Según el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, NO ponen fin a la vía administrativa las resoluciones, actos o acuerdos de los siguientes órganos y autoridades:

D) Los de los órganos con nivel de Dirección General o superior cuando se dicten en materia de contratación

A) Los de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

B) Los del Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas.

C) Los de las personas titulares de las Consejerías, salvo que una ley prevea específicamente un recurso ante el Consejo de Gobierno.

Los órganos de contratación en la Junta de Andalucía, según el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, son:

B) Los titulares de las Consejerías y el Consejo de Gobierno.

A) Únicamente el Consejo de Gobierno.

C) Los titulares de las Consejerías y Viceconsejerías.

D) Los titulares de la Consejerías, Viceconsejerías y de los respectivos centros directivos.

Según lo regulado en el artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, es un principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a:

A) Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el procedimiento establecido.

B) Participar en los asuntos generales.

C) Obtener información sesgada.

D) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Las organizaciones personificadas de gestión previstas en el artículo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, pueden adoptar la forma de:

D) Agencias de régimen especial.

A propósito del artículo 13 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuándo las unidades administrativas tienen la consideración de órganos administrativos?:

D) Cuando se le atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

A) Cuando se le atribuyan funciones cuyos efectos provoquen reestructuración en el organigrama de la Consejería al que estén adscritas

C) Cuando se le atribuyan funciones básicas de preparación y gestión de procedimientos.

Según la clasificación establecida en el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería es:

A) Un órgano superior de la Administración de la Junta de Andalucía.

B) Un órgano dependiente del Consejo de Gobierno.

C) Un órgano directivo de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, refiere entre las atribuciones que le corresponde a los titulares de las Consejerías, las siguientes:

C) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.

A) La coordinación de la actividad económico-financiera de la Consejería.

B) Impulsar, coordinar y supervisar el buen funcionamiento de los órganos y unidades administrativas de la Dirección General, así como del personal integrado en ellas.

D) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería.

Según establece el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía se clasifican en:

B) Agencias y Entidades instrumentales privadas.

A) Sociedades mercantiles y Agencias.

C) Agencias y Sociedades mercantiles del sector público andaluz.

D) Sociedades mercantiles del sector público andaluz y Fundaciones del sector público andaluz.

Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las autorizaciones para crear, alterar y suprimir entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a:

D) La Consejería competente en materia de Hacienda.

B) La Consejería de la que dependa la entidad instrumental.

C) La Presidencia de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos tendrá efecto desde:

B) El día siguiente al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno.

A) El mismo día de su aprobación por acuerdo del Consejo de Gobierno.

C) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

D) La fecha de la propuesta de la persona titular de la Consejería.

Conforme al artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, NO son funciones de las comisiones interdepartamentales:

A) Preparar asuntos que afecten a más de una Consejería.

C) Adoptar acuerdos en materias o asuntos que les puedan ser delegados por las Consejerías que las integren.

D) Supervisar y controlar el cumplimento de objetivos o de actuaciones desarrolladas por otros órganos.

Según el artículo 31 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el concepto de presupuesto es el siguiente:

A) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5.3 de la presente Ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5.5.

B) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.

C) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5.3 de la presente Ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5.5.

D) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como mínimo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por el resto de las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por las fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5.3 de la presente Ley, y por la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5.5.

Según lo establecido en el artículo 35 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del Presupuesto anual será aprobado cada año por:

B) El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.

A) La Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Parlamento de Andalucía.

C) La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

D) El Presidente de la Junta de Andalucía.

Conforme al artículo 43 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un proyecto de Ley al Parlamento de concesión de:

C) Una ampliación de crédito.

D) Una transferencia de crédito.

Conforme al artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se indican:

B) Cargas financieras del endeudamiento.

A) Concesión de créditos para la financiación de viviendas de promoción pública o privada.

C) Arrendamientos de bienes muebles.

D) Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, incluyendo las subvenciones nominativas.

En el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía se reconoce uno de los siguientes derechos:

A) A obtener una resolución motivada.

B) A oponerse al cumplimiento de algún trámite no preceptivo.

C) Al tratamiento de la información publicada.

D) A la actuación automatizada de los procedimientos.

El derecho de acceso a la información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:

A) Podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica.

B) Sólo podrá ser limitado por razones de orden público.

