La sigla ISCE significa Índice Sintético de Calidad Educativa

La República Democrática colombiana es una de las democracias más antiguas y estables de América Latina.

Los 32 departamentos colombianos y el Distrito Capital de Bogotá tienen autonomía administrativa y financiera.

La sigla PIB significa paridad de poder adquisitivo en inglés.

La fuerza laboral informal para los propósitos de la OCDE es un factor negativo, ya que recorta la base tributaria y afecta la capacidad del gobierno para proporcionar servicios públicos como la educación.

De conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994 la educación en Colombia es obligatoria durante un periodo de 10 años, es decir, desde los 5 años hasta los 15 años y no incluye a la educación media.

Esta afirmación era válida hasta 2015, pues en la actualidad se ha ampliado el rango de obligatoriedad del sistema educativo desde la educación inicial hasta la educación media, quedando pendiente para incluir la educación superior.

La sigla EIAIPI significa Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia.

El decreto 2247 de 1997 establece la organización general de la educación preescolar, los grados y edades.

“Será fundamental apoyar a los estudiantes en todos los niveles, en particular durante la transición de primaria hasta terminar educación básica secundaria, para garantizar que los estudiantes adquieran el nivel mínimo de conocimientos y competencias necesarios para participar económica y socialmente” (OCDE, 2011) citada por OECD y MEN en el libro Revisión de políticas nacionales de educación. La Educación en Colombia.

De acuerdo a esta afirmación se infiere que la intencionalidad de la organización del Sistema educativo colombiano es la generación de mano de obra apta para laborar operativamente, más que de calidad para acceder a la educación superior y profesionalizarse.

Las Secretarías de Educación Distrital y departamentales son los principales organismos responsables de la educación en Colombia y su mandato abarca todo el sector, desde preescolar hasta la educación superior.

De conformidad con el Decreto 5012 de 2009, el Ministerio de Educación Nacional determina los criterios y las políticas nacionales en materia de educación, define los estándares, garantiza y protege el derecho de acceso a la educación, formula directivas, apoya a los territorios e inspecciona y evalúa la calidad del Sistema educativo.

La ley 1098 de 2006 establece en el artículo 35 la edad mínima de admisión al trabajo y el derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. Dicha edad es de los 15 a los 17 años, con autorización expedida por inspector de trabajo o el ente territorial local y en ningún caso puede exceder las 14 horas semanales. Esto quiere decir que si se tiene conocimiento de un menor de educación inicial o básica primaria que esté siendo utilizado para trabajar, la institución educativa debe

Las Situaciones Tipo II. Corresponden a las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen con cualquiera de las siguientes características: a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

Una institución educativa frente al caso de acudientes que no asisten a las reuniones de padres, ni a las convocatorias realizadas por el colegio a pesar de haber firmado al momento de la matrícula el pacto de convivencia, y que además por observaciones de la directora de grupo se presume abuso y violencia intrafamiliar, opta por remitir el caso a orientación para activar las rutas de alertas tempranas.

Ante este procedimiento interno se considera que la institución ha seguido el debido proceso de manera apropiada.

En los casos que se presume alguna forma de maltrato o abuso, en el establecimiento educativo NO se realiza entrevista, ni verificación de la presunta situación de vulneración de derechos; esto con el fin de evitar la revictimización del estudiante, así como evitar la alteración de las pruebas testimoniales. El establecimiento educativo NO ES LA ENTIDAD COMPETENTE para desarrollar ninguna de estas acciones.

El Decreto 1665 del 11 de septiembre de 2013 reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y todos los procesos de educación inclusiva para las poblaciones con discapacidad.

El Acosador sexual puede definirse como la persona que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad, manifiesta relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, para perseguir, hostigar o asediar física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (Ley 1257 de 2008).

En Colombia existe el centro cibernético Policial o CAI virtual, para reportar los delitos informáticos y hurto de celulares las 24 horas del día.

Los CAVIF y Los CAIVAS son centros de atención interinstitucional e interdisciplinario implementados por la Fiscalía General de la Nación para proporcionar un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. A través de estos centros se ofrece a la ciudadanía atención en las áreas psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa, de forma que se promueva la recuperación y se generen mecanismos de autoprotección que le eviten de nuevo ser víctima de estos delitos.