidumbres son un ejemplo de limitación al derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico colombiano, pero en virtud de su condición como derechos reales, tampoco gozan de carácter absoluto?

• ¿Están los ciudadanos autorizados para restringir el derecho de propiedad cuando su ejercicio no sea conveniente para la satisfacción de los objetivos superiores del Estado social de Derecho?

• ¿El derecho de propiedad deja en cabeza del dueño la potestad de usar la cosa, sacarle provecho y disponer de ella como mejor convenga a sus intereses, pero también impone

  la carga de no malversar el patrimonio de sus futuros herederos?

El Estado Social de Derecho corresponde a una determinada concepción del Estado y de sus fines, lo cual implica responsabilidades que de suyo tienen que ver con la vigencia real de este enunciado axiológico. En tal evento, si los fines amplían la cobertura de la acción del Estado necesariamente se deben registrar altos índices de justicia social. De acuerdo con lo anterior, la investigación que permitiría establecer la eficacia del Estado Social de Derecho es:

• Un estudio de las implicaciones del Estado social de derecho frente a los grupos vulnerables sin importar su procedencia, causa u origen de su situación.

• Una investigación sociojurídica para establecer la cobertura de necesidades básicas insatisfechas como termómetro de la vigencia de los postulados del Estado social de derecho.

• Determinar la relación entre la situación social imperante y el desarrollo legislativo de las nomas superiores que establecen la vigencia del Estado Social de Derecho en relación con

  grupos vulnerables.

• Un estudio comparativo de los índices de marginalidad y pobreza, frente a los postulados del Estado social de derecho, tomando como referencia los países más desarrollados o con

  mejor estándar de calidad de vida.

La Constitución de 1991 establece, dentro del marco jurídico superior, el reconocimiento de las comunidades raizales en Colombia, implementando un sistema normativo que respeta a las autoridades indígenas, así como la justicia que se imparte dentro de esas comunidades. Esta figura se conoce con el nombre de Jurisdicción Especial Indígena. Para evaluar la constitucionalidad de la sanción que fija una comunidad por los delitos de hurto, se hace necesario establecer si la

• gravedad de la sanción depende del valor del objeto hurtado.

• sanción es atentatoria de la vida o favorece la esclavitud o la tortura.

• pena está prevista en el Código Penal colombiano para el hurto.

• comunidad raizal considera el hurto como un acto ilegal.

El 18 de octubre de 2005, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata. Con esa decisión, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de mayo de 2006. El 26 de febrero de 2010 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1354 de 2009 que convocaba a un referendo constitucional para permitirle al presidente Uribe un tercer mandato consecutivo. Teniendo en cuenta lo expuesto, un tema que corresponde a una investigación en Derecho es:

• La continuidad de una misma persona en el poder es resultado de la voluntad de los partidos políticos.

• La prolongación del mandato de un gobernante pone en riesgo la evolución social de los habitantes.

• La continuidad de una misma persona en el poder afecta el derecho de representación y elección popular.

• La prolongación del mandato de un gobernante consolida las relaciones entre el poder popular y el gobierno.

El enfoque de género y de derechos de las mujeres en materia de restitución de tierras a población desplazada se basa en el reconocimiento de que en la sociedad colombiana existen patrones estructurales de discriminación, exclusión y marginalización de las mujeres que han significado el desconocimiento y vulneración de sus derechos, entre ellos, el derecho a la propiedad. Por lo anterior se incluyen, al proceso de restitución, presunciones de hecho a favor de la titularidad de la propiedad de las mujeres víctimas, en los casos de uniones maritales de hecho. La solución planteada a la problemática expuesta es jurídica en tanto

• propone un escenario jurídico que equilibre las vulneraciones al derecho a la propiedad que ha imperado respecto de las mujeres, en el marco de las uniones maritales de hecho.

• establece un procedimiento especial en el marco de la justicia transicional en Colombia, de cara al goce efectivo de los derechos de las víctimas.

• reconoce patrones histórico-culturales de discriminación en el marco de la defensa de la diversidad étnica.

• limita el marco constitucional desde el enfoque de género prevaleciendo el derecho a la igualdad.