Según el artículo 6.1 del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía, ¿qué organismo llevará el control de las denuncias?

B) La Inspección General de Servicios.

C) La Asamblea Ciudadana de Andalucía.

D) La Comisión Delegada para la Calidad Democrática y la Participación Ciudadana.

Dispone el artículo noveno del Decreto 262/1988, de 2 de agosto por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, que la denuncia que se formule en el citado libro:

C) No impedirá la presentación de las reclamaciones previstas en las normas reguladoras del procedimiento administrativo

A) Impedirá la interposición de los recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo

B) No impedirá la interposición de los recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo, si bien paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente para resolverlos, en el tiempo que medie hasta que la denuncia sea resuelta

D) No impedirá la interposición de los recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo, si bien el sentido desestimatorio de la resolución de la denuncia vinculará a la resolución del recurso interpuesto

¿Cómo se aprueban las Cartas de Servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, según el artículo 7 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos?

D) Mediante resolución del titular o máximo responsable del órgano, organismo o unidad, a cuyos servicios se refieren aquéllas.

A) Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios.

B) Mediante resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública.

C) Mediante orden del titular de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 9 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, ¿cuándo deben ser actualizadas las cartas de servicios?

A) Siempre que haya modificaciones en los servicios prestados o por otras modificaciones sustanciales en los datos que contengan.

C) Cuando lo considere adecuado el titular o máximo responsable del órgano, organismo o unidad, a cuyos servicios se refieren aquéllas.

¿Cuándo puede producirse la suspensión de una Carta de Servicio, según el artículo 11 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos?

B) Por razones excepcionales sobrevenidas que afecten de manera extraordinaria al funcionamiento del servicio.

A) Por necesidades imprevistas del servicio siempre que no supere los seis meses.

C) Por un período de tiempo determinado, sin que en ningún caso pueda superar los seis meses.

D) Por un período de tiempo determinado, sin que en ningún caso pueda superar los doce meses.

Según el artículo 15 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, la evaluación de los niveles de calidad con que se dispensan los servicios incluirá datos sobre:

A) La satisfacción de los usuarios.

B) La receptividad de los usuarios.

C) La calidad técnica de los servicios.

Refiere el artículo 15.1 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, que para realizar un diagnóstico del nivel de calidad con que se vienen prestando los servicios sobre la base del Modelo EFQM Sector Público, los órganos, organismos y unidades implantarán sistemas de medición de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Selección de indicadores de calidad.

B) Inclusión de nuevos objetivos y compromisos.

C) Resultados de consultas y encuestas realizadas.

D) Grado de satisfacción de los usuarios.

El Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 177/2005, de 19 de julio, que modifica el Decreto 317/2003 de 18 de noviembre, será de aplicación, en la medida que presten servicios públicos, y sin que medie convenio de colaboración, a las siguientes entidades:

B) Las Universidades Públicas de Andalucía.

C) Las Entidades Locales de Andalucía.

D) El Defensor del Pueblo Andaluz.

Conforme al artículo 10.2 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, el informe de seguimiento de las Cartas de Servicios:

C) Se incluirá en la Memoria anual de cada Consejería.

A) Se divulgará en todos los medios de comunicación de titularidad pública.

B) Será traducido a todas las lenguas cooficiales del Estado español.

D) Se actualizará, al menos, quincenalmente.

Conforme al artículo 2 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, ¿cuál es la función del archivo intermedio?

D) La gestión de los documentos transferidos desde los archivos centrales hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico para su conservación definitiva.

A) La gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los que están adscritos.

B) Las funciones y procesos reglados para garantizar el acceso y el uso de los documentos.

C) La custodia y conservación de los documentos calificados como de conservación permanente.

Conforme al artículo 11 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, ¿qué requisitos han de cumplir los documentos de titularidad pública?

B) Disponibilidad y contextualización.

Atendiendo al Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, en el apartado 1 titulado Elementos Corporativos, en relación al escalado del texto de la marca genérica, se atenderá a la siguiente regla:

A) No se admite el uso de cuerpos de letra inferiores a 6 puntos en las composiciones de marca.

B) De ser necesario el uso de tamaños inferiores de letra, deberá prescindirse del texto Junta de Andalucía, indicando únicamente el logo con el descriptor de la consejería.

