*EXAMEN N° 2 TEMA 16 INTRODUCCION Y ACTO ADMINISTRATIVO (hasta T

¿En qué precepto de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se enumeran los actos que han de ser motivados?

• Artículo 54

• Artículo 35

• Artículo 36

• Artículo 89

Contra el acuerdo de aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, cabe presentar:

• El recurso de potestativo de reposición

• El recurso de alzada

• El recurso extraordinario de revisión

• No cabe recurso

Los actos que se separen del criterio administrativo precedente:

• En ningún caso deberán motivarse

• Siempre deben motivarse

• Siempre que medie orden de un superior jerárquico deberán motivarse

• Son nulos de pleno derecho

Las Administraciones Publicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos deberán:

• Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva

• Aplicar el principio de confianza legítima y elegir la medida menos restrictiva

• Motivar su necesidad para la protección del interés público

• La a) y la c) son correctas

¿De qué forma pueden incluirse, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, trámites adicionales o distintos a los contemplados en la misma para el procedimiento administrativo?

• Solo mediante Ley

• De manera legal o reglamentaria

• Mediante el ejercicio de la potestad reguladora de las Administraciones Públicas

• No se puede en ningún caso

De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Corporaciones de Derecho Público:

• Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

• Se regirán por la presente Ley en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por su normativa específica

• Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por reglamento o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

• Se regirán por la presente Ley en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por reglamento o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por su normativa específica

Serán Motivados:

• Los actos que resuelvan recursos administrativos y los declaren su inadmisión

• Los que se separen del criterio seguido en actuaciones procedentes

• Los acuerdos de suspensión de actos y adopción de medidas provisionales

• Todas son correctas

La obligación de la Administración Pública la obligación de resolver expresamente los procedimientos administrativos se exceptúa:

• Sólo cuando el interesado desiste de su derecho en el procedimiento.

• Sólo si el interesado renuncia expresamente a su derecho en el procedimiento.

• Cuando el procedimiento termine por pacto o convenio.

• En ningún caso.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de:

• 3 meses y se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su ordenación, y se informará a los interesados dentro de los 10 días siguientes a aquella recepción.

• 6 meses, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, y se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar resolución expresa se podrá suspender:

• Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las comunidades Europeas

• Cuando debe requerirse a cualquier interesada para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios

• Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados

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