Es la forma de organizar un Estado conforme a una ley suprema respetable como la Constitución, la cual asegura al pueblo la igualdad, el goce de derechos, dignidad humana y organiza y limita los poderes del Estado

Surge cuando un pueblo rompe con su tradición del poder ilimitado de los reyes. Nace a partir de la Revolución Francesa debido al enfrentamiento ante el absolutismo de Francia acabando con el antiguo régimen y la iniciativa del “Tercer Estado”.

PODER CONSTITUYENTE: Es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Puede ser originario o derivado.

PODER CONSTITUCIONAL: Es la denominación del poder que tiene la atribución de establecer la constitución de un ordenamiento, dando origen a un Estado y su tema político y, posteriormente, de modificar o enmendarla. Esta facultad es ejercida al constituir un nuevo Estado y al reformar la Constitución vigente.

La Asamblea Nacional Constituyente se convoco en 1991 para promulgar la nueva constitución en reemplazo de la constitución de 1886.

Surge de la iniciativa de los estudiantes de varias universidades que impulsaron a la creación de una SEPTIMA PAPELETA para apoyar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Tuvo como fin realizar un gran pacto por la paz que nos demostró que podíamos tener un debate amplio con diferentes actores de nuestra sociedad, sin acudir a las armas.

Mientras que la legalidad hace referencia al apego a la norma, la legitimidad se refiere a la aceptación del pueblo

la constitución de 1991 fue legítima por ser aprobada por el pueblo, pero no legal puesto que en la norma no estaba estipulada su aceptación.

El preámbulo de la constitución es una declaración solemne de los propósitos, valores, principios y necesidades de un pueblo o nación. Es un enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas en la constitución.

Contiene la proclamación de la fuente de legitimidad del poder constituyente, los valores principios y fines del estado.

La Constitución Política ​es la máxima ley, y la de mayor jerarquía.

En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.

DOGMATICA O INTRODUCTORIA: resume la ideología predominante y enumera las libertades y derechos de los individuos.

ORGÁNICA O NORMATIVA: describe la estructura del Estado y del poder público, con sus órganos y funciones.

Según la Constitución política de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho, porque las políticas en Colombia se fundamentan en la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales como la salud, educación, trabajo, alimentación, etc.

Se diferencia de un Estado de Derecho, porque este corresponde a aquel en donde las autoridades se guían, duran y se someten a un derecho actual. Este se genera cuando toda acción social y del Estado halla su razón de ser en la norma.

Servir a la comunidad

Promover la prosperidad general

Asegurar la convivencia pacífica.

SE ENCUENTRAN: en el artículo 2 de la constitución política.

PRINCIPIOS: Art. 1. Colombia es un estado social de derecho.

ART.3. La soberanía reside en el pueblo.

ART.4.La constitución es norma de normas.

ART.7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.

ART.8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

*SE ENCUENTRAN: En el titulo primero de la constitución.

SOBERANIA POPULAR: Atributo de naturaleza política mediante el cual el pueblo ejercerá exclusivamente la suprema o máxima autoridad de la sociedad con la finalidad de ejercer la función dirigente y gubernativa. SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 3 DE LA CONSTITUCION. “LA SOBERANIA RESIDE EXCLUSIVAMENTE EN EL PUEBLO.”

SOBERANIA NACIONAL: Atributo que le da todo el poder a la nación, es decir, a los ciudadanos. Estos dejan constancia en la constitución que le ceden el poder al Estado. SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 9: LAS RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO SE FUNDAMENTAN EN LA SOBERANÍA NACIONAL Y EN LOS ARTICULOS 212 Y 217, SE HACE REFERENCIA A LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL PAÍS POR MEDIO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La Constitución es norma de normas.

Es la Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Según el artículo 9, las relaciones exteriores del estado, se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos

y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el país.