C) No es necesario respetar la relación de porcentajes de escalado en reproducciones de menor tamaño.

D) Las denominaciones de las consejerías y entes instrumentales permitirán la partición de palabra, no así la denominación de Junta de Andalucía.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento:

C) Cuando sea mayor de catorce años.

A) Cuando sea mayor de dieciséis años.

B) Cuando sea mayor de quince años.

D) Cuando sea mayor de dieciocho años.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso del afectado se entenderá otorgado:

C) Si el responsable del tratamiento facilita al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad.

A) Si el encargado del tratamiento de datos facilita al afectado, por un tiempo determinado, un sistema de acceso remoto y seguro que le permita el acceso total o parcial de los datos solicitados.

B) Si el delegado de protección de datos facilita al afectado un sistema de acceso seguro a los datos personales que le permita el acceso total o parcial de los datos solicitados.

D) Si el delegado de protección de datos facilita al afectado un sistema de acceso remoto a los datos personales que garantice, de modo temporal, el acceso a su totalidad.

Conforme el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que se mantendrá:

A) Aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

B) Durante los cuatro años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda.

C) Durante los cinco años siguientes a la intervención en el tratamiento de datos que corresponda.

D) Sólo si coexiste con el deber de secreto profesional de conformidad.

El artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que las sanciones impuestas prescriben en los siguientes plazos:

A) A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros.

B) A los dos años, las sanciones por importe comprendido entre 30.001 y 40.000 euros.

C) Al año, las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros.

D) A los tres años, las sanciones por importe comprendido entre 100.001 y 300.000 euros.

El artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, NO será miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos:

D) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

A) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.

B) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

C) Un experto propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

A tenor de lo establecido en el artículo 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el sistema de la seguridad social se fundamenta en los principios de:

D) Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

A) Jerarquía, solidaridad e igualdad.

B) Universalidad, concentración, solidaridad e igualdad.

C) Universalidad, jerarquía, solidaridad e igualdad.

Conforme al artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la afiliación a la seguridad social podrá practicarse:

C) A instancia del propio interesado.

A) De oficio por la Administración de la Junta de Andalucía.

B) A instancia del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

D) De oficio por las entidades obligadas a ello.

EXAMEN 50P_2º PARTE

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Conforme al artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿a quién corresponde en el ámbito de la Consejería la coordinación de la actividad económico-financiera?

A) A la persona titular de la Consejería.

B) A la persona titular de la Viceconsejería.

C) A la persona titular de la Secretaría General Técnica.

D) A la persona que ejerce la intervención delegada de la Consejería.

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1 min • 1 pt

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las comisiones interdepartamentales son:

A) Órganos de participación.

B) Órganos colegiados.

C) Órganos de investigación.

D) Órganos territoriales.

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1 min • 1 pt

Conforme al artículo 37 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía:

A) Carecen de potestad sancionadora.

B) Ejercerán potestad sancionadora en los supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía.

C) Sólo podrán ejercer la potestad sancionadora cuando no la tenga atribuida otro órgano.

D) Ejercerán la potestad sancionadora cuando la tengan atribuida específicamente.

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1 min • 1 pt

Conforme al artículo 49 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía

A) Es el máximo órgano de control externo y gestor de la contabilidad pública.

B) Está adscrito orgánicamente al titular de la respectiva Consejería.

C) Ejerce las funciones de centro directivo del control financiero.

D) Entre sus funciones se encuentra la aprobación del presupuesto general de la Junta de Andalucía

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Según lo regulado en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ésta sirve con objetividad al interés general y se organiza y actúa de acuerdo con los principios de:

A) Eficacia, jerarquía, descentralización territorial.

B) Racionalización, simplificación y agilidad de los objetivos.

C) Coordinación, lealtad institucional, buena fe, transparencia.

D) Eficiencia en su actuación y control de los resultados, programación de los procedimientos.

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1 min • 1 pt

Según lo regulado en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuál NO es un órgano directivo?

A) Dirección General.

B) Secretaría General.

C) Consejería.

D) Viceconsejería.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Según lo regulado en el artículo 7.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ¿quién facilitará a la ciudadanía que así lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo de firma electrónica?

A) El Estado.

B) La Administración de la Junta de Andalucía.

C) El Consejo de Gobierno.

D) Ninguna de las anteriores es correcta.

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