Intensivo Ley 39 - 20.08.25

Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento se deberán incorporar al expediente administrativo. ¿A quién se atribuye la realización de dicha incorporación?

• Al órgano competente para la iniciación del procedimiento.

• Al órgano competente para la tramitación del procedimiento.

• Al órgano competente para la resolución del procedimiento.

• Al órgano competente para la revisión del procedimiento.

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Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 5. Representación.

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en:

• La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el resto del ordenamiento jurídico.

• El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos, y el resto del ordenamiento jurídico.

• La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico.

• Esta Ley.

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Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Registro. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas:

• Sin dilación.

• En el plazo de 10 días.

• En el Plazo de 3 días.

• En el Plazo de 20 días habiles.

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Artículo 16. Registros.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Podrá suspenderse el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de:

• 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento

• 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento

• 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento

• 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento

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Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. ¿En qué caso de los siguientes se produce la caducidad de los procedimientos administrativos?

• En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se paralizan por dos meses.

• En todo caso, por inactividad del interesado durante un mes.

• En los procedimientos sancionadores, cuando no recaiga resolución expresa en plazo.

• Transcurrido el plazo para resolver, en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

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Ley de procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, desde la recepción de la solicitud:

• En todo caso, en el plazo de 15 días.

• En el plazo de 10 días.

• En el plazo de 10 días, salvo excepciones.

• En el plazo de 15 días, salvo excepciones.

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Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Al interesado que, una vez transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento, no subsane la solicitud:

• Se le aplicará la tramitación simplificada y se dictará resolución desestimatoria.

• Se le tendrá por desistido en su petición sin necesidad de previa resolución.

• Se le tendrá por decaído en su derecho al trámite y el procedimiento continuará.

• Se le tendrá por desistido en su petición previa resolución.

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Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. El informe emitido fuera de plazo:

• Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

• Deberá no ser tenido en cuenta al adoptarse el acuerdo.

• No se tendra en cuenta al adoptar la resolución.

• Se entenderá como no emitido, al adoptar la resolución.

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Artículo 80. Emisión de informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Se podrá acordar de oficio la tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando el órgano competente para su tramitación considere:

• Inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión.

• Inequívoca la valoración del daño.

• Inequívoco el cálculo de la cuantía de la indemnización.

• Todas son correctas.

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Ley de procedimiento Administrativo Común.

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado

Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. En la ejecución subsidiaria el importe de los gastos, daños y perjuicios:

• Podrá liquidarse de forma provisional, y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

• Podrá liquidarse de forma provisional, pero no podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

• No podrá liquidarse de forma provisional pero podrá realizarse antes de la ejecución a reserva de la liquidación definitiva.

• Todas son incorrectas.

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Artículo 102. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.