PRIMERA GENERACION (Derechos Civiles y Políticos): Se refieren a los SERES HUMANOS O INDIVIDUOS, surge con la revolución francesa, e implican el No hacer (atentar) al otro, así como el Respeto. Tienen como principio la LIBERTAD. Reconocidos por la ONU en el pacto internacional Derechos civiles y políticos (ONU 1986).

SEGUNDA GENERACIÓN (Derechos Económicos, Sociales y Culturales): Se refieren a la SOCIEDAD, surgen con la revolución industrial, son de carácter progresivo e implican la Prestación de Servicios para la satisfacción de Necesidades. Tienen como principio la IGUALDAD. Reconocidos Pacto internacional de los Derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC) por la ONU en 1966.

TERCERA GENERACIÓN (Medio Ambiente, Desarrollo de los pueblos y la Paz): Se refieren a LOS ESTADOS, Surgen en la década de los 70.’s, e implican COLABORACION. Tienen principio de SOLIDARIDAD. Reconocidos en LA Declaración de la Comision Internacional de los Derecoos Humanos de Teherán en 1968.

CUARTA GENERACIÓN: Derechos de los animales

QUINTA GENERACIÓN: Cibernética

SEXTA GENERACIÓN: Bioéticos

TÍTULO II: De los derechos, las garantías y los deberes

● Capítulo I: De los Derechos fundamentales (Artículos 11 a 41)

● Capitulo II: De los Derechos Sociales, económicos y culturales (Artículos 42 a 77)

● Capítulo III: De los derechos colectivos y del ambiente (Artículos 78 al 82)

Los Derechos fundamentales se encuentran en el capítulo I del Título II de la Constitución política (Artículos 11 a 41

ARTÍCULO 12: Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

ARTÍCULO 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

ARTÍCULO 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra.

ARTÍCULO 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.

Los Derechos Sociales, económicos y culturales se encuentran en el Capitulo II del Título II de la constitución política (Artículos 42 a 77)

ARTÍCULO 43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

ARTÍCULO 51: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

ARTÍCULO 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables

ARTÍCULO 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

ARTÍCULO 74: Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

Los Derechos Sociales, económicos y culturales se encuentran en el Capitulo III del Título II de la constitución política (Artículos 78 al 82)

ARTÍCULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines

ARTÍCULO 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

ARTÍCULO 81: Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

ARTÍCULO 87: Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber ARTÍCULO 92: Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

ARTÍCULO 15. Derecho a la Intimidad, al buen nombre, habeas data, inviolabilidad de correspondencia y documentos privados.

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

El derecho de petición es el que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. El derecho de petición está consagrado en la Constitución Política de Colombia como fundamental, es decir, que hace parte de los derechos de la persona humana y que su protección judicial inmediata puede lograrse mediante el ejercicio de la acción de tutela, consagrándose en el

ARTICULO 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Para su elaboración Las peticiones escritas deberán contener por lo menos:

■ La designación de la autoridad a la que se dirigen.

■ Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante, con indicación de los documentos de identidad y sus direcciones.

■ El objeto de la petición.

■ Las razones en que se apoya.

■ La relación de documentos que se acompañan.

■ La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Las peticiones pueden presentarse:

■ Para que por motivos de interés general o particular se inicie por las autoridades una actuación administrativa.

■ Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas.

■ Para que por motivos de interés general o particular las autoridades permitan conocer documentos no reservados u obtener copias de los mismos.

■ Para que por motivos de interés general o particular se den por las autoridades dictámenes o conceptos sobre asuntos de su competencia

HABEAS DATA: Que es el derecho que tienen las personas a solicitar información y cambiar si es debido a un banco de datos público o privado, y así mismo, en cada de tener información errónea, de cambiarla o borrarla si es el caso, este artículo se relaciona también con el buen nombre y la intimidad personal. Artículo 15 de la Constitución.

