PROBLEMAS ÉTICOS EN COLOMBIA

Eliminar la corrupción en la política es uno de los principales retos de muchas democracias actuales. En Colombia,

se han adoptado medidas para combatirla, como aplicar fuertes sanciones a los partidos políticos si conceden su aval a candidatos a los que se les comprueben actos de corrupción. Los avales son las autorizaciones que necesita una persona para inscribirse como candidato a unas elecciones. Con esta medida, se espera que los partidos

políticos otorguen sus avales de manera estricta y responsable, lo que contribuirá a que más personas honestas e idóneas se involucren en la política y representen los intereses ciudadanos.

A partir de la anterior información, ¿puede afirmarse que los partidos políticos son importantes para fortalecer

la democracia en Colombia?

• . Sí, porque controlan qué personas pueden dedicarse a la política y contribuyen a que se disminuya la corrupción.

• No, porque la corrupción sigue siendo un problema en todos los países del mundo que cuentan con partidos políticos.

• Sí, porque designan a los políticos que aprueban leyes y administran los recursos públicos.

• No, porque no tienen las herramientas para atacar los problemas de corrupción en la política.

   

En tres ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone entonces que, en lugar de que el voto sea secreto (que nadie más pueda saber por quién vota cada persona), se registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos. ¿Viola la propuesta del registrador nacional los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución Política de Colombia?

• No, porque, aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos que no obtuvieron la mayoría

  de votos.

• Sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá o no con certeza un fraude electoral.

• No, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las elecciones no se presente ningún fraude.

• Sí, porque se puede evitar el fraude, pero se hace que los votantes puedan sentirse presionados de que se sepa por quién votaron.

El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron, por $244 millones, 129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. Gracias a unos $4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprada puede superar hoy los $12.000 millones.

La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después

de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad.

 

De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes

• no quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio.

   

• no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT.

• creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio.

• tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder.

El clientelismo consiste en un arreglo de intercambios entre gobernantes y otras personas o entidades, de manera que ambos puedan beneficiarse recíprocamente: los primeros para recibir apoyo político y los

segundos, al recibir bienes y servicios o un tratamiento privilegiado o excepcional en ciertos asuntos. ¿Cuál de las siguientes situaciones se puede explicar a partir del concepto del clientelismo?

• Un gobernador departamental nombra a su hermano como servidor público en una dependencia de la Gobernación.

• Una ministra utiliza su poder para influenciar el fallo de un juez de la República sobre un proceso de corrupción en el que un copartidario suyo está involucrado.

• Un alcalde municipal le da un contrato a la empresa de un presidente de una junta de acción comunal que le ayudó en su campaña electoral a conseguir votos.

• Una presidenta utiliza recursos públicos para que sus familiares viajen de vacaciones con todos los gastos pagos.

   

. Un país afectado por el fenómeno de la corrupción adelanta una serie de debates ciudadanos para solucionar este problema. Ante este panorama, se han planteado varias soluciones:

- Desde una dimensión correctiva, se propone endurecer las penas contra los corruptos y que se les prohíba de por vida trabajar para el Estado, sin derecho a rebaja de penas.

- Desde una dimensión pedagógica, se propone que en los colegios se dé de manera obligatoria una materia enfocada en la prevención de acciones, actitudes y conductas asociadas a la corrupción.

- Desde una dimensión restaurativa, se propone que cuando una persona haya sido condenada por actos de corrupción, si se arrepiente públicamente y le pide perdón a la ciudadanía, podrá ser eximida de las sanciones que se le hayan impuesto.

 

¿Las tres propuestas de solución son compatibles entre sí?

 

• Sí, porque ejecutar acciones para sancionar a los corruptos con penas más duras ayuda a que las acciones pedagógicas prevengan a la ciudadanía para que no cometan actos de corrupción.

• No, porque ejecutar acciones para educar a las personas con el fin de prevenir que se cometan actos de corrupción invalida las accionas punitivas para sancionar a los corruptos con penas más duras

• Sí, porque una acción restaurativa mediante la cual se le pide perdón a la ciudadanía por haber sido corrupto refuerza las acciones pedagógicas que pretenden concientizar a las personas sobre la corrupción.

• No, porque las acciones restaurativas en las que se perdona a los corruptos cuando piden excusas públicamente hacen inviables las acciones punitivas mediante las cuales se endurecen las penas.

   

"Prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. Esta es una de las funciones de la

• Defensoría del pueblo

• Contraloría General de la Republica

• Procuraduría General de la Nación

• Veedurías Ciudadanas

La finalidad del ente es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.

• Contraloría General de la Republica

• Procuraduría General de la Nación

• Defensoría del pueblo

• La Comisaría de Familia

¿Quién vigila el buen uso de los dineros y bienes públicos?

• El Ministerio de Educación
• La Cruz Roja
• La Liga de Fútbol
• La Contraloría General de la República