Prueba CS

Tras la finalización del conflicto armado interno en un país, se estableció una comisión temporal encargada de estudiar las causas de dicho conflicto y de entregar un informe final sobre el tema. La comisión entrevistó a más de 13.000 personas involucradas en el conflicto (víctimas y victimarios), estudió cientos de informes y consolidó diversas bases de datos sobre violaciones a derechos humanos. En uno de sus capítulos, el informe dice: “El narcotráfico y su relación con el conflicto armado muestran que no se habla de grupos armados al servicio de un negocio ilegal, sino de un modelo de acumulación de capital, una economía que se sostiene a partir de la reproducción y el escalamiento del conflicto, de la ilegalización y del enquistamiento de prácticas mafiosas del poder”.

Algunos días después de haber sido publicado el informe, un político se refiere en un medio de comunicación al problema del narcotráfico y afirma: “Como quedó claro en el informe entregado por la comisión, los grupos armados se han beneficiado históricamente del narcotráfico, por eso, con la terminación del conflicto confiamos en que el narcotráfico se termine, pues ya no hay grupos armados que incentiven ese negocio ilegal”.

A partir de lo dicho por la comisión, ¿se puede concluir lo que dice el político?

• A. Sí, pues la comisión explica la existencia de los grupos armados a partir de la existencia del narcotráfico.

• B. No, dado que la comisión no afirma que exista una relación entre la existencia del narcotráfico y la existencia de los grupos armados.

• C. No, ya que la comisión explica la existencia de los grupos armados a partir de la existencia del narcotráfico.

• D. Sí, porque la comisión no afirma que exista una relación entre la existencia del narcotráfico y la existencia de los grupos armados.

¿Cuál de los enunciados es más confiable en función de los datos suministrados o de la fuente?

• A. El de la profesora universitaria, porque presenta las consecuencias del uso de métodos anticonceptivos en la salud de los jóvenes del país.
  

• B. El del sacerdote, porque "su deber es orientar a los jóvenes para que tengan un desarrollo integral basado en el autocuidado, el amor y la familia".

• C. El del DANE, porque proviene de una investigación cuantitativa realizada en varios lugares del país, en un periodo de tiempo determinado.

• D. El de la rectora del colegio, porque conoce de primera mano las realidades y las necesidades de los adolescentes y de los entornos escolares.

En un colegio, un docente manifestó que un grupo de estudiantes ha tenido un comportamiento inadecuado en las clases, debido a que, en repetidas ocasiones, juegan con un balón de fútbol en el salón y, en una ocasión, rompieron un vidrio y lesionaron de gravedad a una compañera de clase. Ante esto, la rectora afirmó que sancionaría a todos los niños y niñas que jueguen con un balón en el salón, expulsándolos del colegio, sin importar que hayan o no hecho algún daño.

¿Se vulnera algún derecho en esta situación?

• A. No, porque la rectora puede imponer las sanciones que considere necesarias, con el fin de garantizar el orden en el colegio.
  

• B. Sí, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque se impide que los estudiantes puedan practicar deportes.

• C. Sí, el derecho a la educación, porque la rectora les impone una sanción desproporcionada a los estudiantes.

• D. No, porque las instituciones educativas pueden expulsar a un estudiante por cualquier causa.

Ahora bien, algunos economistas justificaron la apertura diciendo que esta mejoraría la productividad de la industria nacional, pues se tendría que competir contra los precios más bajos de los productos internacionales.

¿De cuál de los siguientes supuestos depende esa tesis?

• A. La competencia entre las empresas nacionales y extranjeras incentiva la eficiencia empresarial.
  

• B. El consumidor prefiere los productos nacionales, independientemente variación en sus costos.

• C. Los empresarios fijan los precios de sus productos, de acuerdo con las leyes que se les imponen.

• D. Los empresarios nacionales evitan fijar el costo de sus productos, analizando el costo de los productos extranjeros.

47. Un grupo de ciudadanos denunció que un funcionario de la alcaldía de un municipio de Colombia ordenó a los empleados a su cargo trabajar en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Adicionalmente, se conoció que el funcionario señaló que ordenará rebajas de salarios a quienes no cumplan con estos horarios o destinen un espacio de su jornada de trabajo para tomar el almuerzo. Según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, ¿Cuál de las siguientes instituciones podría intervenir en esta situación para investigar la conducta del funcionario público?

• A. La Fiscalía General de la Nación.
  

• B. La Procuraduría General de la Nación.

• C. La Contraloría General de la República.

• D. La Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con lo anterior, ¿para cuál de los objetivos resulta útil el documento encontrado?

• A. Objetivo 1.

• B. Objetivo 2.

• C. Objetivo 3.

• D. Objetivo 4.

De acuerdo con lo anterior, ¿qué explicaría la resistencia de los indígenas pastusos al proceso de independencia?

• A. El interés de consolidar el territorio de Pasto como una nación independiente.
  

• B. La defensa de los derechos de propiedad comunal de la tierra adquiridos durante el régimen colonial.

• C. El delirio y la locura de su fanatismo religioso y la devoción al rey de España.

• D. La superioridad militar de Agualongo y Merchancano sobre el ejército independentista de Santander.

Sobre la opinión de las dos expertas, es correcto afirmar lo siguiente

• A. Son contradictorias, porque, mientras la primera experta considera que se debe prohibir la IA, la segunda resalta la importancia de los cambios que su uso genera.

• B. Son semejantes, porque ambas hablan sobre los retos que implica el uso de herramientas que estén mediadas por la IA en las instituciones educativas.

• C. Son contradictorias, porque, para la primera experta, el adecuado uso de esta herramienta depende de las políticas de regulación y para la segunda no.

• D. Son semejantes, porque las dos hablan acerca de la necesidad que tienen las instituciones educativas de hacer uso de estas herramientas para mejorar.

43. Un periodista ha estado divulgando notas de prensa con el fin de acusar de actos de corrupción a la alcaldesa de un municipio, sin haber verificado la credibilidad de las fuentes consultadas para elaborar los señalamientos.

Ante el reclamo que le hizo la alcaldesa, el periodista argumentó que podía seguir publicando estas acusaciones porque en el país existe la libertad de prensa y él, como periodista, puede difundir todo lo que considere importante para la opinión pública, así no haya sido verificado.

De las siguientes opciones, ¿cuál representa un argumento que contradice lo señalado por el periodista con respecto a la libertad de prensa en el país?

• A. La libertad de prensa en el país protege a los periodistas cuando divulgan información de manera veraz e imparcial.

• B. La libertad de expresión es un derecho constitucional que respalda la actividad periodística en el país sin restricción alguna.

• C. La libertad de prensa sobre hechos políticos es una de las bases que sostiene la libertad y la democracia de cualquier país.

• D. Existe persecución a los periodistas cuando las noticias que publican ellos cuestionadas por actores políticos.

¿Qué quieren lograr los actores involucrados en esta situación?

• A. Los profesores y los rectores quieren lograr más materiales para los colegios haciendo distintos usos de los recursos públicos.

• B. Los padres de familia y los estudiantes quieren lograr más materiales para los colegios movilizándose para pedir un aumento en la inversión pública.

• C. Los profesores y los padres de familia quieren lograr una mayor participación económica de la comunidad en la compra de materiales educativos.

• D. Los estudiantes y los rectores quieren lograr un buen uso de los recursos públicos para aumentar la compra de materiales educativos.