ACCION DE CUMPLIMIENTO: Es la garantía constitucional que pueden ejercer todas las personas para que la autoridad judicial competente ordene el complimiento de una norma, ley, decreto, acuerdo o acto administrativo. Artículo 87 de la constitución.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Es el derecho que tenemos los individuos a no acatar, rechazar o rehusarnos a mandatos que entran en contradicción con nuestras creencias, por considerarlas contrarias a nuestra conciencia, al afectar aspectos del individuo como la moral, ética, política o religión. Articulo 18 de la constitución.

ACCIÓN POPULAR O DE GRUPO: Son acciones que se interponen con el objeto de exigir la protección de los derechos e intereses colectivos y sirven para evitar un daño, hacer cesar el peligro y restituir cosas a su estado anterior, cuando éste daño o peligro sean ocasionados por acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenazado violar los derechos o intereses colectivos. Artículo 88 de la Constitución Nacional.

DESOBEDIENCIA CIVIL: Es el acto de desacatar una norma de obligatorio cumplimiento. Es reconocida también como una forma de protesta que se basa en la negativa, por medio de métodos pacíficos, a cumples una disposición legal.

ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

ARTICULO 29. Del Debido proceso, legalidad, favorabilidad, derecho de defensa y presunción de inocencia.

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es el Derecho que tiene toda persona para tutelar su libertad cuando es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales o legales o bien cuando se prolongue ilícitamente la privación de su libertad. Este derecho está expresado en el art. 30 de la Constitución Política Colombiana que indica explícitamente:

“Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el HABEAS CORPUS, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

Reformatio in peius puede traducirse del Latín como "reformar a peor" o "reformar en perjuicio", utilizada en el ámbito del Derecho procesal. El Reformatio in peius implica un No Hacer u Omitir y establece que aquel que conoce el caso en segunda instancia, tiene prohibido cambiar el fallo dictado en la instancia inferior en detrimento del impugnante, si es que la contraparte no impugnó también la resolución de primera instancia.

Al respecto, la Constitución de Colombia de 1991 estableció como principio constitucional la prohibición de la "reformatio in peius" en el ARTÍCULO 31, que establece: "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único."

En el ámbito del delito penal, se entiende por delito flagrante a aquel que se está ejecutando en el preciso instante. Lo flagrante, por lo tanto, tiene que ver con la inmediatez y con la posibilidad de detectar el delito en el mismo momento en que se está cometiendo.

Lo flagrante de un delito tiene consecuencias directas sobre el derecho. Ante un caso de delito flagrante, la policía puede ingresar a una casa particular sin autorización judicial para evitar que el delito prosiga. Encontrar a un delincuente inflagranti, por otra parte, facilita el procedimiento penal sobre la culpabilidad del acusado.

Una de las ventajas de una captura de este tipo es que los agentes tienen contacto visual y auditivo directo con la escena del delito en el momento en el que se está cometiendo, lo cual facilita considerablemente el proceso de probar la culpabilidad del criminal.

Cuando la persona que se encuentra cometiendo un delito flagrante ocupa un cargo público que se considere aforado, el cual impediría en una situación normal que un agente de policía la detuviera sin una solicitud específica, también se puede pasar por alto dicho requisito, con el propósito de detener el avance del crimen antes de que sea demasiado tarde.

Artículo 33: Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o

contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Se establece en el ARTÍCULO 35 de la constitución, en donde dice; La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.

En este sentido, el trámite está fundamentado en una serie de mecanismos legales que facilitan la colaboración judicial entre diversas naciones. De esta manera, un Estado está en capacidad de solicitar a otro que sea entregado un individuo que se encuentra en dicho territorio con el objetivo de abrir o continuar un procedimiento penal contra éste.

Existen, además, algunas condiciones que sirven para regular y delimitar la extradición:

● El delito del solicitado para extradición debe haber sido cometido en el territorio del Estado que lo solicita o Estado Requirente.

