NEW
Font size
WorksheetsInvestigación Jurídica
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
La Constitución de 1991 establece el reconocimiento de las comunidades raizales y las autoridades indígenas, así como su Jurisdicción Especial.
Para saber la constitucionalidad de la sanción para el delito de hurto, se debe establecer si la:
Gravedad de la sanción depende del objeto hurtado.
Pena está prevista en el Código Penal colombiano para el hurto.
Comunidad raizal considera el hurto como un acto ilegal.
Sanción es atentatoria de la vida o favorece la esclavitud o la tortura.
Mediante un trabajo de campo con victimas de varias zonas del país, la FGN con una ONG, lograron identificar que en el conflicto armado existe un concepto de daño colectivo, basado en las agresiones a la identidad grupal y social, que rompen el vínculo entre los miembros de una sociedad por desconfianza.
La respuesta jurídica al problema planteado es:
El derecho penal es el único que puede establecer que daños se reconocerán o no por los victimarios.
Las versiones de los familiares de las víctimas son la vía clara para hablar de la existencia de daño colectivo.
El concepto de daño colectivo descrito tiene aspectos sociológicos y antropológicos que es necesario comprender según el derecho.
El derecho civil y todas sus ramificaciones deben articularse para comprender en toda su dimensión el concepto de daño colectivo.
Uno de los resultados de una investigación es que, con los nuevos sistemas de transporte masivo el Estado afectó derechos fundamentales de los propietarios de vehículos del servicio de transporte tradicional. La conclusión de este hallazgo puede ser:
El estado puede ejercer una serie de actividades para mejorar el sistema de transporte masivo.
La población puede exigir que se le reparen los daños en cuanto se afectaron derechos fundamentales.
Existe responsabilidad extracontractual del Estado, por el daño especial causado al sector directamente afectado.
Hay acción de reparación directa por parte de la población, por falla del servicio que vulnera derechos fundamentales.
Un grupo de estudiantes quiere desarrollar como trabajo de grado una investigación sobre la vulneración de derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿Qué pregunta respondería a esta investigación socio jurídica?
¿Cuáles son las practicas de higiene implementadas por las trabajadoras sexuales para la protección de sus derechos?
¿De qué manera el Estado garantiza los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales?
¿En qué leyes internacionales o nacionales se reconocen derechos a las trabajadoras sexuales?
¿Qué incidencia tiene el uso de sustancias psicoactivas sobre los derechos de los trabajadores sexuales?
Lina presentó un proyecto de investigación socio jurídica sobre el delito de acoso sexual. Su objetivo general es saber si durante el periodo 2008-2012 los operadores jurídicos interpretaron sesgadamente el tipo penal, por discriminación de género. De los siguientes ¿Cuál NO desarrolla el objetivo general?
Realizar un análisis jurídico de la legislación penal sobre acoso sexual, desde su tipificación en el 2008 hasta el 2012.
Diagnosticar a través de entrevistas los grados de discrecionalidad de los jueces y fiscales sobre la interpretación del tipo penal.
Realizar un análisis comparativo de las legislaciones penales en el mundo acerca de la manera en que aparece tipificado el delito de acoso sexual.
Evaluar el número de condenas y absoluciones que por el delito de acoso sexual se han producido.
En pro de hacer un estudio sobre modelos de Estado social de derecho adoptado en Colombia desde la Constitución de 1991, en una investigación jurídica se planteó un problema enfocado a conocer las implicaciones de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos en un estado social de derecho. ¿Cuál puede ser el objetivo general pertinente al problema de investigación?
Identificar los factores que, desde la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, han dado paso a la adopción del modelo de Estado social de derecho, a partir de 1991.
Comparar los elementos de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos que en la contemporaneidad influyen en la concepción del modelo de Estrado de la Constitución de 1991.
Analizar los elementos iusteorícos que explican la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos y sus implicaciones en el modelo de Estado adoptado en Colombia a partir de 1991.
Determinar la influencia de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos en la constitución política adoptada por el Estado colombiano a partir de 1991.
Colombia ha experimentado una bonanza minera que plantea con inversión extranjera y trae una preocupación derivada de la agresión al medio ambiente, así como de la ocupación de mano de obra en precarias condiciones de seguridad industrial. Con el objetivo de evitar la exposición de los mineros a esos riesgos, la solución jurídica derivada de un proceso de investigación es el análisis de:
Género y rangos de edad de los trabajadores, para establecer criterios de vinculación.
Soportes jurídicos de la adjudicación de la concesión minera, para determinar la legalidad de su funcionamiento.
Contenido de los contratos de trabajo, para determinar el equilibrio entre el trabajo y la remuneración.
Condiciones técnicas de construcción y antigüedad de la mina, para determinar la prórroga del contrato de concesión.
Se plantea como problema de investigación la evolución histórica de la normatividad colombiana sobre procesos de inclusión de niños con discapacidad mental en las instituciones educativas. Un objetivo general para la investigación puede ser.
Identificar la legislación internacional que protege a la población con discapacidad mental.
Identificar y valorar las diversas formas de discapacidad mental que contempla la normatividad colombiana.
Describir y analizar la naturaleza de la legislación colombiana sobre inclusión educativa de niños con discapacidad mental.
Analizar los programas educativos que pretenden establecer una política de inclusión social a personas discapacitadas.
Al encuestar a 1.000 mujeres de una localidad deprimida, se halló: a. 50% son cabeza de familia; b. el 70% pertenece a la economía del “rebusque”; c. un 25% ha sido víctima de violencia intrafamiliar; d. el 60% ha sido excluida en opciones laborales por razones de sexo. ¿Qué conclusión es válida?
La mayoría de las mujeres no tienen un trabajo formal.
En esta comunidad, los hombres no asumen su responsabilidad como padres.
La violencia intrafamiliar es más común en las familias con escasos recursos.
La mitad de las mujeres cabeza de familia ha sido víctima de violencia intrafamiliar.
Juan realiza una investigación sobre las prácticas de guerra en jóvenes entre 15 y 17 años que pertenecen a grupos armados. Metodológicamente lo hace con entrevista en profundidad. Juan identificó algunos delitos y decide denunciar. Con base en los principios éticos del investigador la decisión de Juan es antiética por:
Realizar entrevistas en profundidad en menores de edad.
Denunciar los informantes del proyecto de investigación.
Denunciar a los informantes sin autorización de los padres.
Elegir sujetos de estudio menores de edad.
