examen de idoneidad

Un joven a quien se le endilgó el delito de lesiones personales en la audiencia de imputación, le solicitó a su abogado interponer una acción de tutela en contra de un periódico local pues el mismo, al informar sobre esta noticia, lo cataloga como el responsable de tales lesiones. Teniendo en cuenta lo anterior el abogado debe sustentar dicha acción argumentando que la forma en que fue presentada la noticia conlleva a

• interferir en la imparcialidad del juez dada la existencia de una presión mediática

• vulnerar el principio de presunción de inocencia en tanto el sindicado apenas atraviesa la etapa inicial de su proceso

• transgredir el principio in dubio pro reo pues la duda sobre su culpabilidad no se está considerando a su favor

• afectar el buen nombre y la intimidad de un procesado que aún no ha sido sentenciado

Un fiscal, quien posee muchos años ejerciendo en el cargo, acaba de recibir una solicitud de conversión de la acción penal de pública a privada. El fiscal, al extrañarse por tal solicitud, se enseña al auxiliar quien le manifiesta que tal solicitud se puede realizar a partir de una reciente reforma al código de procedimiento penal. El problema es que el aludido fiscal ya había contestado la solicitud manifestando que la misma no procedía dentro de los límites que posee el ordenamiento jurídico existente, ante esto, el auxiliar lo instruye señalándole que la conversión del proceso penal del público a privado es procedente cuando, excepto

• el ejecutor del delito materializa un peculado por apropiación

• el sujeto activo incurrió en un delito querellable

• el autor es indicado de cometer actos de discriminación

• al imputado se le procesa por inasistencia alimentaria

El alcalde de un municipio ha estado brindado dádivas económicas a unos extractores de oro con la finalidad de que declaren que el mismo se extrae de minas que están en su territorio y no de una que se encuentra en el municipio contiguo. Una veeduría ciudadana, que de hecho hace activismo en contra de la minería en la región, fue la que descubrió los hechos y los hizo de conocimiento público. Tras el hallazgo, la veeduría sabe que puede

• denunciar ante la fiscalía al alcalde puesto que está incurriendo en un delito en contra de la estabilidad económica y social del Estado

• solicitar una investigación penal porque el alcalde incurrió en un delito contra la seguridad pública

• interponer una denuncia penal dado que el alcalde cometió un delito en contra de la existencia y la seguridad del Estado

• iniciar una acción penal pues el alcalde incurre en un delito en contra de la administración pública

Un fiscal, encargado de impulsar el proceso penal en contra de una persona que cometió un secuestro, le solicitó a uno de sus asistentes que redactara el escrito de acusación que presentaría ante el juez para solicitar la condena de la persona en cuestión. El funcionario cuidadosamente procedió a la redacción del escrito, donde incluyó la individualización puntual del imputado, su dirección, la relación de los hechos relevantes para el caso de los delitos que se le imputan y de los bienes afectados con los hechos que se persiguen penalmente, así como el nombre y lugar de notificación del abogado defensor del fiscal. El fiscal, al revisar el escrito le hace saber a su auxiliar que está incompleto y que para corregirlo debe

• señalar fecha de comisión del delito

• relacionar la información de la víctima y resaltar su calidad de afectada con los hechos del imputado

• señalar los presupuestos fácticos del caso

• incorporar el descubrimiento del material probatorio que se hará valer en el juicio

Un juez civil de un pequeño municipio del país, acostumbraba solicitarle un pago no determinado por la ley a quienes deseen contraer matrimonio en civil en su despacho con la finalidad de favorecerles un espacio oficial para oficiar tales ceremonias. Una pareja, que inició a tramitar su matrimonio civil, al recibir tal instrucción por parte del juez, aducen que no realizarán el pago porque no es algo a lo que estén jurídicamente obligados, ante esa respuesta, el juez manifiesta que no llevará a cabo el mismo. Dada esta situación, la pareja procedió a pagar para poder casarse pero posteriormente decidió actuar penalmente, por lo que deben proceder a

• denunciar al juez por cohecho impropio al aceptar una dádiva para ejercer una función que le es propia

• solicitar una investigación en contra del juez por cohecho propio al requerir un remuneración adicional por ejercer sus funciones