● El delito cometido en el Estado Requirente debe estar considerado como delito en los ordenamientos del Estado Requerido, es decir, que en ambas naciones la acción del acusado sea considerada como delito.

● El acusado no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito., el pedido no procedería.

● La extradición no procede para delitos menores.

● La extradición no procede para delitos militares o delitos políticos y conexos.

● Tanto el Estado Requirente como el Estado Requerido deberán respetar y garantizar los derechos del acusado así como la realización de un correcto proceso legal.

Se establece como derecho en el ARTÍCULO 36 de la constitución política. Se define el Derecho al Asilo como aquella garantía de los derechos humanos que consistente en la protección que el Estado presta, dentro de su ámbito de soberanía, a los extranjeros que hayan entrado en su territorio para huir de la persecución política o de las condiciones económicas o medioambientales de su país de origen.

El Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: 
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país y adicionalmente La Declaración Americana de Derechos Humanos reconoce este derecho en el artículo 27, que establece que:
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.

El asilo procede cuando una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad y opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda a causa de dichos temores o no quiera acogerse a la protección de ese país. No se pueden beneficiar del asilo quienes han cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad. El bien jurídico protegido u objeto de esta garantía es esencialmente la vida, la integridad física, la libertad personal y la seguridad personal de la persona perseguida. 


La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

En este sentido, la extinción de dominio ha sido concebida como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.

El proceso de expropiación tiene su fundamento en la Constitución Política en el artículo 58 inciso cuarto que expresa: por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijara consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

Este proceso se maneja ante la jurisdicción civil; es decir, se interpone una demanda de expropiación que debe reunir los requisitos de toda demanda, pero se debe anexar la resolución que decreta la expropiación, certificado de libertad y tradición del bien a expropiar.

Con el recurso de reposición se busca que quien expidió el acto administrativo o la providencia que se impugna la modifique o revoque. Siendo esa la finalidad, se hace obligatorio que el recurrente exprese las razones por las cuales considera que quien la expidió se equivocó, pues sólo de esa manera podrá éste conocer los motivos de la inconformidad del objetante y dirigir su atención hacia ellas.

Eso es lo que se llama técnicamente: “sustentación del recurso”. O sea, que sustentar el recurso es decir cuáles son las fallas de que adolece la decisión que se objeta. Si el autor de la providencia (auto judicial) o del acto administrativo (Resolución, por ejemplo), encuentra que al recurrente le asiste la razón, procederá a modificar su decisión o a reponerla (revocarla), según corresponda.

El recurso de apelación, por su parte, está dirigido a que el superior de quien dictó la providencia o el acto administrativo, lo modifique o lo revoque. Éste al igual que el de reposición también debe sustentarse.

Ahora bien, el recurrente puede interponer únicamente el recurso de reposición, o interponer únicamente el de apelación. O sea, que para llegar al superior vía apelación, no necesita pasar primero por el inferior vía reposición. Así, ante una Resolución que le niega la pensión a un ciudadano, éste puede interponer únicamente el recurso de reposición, pero si considera que no vale la pena perder tiempo con un trámite que muy seguramente no le va a prosperar porque el funcionario que profirió la resolución no va a cambiar su decisión, puede dicho ciudadano obviar el recurso de reposición y formular directamente el de apelación.

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

1. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

2. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Ver la Ley 131 de 1994

1. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

2. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

1. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

2. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. Ver la Ley 581 de 2000

ARTICULO 42. Desarrollado parcialmente por la Ley 25 de 1992. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

● El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

● Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

● Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

● La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

● Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

● Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

● Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

● También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

● La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

La moción de censura es el procedimiento por el cual la rama del poder legislativo puede exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama del poder ejecutivo, siendo un acto en el cual el Congreso en cada una de sus cámaras de manera independiente y por mayoría absoluta, reprende la actuación de uno o varios de los Ministros del Despacho, dando lugar a la separación de su cargo.

Puede promoverse cuando un ministro citado por alguna de las cámaras para responder un cuestionario no concurre a la citación y no se excusa de manera justificada, o por acciones u omisiones que vayan en contra de la naturaleza y el desempeño del cargo. La moción de censura fue reglamentada de igual manera mediante el ACTOLEGISLATIVO 01 DEL 2007

ART. 58 Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.

Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable dela mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

Art 86. Es el derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o sea que esta acción es de carácter subsidiario, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e irremediable. Algunas veces procede contra particulares cuando su conducta afecta el interés colectivo.

● Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales.

● Cuando se pueda proteger el derecho invocando el habeas corpus.

● Cuando se busca proteger un derecho colectivo, excepto que sea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando se presenta conexidad entre el derecho colectivo y uno fundamental del demandante.

● Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo que esté continúe.

● Cuando se interpone contra actos de carácter general, impersonal y abstracto.

● Cuando se interpone contra providencias judiciales no procede por regla general, pero sí excepcionalmente, cuando estas constituyan una vía de hecho.

La Acción de Cumplimiento está establecida en el artículo 87 en la Constitución Política y se encuentra regulada por la Ley 393 del 29 de julio de 1997. Ampara el derecho que tiene toda persona de acudir ante autoridad judicial para solicitarle que se haga efectivo el cumplimiento de la ley o acto administrativo. A través de éste mecanismo se exige la observancia de las leyes, decretos, ordenanzas y actos administrativos, y pueden ser interpuestos contra la autoridad pública o un particular, a través de los jueces administrativos.

La acción de cumplimiento puede ejercerla cualquier persona, natural o jurídica; los servidores públicos, y en especial, el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales; el Defensor del Pueblo y sus delegados; el Contralor General de la República, los contralores departamentales y municipales y los personeros municipales; y las organizaciones sociales y no gubernamentales.

La acción de grupo se encuentra desarrollada por la ley 472 de 1998 en el artículo 3°, la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, el artículo mencionado define la acción de grupo de la siguiente manera:

PROCEDE CUANDO: La acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo.

Son acciones que se interponen con el objeto de exigir la protección de los derechos e intereses colectivos y están reguladas por el artículo 88 de la Constitución Nacional.

Sirven para evitar un daño, hacer cesar el peligro y restituías cosas a su estado anterior, cuando éste daño o peligro sean ocasionados por acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenazado violar los derechos o intereses colectivos.

Se interponen contra cualquier autoridad pública o particular que por sus acciones u omisiones lesionen o amenacen un derecho colectivo.

Este punto aun no estoy muy segura tengo que preguntarle a la profe.

jajajajajaja...

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Artículo 96. Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domicilien en la República.

2. Por adopción:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren.

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

ARTICULO 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad.

Ciudadanía es en sí el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con lasociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada.

Artículo 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Artículo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.

Aquí faltan los requisitos, la verdad no los encontré explícitamente.

Art 101. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan

Ramas del poder público:

1. Rama legislativa: Conformada por el Congreso encargado de hacer las leyes, del control político y de las reformas constitucionales. El congreso se divide en dos cámaras, El Senado (Circunscripción Nacional) y La Cámara de Representantes (Circunscripción territorial).

2. Rama Ejecutiva: Está dirigida por el Presidente de la República quien es Jefe de Estado, JEfe de gobierno y Suprema autoridad administrativa. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

3. Rama Judicial: Conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, El Consejo Superior de la Judicatura y las Jurisdicciones Especiales (Jueces de paz e Indígenas), estos organismos están encargados de la administración de la justicia.

Órganos autónomos independientes:

1. Órganos de Control:

● Ministerio Público: Procurador (Control Disciplinario)

● Contraloría General de La República: Contralor (Control Fiscal)

2. Organización Electoral:

● Registraduría del Estado Civil.

● Consejo Nacional Electoral

GOBIERNO NACIONAL: Conformado por el Presidente de la República, Los Ministros del despacho y los Directivos Departamentales Administrativos.

Aunque estos dos gobiernos no están explícitos en la constitución la profe los puso en clase.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: Conformado por el gobernador y los secretarios del despacho.

GOBIERNO MUNICIPAL: Conformado por el alcalde y los secretarios del despacho.

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.

9. Sancionar las leyes.

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.

NOTA: En total son 28 funciones aquí puse las 10 primeras que son las de mayor importancia.

Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

4 años.

Sesiones ordinarias: 20 julio al 16 noviembre y del 16 marzo al 20 junio

Sesiones extraordinarias: vacaciones

Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.

3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.

4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. 6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.

ARTÍCULO 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

ARTÍCULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

ARTÍCULO 172.

Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección.

Leyes ordinarias

marco

de intervención

de facultades extraordinarias

orgánicas y estatutarias

ARTÍCULO 177.

Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.

Legales

especiales

constitucionales legales

accidentales

CAPÍTULO 6 DE LOS CONGRESISTAS ARTÍCULO 179. Modificado Numeral 8. Acto Legislativo 1 de 2003. Artículo 10.

No podrán ser congresistas: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. 4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. 6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. 8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones. Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuar, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.

6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.

9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.

Son 25 funciones igualmente puse las 10 primeras que considere las más importantes.Pero revisen :)

Artículo 190. El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, ésta se aplaza por quince días.

Artículo 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.

Absolutas: Su muerte y su renuncia aceptada.

Temporales: La licencia y la enfermedad.

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

NO ESTOY MUY SEGURA PERO CREO QUE SON:

El Estado Nacional.

Las Provincias.

Los Municipios.

Las Entidades Autárquicas.

La Iglesia Catolica

NO

LO HE AVERIGUADO

El Estado de Guerra. (Art. 212)

El Estado de Conmoción Interior. (Art 213)

El Estado de Emergencia. (Art 215)

Artículo 212.

El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión.

Artículo 213.

En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Artículo 215.

Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Artículo 216.

La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada, Fuerza Aérea y la Infantería de Marina) y

la Policía Nacional.

Rama judicial en una audiencia pública en una lista de 10 opcionales. Ser colombiano, ser ciudadano en ejercicio. Abogado no haber sido ser condenada.

Haber ejercido con buen nombre por 15 años abogado y docente. Elegidos durante 8 años -> hasta la edad de retiro forzoso. (Con el fin de permitir el relevo de nuevas generaciones)

Es el máximo Tribunal de la jurisdicción común ordinaria.

Actuar como Tribunal para dirimir conflictos

Se da su propio reglamento

Investigar y jugar a los miembros del Congreso, al presidente de la República y a los altos funcionarios con *** punible.

Está confirmada por la sala plena, de gobierno, de caución civil y agraria, laboral y de caución penal.

Jurisdicción constitucional. Basada en el artículo 239 está confirmada por:

"La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho. Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos."

Son elegidos 9 magistrados.

Jurisdicción contencioso administrativo. Según el artículo 236:

ARTÍCULO 236. El Consejo de Estado tendrá el número impar de Magistrados que determine la ley. El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley. La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

Artículo 248.

Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

CAPÍTULO 6 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ARTÍCULO 249.

La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

CAPÍTULO 7 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ARTÍCULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas: 1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. 2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley.

● Registraduría del Estado Civil.

● Consejo Nacional Electoral.

● Ministerio Público: Procurador (Control Disciplinario)

● Contraloría General de La República: Contralor (Control Fiscal)

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.

Colombiano

Mayor de 35 años en caso de territorial 25 años

Tener título universitario

No podrá ser elegido quien haya sido condenado por cualquier delito.

Artículo 275. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público.

Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Elegido por la cámara de representantes

ARTÍCULO 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

3. Invocar el derecho de Hábeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 8. Las demás que determine la ley.

ARTÍCULO 286.

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

ARTÍCULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.