Una investigación desarrollada por un centro de investigación jurídica determina que la mayoría de las relaciones laborales existentes en el país se caracterizan por ser de tipo flexible e informal, y que las normas de derecho laboral existentes no son extensibles a esta clase de trabajadores por haber sido formuladas para regular situaciones de empleo formal. Esta situación dificulta que los trabajadores informales puedan hacer reclamaciones para mejorar sus condiciones. De acuerdo con la investigación efectuada, una solución jurídica que se puede recomendar para mejorar las condiciones de los trabajadores informales en el país es

• agremiar a los comerciantes informales para facilitar su relación con otros actores económicos del país, con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones de empleo de carácter formal.

• consultar con organismos internacionales a fin de establecer la tasa de informalidad laboral existente en otros países y los mecanismos utilizados para la solución de esta problemática.

• proponer un proyecto de ley para permitir que las personas en situación de informalidad puedan acceder a la justicia mediante la creación de acciones especiales para la reclamación

  de los derechos de este grupo poblacional.

• reforzar la investigación sobre los diferentes tipos de trabajo informal que se presentan en la sociedad para establecer las diferencias con las fuentes de empleo formal.

En el año 2012, una universidad realizó una investigación dirigida a determinar las causas socio ambientales que mayor incidencia habían tenido en el consumo de sustancias alucinógenas por jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 17 años, localizados en las áreas rurales más apartadas del país. Los resultados arrojados demostraron que el 40 % de tales causas corresponden a carencia de oportunidades laborales y el 60 % a causas de violencia intrafamiliar. La solución jurídica que puede proponerse para superar la causa de mayor incidencia en los resultados descritos, es

• despenalizar el consumo de sustancias alucinógenas para jóvenes entre 15 y 17 años de edad, con el fin de reconocer su autonomía personal.

• establecer exenciones de impuestos a las empresas que contraten jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 17 años de edad.

• comunicarle al respectivo defensor de familia de cada localidad para que dé cumplimiento a las medidas de protección existentes.

• ampliar las medidas sancionatorias incluida la detención domiciliaria que permita recuperar la armonía familiar.

Mediante un trabajo de campo con víctimas de diferentes zonas del país, la Fiscalía General de la Nación, a través de una investigación con una organización no gubernamental (ONG), logró identificar que en el conflicto armado existe un concepto de daño colectivo, basado en las agresiones a la identidad grupal y social, que rompen el vínculo entre los miembros de una sociedad, debido a la desconfianza que se genera entre ellos. La respuesta jurídica que corresponde al problema planteado es:

• El derecho penal es el único que puede establecer qué daños se reconocerán o no por los victimarios.

• El concepto de daño colectivo descrito tiene aspectos sociológicos y antropológicos que es necesario comprender según el derecho.

• Las versiones de los familiares de las víctimas son la vía clara para hablar de la existencia de daño colectivo.

• El derecho civil y todas sus ramificaciones deben articularse para comprender en toda su dimensión el concepto de daño colectivo.

Uno de los resultados de un trabajo de investigación es que, con los nuevos sistemas de transporte masivo, el Estado colombiano afectó derechos fundamentales de los pequeños y medianos propietarios de vehículos del servicio de transporte tradicional. La conclusión que se puede derivar de los hallazgos de la investigación es:

• El Estado puede ejercer una serie de actividades para mejorar el sistema de transporte masivo.

• Existe responsabilidad extracontractual del Estado, por el daño especial causado al sector directamente afectado.

• La población en general puede exigir que se le reparen todos los daños en cuanto se afectaron derechos fundamentales.

• Hay acción de reparación directa por parte de la población, por la falla del servicio que vulnera derechos fundamentales.

Los cambios normativos realizados por la derogación del Código de Procedimiento Civil y por la implementación del nuevo Código General del Proceso han suscitado diversas controversias entre los doctrinantes en torno al derecho constitucional al debido proceso. Algunos han llegado a afirmar que “el cambio en sí mismo constituye un atentado en contra de la seguridad jurídica de las normas en torno al debido proceso”. Si se quiere plantear un problema específico de investigación, para poner a prueba esta afirmación, la mejor opción sería:

• ¿Cuáles son las implicaciones que se generan al derecho constitucional del debido proceso, por el cambio normativo al Código General del Proceso?

• ¿Es inconstitucional el cambio normativo del Código General del Proceso, por cuanto atenta contra el debido proceso imperante y su seguridad jurídica?

• ¿Cuál es la consecuencia generada al derecho constitucional del debido proceso en cuanto a la seguridad jurídica de sus normas, por el cambio normativo del procedimiento civil al

  Código General del Proceso?

• ¿De qué forma se vulnera el derecho constitucional al debido proceso, por la expedición de un nuevo Código General del Proceso?