• interponer una denuncia penal por la comisión de un delito en contra de la eficacia y recta impartición de justicia

• iniciar una acción ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de corrupción

En el mercado está siendo comercializado un nuevo producto adelgazante que está ganando mucha popularidad pues los testimonios de personas que lo han empleado parecen ser convincentes. Este producto, en su empaque, señala tener la autorización INVIMA para su circulación y consumo humano. Uno de los usuarios del producto, que desarrolló una alergia al consumirlo, investigó más a fondo sobre él y se enteró de que tal autorización es inexistente, aunque viene impresa en la caja del mismo. Tras ese hallazgo, el usuario contrata un abogado quien le sugiere

• solicitar la investigación de la empresa que comercializa el producto, por emisión ilegal de efectos oficiales

• denunciar a la empresa que elabora el producto por falsedad marcaria

• denunciar a la empresa que elabora el producto por falsificación o uso fraudulento de sello oficial

• solicitar que se investigue a quienes comercializan el producto por delitos en contra de la salud pública

A una tienda de cadena le fue iniciada una investigación fiscal puesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no ha recibido el pago correspondiente al impuesto al valor agregado por parte del establecimiento de comercio. Tras la investigación se pudo comprobar que el impuesto ha sido cobrado a sus usuarios, sin embargo, no están siendo remitido a la DIAN dentro de los términos legales establecidos para ello. En términos penales, respecto al representante legal de dicha tienda se debe

• omitir accionar la jurisdicción penal en tanto lo procedente es una investigación fiscal

• interponer una denuncia por omisión de agente retenedor o recaudador

• denunciar ante las fiscalías por la comisión del delito omisión de consignación de agente recaudador

• prescindir de alguna acción dado que la empresa sí retiene el impuesto, solo que no lo ha consignado a las autoridades

En la frontera norte del país, unos nacionales del país vecino han estado explotando una mina de sal; tras una inspección sorpresa de la autoridad ambiental a todas las minas de la zona para verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para su funcionamiento, el servidor público encargado se percata que la mina en cuestión no tiene autorización alguna, por lo que debe tomar cartas en el asunto. Dados los hechos descritos, y respecto a los ciudadanos del país vecino, en materia penal el funcionario debe

• denunciarlos por la posible violación de fronteras para la explotación de recursos naturales

• solicitar que sean investigados por ilícito aprovechamiento de recursos naturales

• denunciarlos por una posible extracción ilegal de recursos, transfronteriza

• solicitar que se inicie una investigación en su contra por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales

Una persona que es sindicada de haber cometido un delito fue capturada hace 30 horas, puesto que el fiscal competente ya había expedido una orden de captura en su contra. Sin embargo, el abogado defensor del capturado señala que existió una vulneración a la libertad de su defendido en tanto la captura fue realizada irregularmente. Ante tal argumento, el funcionario competente debe

• declarar la ilegalidad de la captura en tanto la orden no fue expedida por la autoridad competente

• ordenar la liberación del capturado por vencimiento de términos

• realizar el saneamiento de los vicios procesales y expedir nuevamente la orden de captura

• declarar la legalidad de la captura pues fue mediada por una orden

El registrador de un municipio extendió registro civil de nacimiento a un niño, inscribiendo como padres de éste a una pareja que no posee vínculo biológico con el mismo. Los jurídicamente reconocidos como tal menor decidieron adoptar al niño luego de constatar las difíciles condiciones económicas en que su madre biológica trataba de criarlo como madre adolescente y soltera, tras el abandono por parte del padre del menor, quien decidió irse a trabajar a un país vecino. Un par de años después, el padre biológico del niño regresa al país y decide buscar a su expareja para ayudarle en adelante con la crianza del hijo que tienen en común. Al contactarla se percata de que su expareja ya no tiene el niño en su custodia y, enterándose de los hechos, decide denunciar a los “adoptantes” por delitos en contra de la filiación. Por otra parte, respecto a la actuación del registrador, el padre biológico puede

• denunciarlo por la comisión de falsedad ideológica en documento público

• pedir que se le investigue por falsedad material en documento público

• denunciarlo por incurrir en el delito denominado “falsedad documental para obtener prueba de un hecho”

• solicitar su investigación por falsedad documental cometida por funcionario público