Instituciones Autonómicas 2 (Repaso A1)

El Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta, en su informe anual:

• Número y tipo de quejas.

• Las quejas que hayan sido rechazadas y sus causas.

• Sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración.

• Todas las respuestas son correctas.

El informe anual del DPA contendrá un anexo:

• Cuyo destinatario será el Gobierno, en el que se hará constar el proyecto del presupuesto de la Institución para el ejercicio siguiente.

• Cuyo destinatario será el Parlamento, en el que se hará constar el proyecto del presupuesto de la Institución para el ejercicio siguiente.

• Cuyo destinatario será el Parlamento, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la Institución en el período que corresponda.

• Cuyo destinatario será la Cámara de Cuentas, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la Institución en el período que corresponda.

El artículo 31 de la Ley del Defensor del Pueblo dispone que cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe:

• Urgente

• De emergencia.

• Extraordinario

• Especial

 El artículo 29 de la Ley del Defensor del Pueblo señala que el Defensor del Pueblo Andaluz, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior a:

• 1 mes

• 15 días

• 20 días

• 2 meses

El artículo 28 de la Ley del Defensor del Pueblo establece que si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir la modificación de la misma:

• Al órgano legislativo competente.

• A la Administración.

• Ambas respuestas son correctas.

• Ninguna lo es.

El artículo 24 de la Ley del Defensor del Pueblo señala que cuando esta institución, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá en inmediato conocimiento de:

• La Sala Primera del TSJ de Andalucía.

• La Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía.

• El Consejo de Justicia de Andalucía.

• El Ministerio Fiscal.

El artículo 20 de la Ley del Defensor del Pueblo establece que cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración Autonómica, en relación con la función que desempeñen, el Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa. El afectado responderá por escrito, y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será:

• Inferior a diez días, pudiéndose prorrogar, a instancia de parte, por otro plazo igual.

• Superior a diez días, pudiéndose prorrogar, a instancia de parte, por otro plazo igual.

• Inferior a diez días, pudiéndose prorrogar, de oficio, por otro plazo igual.

• Inferior a diez días, pudiéndose prorrogar, a instancia de parte, por la mitad del concedido.

 El mandato del Defensor del Pueblo es de:

• 4 años

• 5 años

• 9 años

• 6 años

 Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía:

• La determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara.

• La determinación de la estructura de las retribuciones del personal al servicio de la Cámara.

• La elaboración del proyecto se su propio reglamento.

• Todas las respuestas son correctas.

El artículo 4 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que es una función de esta institución fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por:

• La legalidad y eficacia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico.

• La legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico.

• La legalidad y objetividad de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico.

• La legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico.