Worksheetsexamen 2
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1. Corresponde dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las
funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización
militar:
a) Al Consejo de ministros
b) Al presidente del Gobierno.
c) A las Cortes Generales.
d) Al rey.
2. Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes
Generales y la expedición de los Reales Decretos es una función:
a) Del presidente del Gobierno
b) Del Secretariado del Gobierno.
c) Del rey.
d) Del ministro de la Presidencia.
3. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponden a los ministros?:
a) Fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de ministros.
b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad
) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento.
d) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales.
4. De su gestión política, el Gobierno responde
a) Individualmente ante las Cámaras.
b) Solidariamente ante las Cortes Generales
c) Solidariamente ante el Congreso de los Diputados.
d) Mancomunadamente ante las Cortes Generales.
5. ¿Quién puede decretar la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, de
acuerdo con el artículo 115 de la Constitución?:
a) El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros.
b) El rey.
c) El presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad
d) El Consejo de ministros, a propuesta del presidente del Gobierno.
6. ¿Cuál de las siguientes competencias pueden asumir las comunidades autónomas?:
a) Las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económic
b) La iluminación de costas y señales marítimas
c) Las obras públicas de interés general.
d) Los aprovechamientos forestales.
7. Indica cuál de las respuestas siguientes no forma parte del contenido que el artículo 147 de
la Constitución establece para los estatutos de autonomía.
a) Las competencias asumidas dentro del marco que establece la Constitución
b) Las competencias asumidas por el Estado dentro del marco que establece la Constitución.
c) Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas competencia
d) La delimitación del territorio de la comunidad autónoma.
8. Una de las siguientes fuentes no constituye un recurso económico de las comunidades
autónoma
a) Los ingresos de derecho privado
b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio
c) El producto de las operaciones bursátiles
d) El producto de las operaciones de crédito
9. En cuanto a la organización territorial del poder judicial, las comunidades autónomas:
a) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio al
margen de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aquellas instancias procesales
que se agoten en el ámbito territorial de las comunidades autónomas.
b) No pueden proponer al gobierno la fijación de los partidos judiciales de su ámbito territorial,
de acuerdo con la independencia del poder judicial
c) No pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio
porque es una competencia reservada al Estado.
d) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio, de
acuerdo con los supuestos y en las formas que indiquen en sus estatutos.
10. La cláusula residual que establece el artículo 149.3 de la Constitución:
a) Opera a favor de las comunidades autónomas sólo en el supuesto de que el Estado no
asuma expresamente las competencias.
b) Opera a favor del Estado sólo en el caso de que las comunidades autónomas no asuman
expresamente las competencias.
c) Atribuye a las comunidades autónomas las funciones legislativas y ejecutivas
d) Atribuye al Estado únicamente la función legislativa.
11. De acuerdo con lo previsto en el Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta
en relación a las instituciones de la Unión:
a) El Consejo Europeo elige al presidente de la Comisión.
b) El Consejo está compuesto por un representante de cada estado miembro, de rango
ministerial.
c) El Parlamento Europeo está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión.
Su número no debe exceder de 850, más el presidente.
d) El mandato de la Comisión es de cuatro años.
12. ¿A partir de qué Tratado se establece la Unión Económica y Monetaria en la Unión
Europea?
a) El Tratado de Roma
b) Tratado de la Unión Europea
c) Tratado de Ámsterdam.
d) Tratado de París.
13. ¿Cuál es la duración del mandato del presidente del Tribunal General del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea?
a) Un año, renovable.
b) Dos años, renovables.
c) Tres años, renovables.
d) Cuatro años, renovables.
14. Señale la afirmación correcta en relación a los Comisarios de la Unión Europea:
a) Los comisarios representan los puntos de vista de sus respectivos países.
b) Para ser comisario hay que ser primero funcionario en el propio país.
c) Los comisarios son propuestos por sus gobiernos nacionales y deben ser aprobados por el
Parlamento Europeo
d) Los comisarios son escogidos de entre los ministros de los gobiernos nacionales.
15. Por disposición del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cese de un miembro
de la Comisión Europea, en caso de haber dejado de reunir las condiciones necesarias para el
ejercicio de sus funciones, puede ser declarado:
a) Por la Comisión, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.
b) Por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propuesta del Consejo exclusivamente
c) A instancia del Consejo o de la Comisión, por el Tribunal de Justicia.
d) Por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión.
16. Según el artículo 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia:
a) De denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a los productos
de la comunidad autónoma.
b) De ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares.
c) De ordenación del sector pesquer
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
17. Según el artículo 32 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia ejecutiva en materia:
a) De agencias de transportes.
b) De integración social y económica del inmigrante.
c) De productos farmacéuticos.
d) De ordenación del sector pesquero.
18. Según el artículo 35 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, institución oficial
consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana, corresponde:
a) A la consejería competente en materia de educación.
b) A la consejería competente en materia de cultura.
c) A la dirección general competente en materia lingüística.
d) A la Universidad de las Islas Baleares.
19. Según el artículo 44 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué órgano judicial
puede exigir la responsabilidad penal a los diputados del Parlamento de les Illes Balears, en
caso de flagrante delito?
a) El Tribunal Constitucional
b) El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dentro del ámbito territorial de la
comunidad autònoma
c) La Sala Penal del Tribunal Supremo, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
d) El órgano jurisdiccional predeterminado por la ley.
20. Según el artículo 50 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué órgano designa el
senador o senadores que han de representar a la comunidad autónoma de las Islas Baleares en
el Senado?
a) El Gobierno de les Illes Balears.
b) El Parlamento
c) El presidente del Gobiern
d) La Diputación Permanente del Parlamento.
32. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:
a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
b) Cualquier unidad administrativa independientemente de si tiene atribuidas funciones que
tenga efectos jurídicos a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros y cuya actuación tenga carácter preceptivo, debiendo reunir ambas
condiciones.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
33. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen
la consideración de convenios, los acuerdos con efectos jurídicos siguientes:
a) Los adoptados entre organismos públicos y entidades de derecho público o privado.
b) Los Protocolos Generales de Actuación.
c) Los adoptados por universidades públicas con sujetos de derecho privado para un fin común.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
106. Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta según el art. 65.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que
regula las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial
a) Es un requisito para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que haya
prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
b) Se deberá archivar el procedimiento cuando los particulares presuntamente lesionados no
se personen en el plazo establecido.
c) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados concediéndoles
un plazo de quince días para que presenten alegacione
d) El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no
se personen en el plazo establecido
108. El art. 95.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, dispone que:
a) Deberá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
c) Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación
de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución
d) No deberá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolució
109. El art. 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, dispone que:
a) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
c) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo
d) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
1. Según el artículo 117 de la Constitución española, la justicia:
a) Emana del pueblo.
b) Emana de las Cortes Generales, como órgano representativo del puebl
c) Es administrada en nombre del rey.
d) Las respuestas a) y c) son correctas
2. Según el artículo 122 de la Constitución española, el Consejo General del Poder Judicial lo
integran:
a) El presidente del Tribunal Constitucional y veinte miembros
b) El presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros.
c) El presidente del Tribunal Constitucional y quince miembros.
d) El presidente del Tribunal Supremo y quince miembros.
3. Según el artículo 127 de la Constitución española, los jueces, los magistrados y los fiscales en
activo pueden:
a) Ejercer otros cargos públicos.
b) Asociarse profesionalmente.
c) Pertenecer a partidos políticos
d) Pertenecer a sindicatos.
4. Según el artículo 159 de la Constitución española, los miembros del Tribunal Constitucional,
en el ejercicio de su mandato, son:
a) Independientes.
b) Imparciales.
c) Inamovibles.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
5. Según el artículo 164 de la Constitución española, ¿dónde se publican las sentencias del
Tribunal Constitucional?
a) En el Boletín Oficial del Estado.
b) No se publican.
c) En el boletín oficial de la comunidad autónoma.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
6. Corresponde resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre les diferentes
Ministerios:
a) Al ministro de la Presidencia.
b) A la Comisión General de secretarios de Estado y Subsecretarios.
c) Al Consejo de ministros
d) Al presidente del Gobierno.
7. ¿Quién preside el Consejo de ministros?
a) El ministro de la Presidencia.
b) El presidente del Gobierno.
c) El presidente del Gobierno, salvo en los supuestos de presencia del rey.
d) El ministro de la Presidencia, en ausencia del presidente del Gobierno.
8. ¿Cuál de los siguientes órganos no es un órgano de colaboración y apoyo al Gobierno?:
a) La Comisión General de secretarios de Estado y Subsecretarios
b) Los Gabinetes.
c) Los secretarios de Estado
d) Los secretarios generales técnicos.
9. En relación con los miembros del Gobierno y según el texto del artículo 110 de la
Constitución Española:
a) Tienen la facultad de hacerse oír en las Cámaras y sus Comisiones.
b) Sólo tienen la facultad de hacerse oír en las Cámaras, pero no en sus Comisiones
c) No podrán solicitar que informen ante las Cámaras el personal funcionario de sus
Departamentos.
d) Tienen derecho a voto en las Cámaras y en las Comisiones.
10. Los estados de alarma, de excepción y de sitio se regularán mediante una Ley orgánica, así
como:
a) La suspensión de alguno de los poderes del Estado
b) Las competencias y limitaciones correspondientes.
c) Las funciones asumidas por los órganos estatales durante su vigencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
11. ¿A quién corresponde la competencia en materia de legislación procesal?
a) Al Estado, como competencia exclusiva, incluida la ejecución en el territorio de las
comunidades autónoma
b) Al Estado, como competencia exclusiva
c) A las comunidades autónomas en caso de haberse recogido en los respectivos estatutos de
autonomía.
d) A las comunidades autónomas en cuanto a la normativa de desarrollo.
12. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad, la Constitución prevé un Fondo de Compensación con destino a gastos
de inversión, cuyos recursos serán distribuidos:
a) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso.
b) Por el Gobierno entre las comunidades autónomas.
c) Por el Gobierno entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso
d) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas.
13. ¿Cómo denomina la Constitución al órgano de gobierno de la comunidad autónoma?
a) Consejo colegiado.
b) Consejo.
c) Consejo ejecutivo.
d) Consejo de Gobierno.
14. Las leyes marco que atribuyen a las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí
mismas, normas legislativas en materias de competencia estatal:
a) Establecen la modalidad de control que los tribunales tienen que ejercer sobre las normas
que dicten las comunidades.
b) Establecen la modalidad de control que las Cortes Generales tienen que ejercer sobre las
normas que dicten las comunidades autónomas, sin perjuicio de la competencia de los
tribunales
c) Fijan los principios, las bases y las directrices a los cuales han de someterse las normas que
dicten las comunidades autónomas.
d) Las respuestas b) y c) son correctas
15. La cláusula de supletoriedad que establece el artículo 149.3 de la Constitución dispone
expresamente que:
a) En cualquier caso, el derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades
autónomas.
b) El derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas sólo en las
materias que estas no hayan regulado.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
16. La delimitación de las competencias de la Unión Europea se rige:
a) Por el principio de atribución
b) Por los principios de subsidiaridad y proporcionalidad.
c) Por el principio de jerarquía.
d) Por el principio de eficacia.
17. De las siguientes afirmaciones relativas a la Comisión Europea, señale la correcta:
a) La Comisión está integrada por 27 miembros.
b) España tiene designados tres comisarios.
c) La Comisión es un órgano colegiado y está integrada por 27 miembros
d) La Comisión representa los intereses de los estados miembros de la Unión Europea.
18. ¿Cuántos estados miembros tiene actualmente la Unión Europea?
a) 50.
b) 37.
c) 27.
d) 20.
19. La renovación parcial de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia tiene lugar
a) Cada dos años.
b) Cada seis años.
c) Cada tres años.
d) Cada cuatro años.
20. ¿Quién preside el Consejo de Asuntos Exteriores?
a) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
b) El presidente de la Comisión.
c) El presidente del Consejo a propuesta del Parlamento
d) El presidente del Parlamento.
21. Según el artículo 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia:
a) De gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal que no se reserve el
Estado
b) De salvamento marítimo
c) De régimen local.
d) De cultura.
22. Según el artículo 32 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma
tiene la competencia ejecutiva en materia:
a) De propiedad industrial
b) De régimen Local.
c) De propiedad intelectual.
d) Las respuestas a) y c) son correctas
23. Según el artículo 39 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, las instituciones de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares son:
a) El Parlamento y el Gobierno
b) El Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma
c) El Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
d) El Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los ayuntamientos.
24. Según el artículo 45 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué norma regulará la
composición y las reglas de elección del Parlamento?
a) Un reglamento del Parlamento.
b) Una ley ordinaria del Gobierno.
c) Un decreto del Gobierno.
d) Una ley ordinaria del Estado.
24. Según el artículo 45 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué norma regulará la
composición y las reglas de elección del Parlamento?
a) Un reglamento del Parlamento.
b) Una ley ordinaria del Gobierno.
c) Un decreto del Gobierno.
d) Una ley ordinaria del Estado.
25. Según el artículo 55 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿quién puede acordar la
disolución del Parlamento de las Islas Baleares con anticipación al plazo natural de la
legislatura?
a) El presidente del Gobierno
b) El Consejo de Gobierno
c) El rey.
d) El presidente del Parlamento.
26. En el Parlamento de las Illes Balears, la sesión solemne de apertura de la legislatura tendrá
lugar dentro del plazo:
a) De los quince días hábiles siguientes al de la celebración de la sesión constitutiva
b) De los cuatro meses siguientes al de la convocatoria de las elecciones.
c) De los treinta días hábiles siguientes al de la celebración de la sesión constitutiva.
d) De los dos meses siguientes a la celebración de las elecciones.
27. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, al
presidente de las Illes Balears le corresponden atribuciones:
a) De representación y de dirección
b) De representación, gestión y dirección.
c) De gestión y asesoramiento.
d) De representación, asesoramiento y planificación.
28. El portavoz del Gobierno de las Islas Baleares:
a) Debe ser miembro del Consejo de Gobierno.
b) Es el vicepresidente.
c) No es necesario que sea miembro del Consejo de Gobierno
d) Debe ser miembro del Consejo de Gobierno y diputado del Parlamento.
29. En el Gobierno de las Illes Balears, en caso de vacante del cargo de consejero:
a) El presidente, mediante decreto, debe encomendar transitoriamente a otro miembro del
Gobierno el despacho de los asuntos de la consejería.
b) El presidente, mediante resolución, debe encomendar transitoriamente a otro miembro del
Gobierno el despacho de los asuntos de la consejería.
c) Asume el cargo el consejero de mayor edad.
d) El vicepresidente asume el despacho de los asuntos de la consejería.
30. En la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las deliberaciones del Consejo de Gobierno
tienen el carácter secreto, y sus miembros están obligados a observar el deber de reserva:
a) Incluso después de su cese.
b) Hasta el día de su cese.
c) En los supuestos que pueden afectar al honor de los miembros del gobierno.
d) Hasta tres años después de su cese.
31. De acuerdo con el artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en materia
de corporaciones de derecho público, representativas de intereses económicos y sociales, a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears le corresponde:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución.
b) No goza de ningún tipo de competencia sobre esta materia.
c) La función ejecutiva.
d) La competencia exclusiva.
32. La ley que regula el ente del sector público instrumental autonómico es:
a) La ley 7/2010, de 21 de julio, del régimen jurídico del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
b) La Ley 7/2011, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares
c) La Ley 7/2010, de 21 de julio, de los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
d) La Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares
33. Los organismos de naturaleza privada de titularidad pública del sector público instrumental
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
a) Tienen personalidad jurídica mixta sin que puedan ejercer potestades administrativas
b) Tienen personalidad jurídica privada y pueden ejercer potestades administrativas cuando lo
prevean los estatutos del ente
c) Tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer potestades
administrativas.
d) Tienen personalidad jurídica pública y en casos excepcionales pueden ejercer potestades
administrativas.
34. Con carácter general, la mayoría de los miembros de la junta de gobierno de los entes del
sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deben ser
designados, directa o indirectamente
a) Por órganos de ente del sector público instrumental o por órganos de ente de la
Administración local.
b) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
c) Por órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de entes del sector público
instrumental
d) Por el Consejo de Gobierno.
35. De acuerdo con la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, indique el órgano competente para resolver los
procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos respecto de los actos dictados por el
órgano superior de dirección de los organismos públicos:
a) El consejo de dirección o el órgano equivalente del ente.
b) La Comisión de Análisis y Propuesta de Reestructuración del Sector Público.
c) La persona titular de la gerencia o el órgano unipersonal equivalente del ente
d) La persona titular de la consejería de adscripción del ente.
36. De acuerdo con el Código civil, con relación a las fuentes del derecho:
a) La costumbre sólo regirá a falta de una ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral
o al interés social y que resulte probada.
b) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de manera
reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y la costumbre.
c) Los principios generales del derecho se aplican a falta de ley, sin perjuicio de su carácter
informador del ordenamiento jurídico.
d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de manera
reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
37. Las resoluciones de los ministros se denominan:
a) Resoluciones ministeriales.
b) Órdenes ministeriales.
c) Decretos ministeriales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
38. Los reglamentos se pueden definir como:
a) Cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y
subordinada a la ley.
b) Cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la
delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales.
c) Cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración
pública, subordinada a la ley
d) Cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efecto
erga omnes
39. Indicad la respuesta incorrecta relativa al reglamento de necesidad:
a) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida.
b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico
c) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de
circunstancias extraordinaria
d) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico.
40. ¿Qué se entiende por inderogabilidad singular de los reglamentos?
a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos
cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos
únicamente cuando procedan del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
c) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las
disposiciones reglamentarias, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al
que dictó la disposición general.
d) Que la vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular
requiere el acuerdo del Consejo de ministros o del Consejo de Gobierno.
41. Señale la respuesta correcta. El artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que:
a) Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o
las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
b) No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles.
c) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
d) Todas las respuestas son correctas.
42. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula
lo siguiente:
a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
b) Los principios de la potestad sancionadora.
c) La organización y funcionamiento del sector público institucional para el desarrollo de sus
actividades.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
43. Señale la afirmación correcta respecto a los órganos consultivos regulados en la ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a) Estarán sujetos a la dependencia jerárquica, orgánica o funcional, de los órganos que hayan
elaborado las disposiciones objeto de consulta.
b) Podrán recibir las directrices e indicaciones de los órganos que hayan producido los actos
objeto de consulta.
c) Carecen de autonomía orgánica y funcional.
d) Actuarán de forma colegiada.
44. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las leyes
reguladoras de los distintos regímenes sancionadores (señale la respuesta correcta):
a) Podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las
sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
b) Podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las
sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
c) No podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las
sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
d) No podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las
sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
45. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio
de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el
convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice lo siguiente (señale la
respuesta incorrecta):
a) El impacto económico.
b) La necesidad y oportunidad.
c) El carácter contractual de la actividad en cuestión.
d) El cumplimiento de lo previsto en la citada Ley 40/2015.
46. Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta según el art. 56.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) Las medidas provisionales no pueden ser modificadas a instancia de parte.
b) Se prohíbe la adopción de la medida provisional de suspensión temporal de actividades.
c) Las medidas provisionales solo se extinguen cuando la resolución es firme en vía
administrativa
d) Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento quedarán sin
efecto cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.
47. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 69.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que
regula la declaración responsable y la comunicación:
a) Se entenderá por declaración responsable aquel documento mediante el que los interesados
ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o
cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
b) La comunicación deberá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad
c) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación.
d) Debe exigirse la presentación simultánea de la declaración responsable y la comunicación
salvo que la legislación sectorial lo prohíba.
48. Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
el plazo para la emisión del informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable:
a) No podrá exceder de diez días.
b) No podrá ser inferior a diez días ni superior a quince
c) No podrá ser inferior a diez días ni superior a treinta.
d) No podrá ser inferior a diez días.
49. Según el art. 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, ¿cuál es el plazo para resolver el procedimiento de
tramitación simplificada?
a) Tres meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de
tramitación simplificada del procedimiento.
b) Tres meses, a contar desde la fecha que se dicta la resolución de inicio del procedimiento.
c) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de
tramitación simplificada del procedimiento
d) Treinta días, a contar desde la fecha que se dicta la resolución de inicio del procedimiento.
50. Según el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas:
a) Los recursos administrativos contra una disposición general que se funden únicamente en la
nulidad de la misma podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha
disposición.
b) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de
alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante
el órgano que dictó dicha disposición.
c) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de
alguna disposición administrativa de carácter general deberán interponerse ante el órgano que
dictó dicha disposición.
d) Los recursos administrativos contra una disposición general que se funden únicamente en la
nulidad de la misma deberán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha
disposición.
51. Según el art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, se podrá imponer la sanción en el grado inferior:
a) Cuando las circunstancias lo aconsejen y lo solicite el interesado.
b) Cuando haya razones de interés público.
c) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes
d) Todas las respuestas son incorrectas.
52. Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, el plazo la prescripción de las sanciones vuelve a transcurrir cuando el procedimiento
esté paralizado:
a) Durante menos de un mes por causa no imputable al infractor.
b) Durante más de un mes.
c) Durante más de un mes por causa imputable al infractor.
d) Durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
53. Según el art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las
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cuestiones de inconstitucionalidad, ¿qué órgano fijará el importe de las indemnizaciones que
proceda abonar?
a) El Consejo de ministros.
b) El Consejo de ministros o el órgano de gobierno de la comunidad autónoma.
c) El Tribunal Constitucional.
d) El Ministerio de Justicia
54. Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, ¿qué criterios se ponderarán para cuantificar la indemnización que deben abonar los
empleados de la Administración en los casos de responsabilidad patrimonial?
a) El resultado dañoso producido.
b) El grado de culpabilidad.
c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su
relación con la producción del resultado dañoso
d) Todas las respuestas son correctas.
55. Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, el plazo para presentar alegaciones en los
procedimientos de responsabilidad patrimonial será de:
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días
d) Todas las respuestas son incorrectas.
56. Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo para dictar
resolución:
a) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo
General del Poder Judicial y su recepción.
b) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo
General del Poder Judicial y su recepción.
c) Podrá quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo
de Estado y su recepción
d) Quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe del Consejo de
Estado y su recepción.
57. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario:
a) La solvencia económica y financiera y técnica o profesional y la clasificación.
b) Las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial.
c) La concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.
d) Todas las respuestas son correctas.
58. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para
la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del
poder adjudicador concreto que hace el encargo, ¿qué requisitos, entre otros, se deben
cumplir?
a) Deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.
b) Será necesaria la conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del
que vaya a ser medio propio.
c) Será necesaria la verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser
medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la
realización de los encargos de conformidad con su objeto social.
d) Todas las respuestas son correctas.
59. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán
a) Los criterios de solvencia y de adjudicación del contrato.
b) Las consideraciones sociales, laborales y ambientales que se establezcan como criterios de
solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución.
c) Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato
d) Todas las respuestas son correctas.
60. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los
acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán por las Comisiones
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado:
a) Con eficacia general frente a todos los órganos de contratación.
b) Con eficacia limitada al territorio sede del órgano de contratación.
c) Con eficacia limitada al procedimiento de licitación en cuestión.
d) Con eficacia limitada a seis meses.
61. De acuerdo con el artículo 219.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la
duración de un acuerdo marco:
a) No podrá exceder de cinco años.
b) No podrá exceder de tres años.
c) No podrá exceder de seis años.
d) No podrá exceder de cuatro años
62. La redacción de un proyecto de obras es un contrato de:
a) Suministro.
b) Concesión de obras.
c) Obras.
d) Servicios
63. El nombramiento de la gerencia y de los demás órganos unipersonales de dirección:
a) Corresponde a la persona titular de la consejería de adscripción del ente, debiendo
publicarse en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» en el plazo máximo de diez días
b) Corresponde a la persona titular de la consejería de adscripción del ente, oído previamente
el órgano colegiado superior de dirección del ente, debiendo publicarse en el «Butlletí Oficial
de les Illes Balears» en el plazo máximo de diez días.
c) Corresponde al Consejo de Gobierno el cese de las personas titulares de la gerencia y de los
otros órganos unipersonales de dirección de los organismos autónomos. Ha de realizarse a
propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción del ente, oído previamente el
órgano colegiado superior de dirección del ente, debiendo publicarse en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears» en el plazo máximo de diez días.
d) Igual que el cese, corresponde al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de les
Illes Balears debiendo publicarse en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» en el plazo máximo
de diez días.
64. Para los empleados públicos, la formación continua y la actualización permanente de sus
conocimientos y capacidades profesionales es:
a) Una obligación.
b) Un derecho individual.
c) Un derecho y una obligación.
d) Un derecho.
65. No es un principio de conducta de los empleados públicos…
a) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente
en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
b) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de
los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
c) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,
resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
d) Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a
sus posteriores responsables.
66. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Personal laboral, funcionarios interinos, personal eventual y funcionarios de carrera.
b) Funcionarios de carrera.
c) Funcionarios interinos y funcionarios de carrera
d) Personal eventual, funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
67. El desarrollo del Estatuto Básico del empleado público es competencia
a) De las Cortes Generales.
b) De las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el ámbito de sus
competencias.
c) De las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el
ámbito de sus competencia
d) De las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y de los
órganos de Gobierno de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus
competencias
68. El título IX de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
a) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los deberes del personal funcionario; el
segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, el régimen de
incompatibilidades.
b) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el
segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, sus deberes y el régimen
de incompatibilidades.
c) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el
segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, el tercero, sus deberes, y el cuarto, el
régimen de incompatibilidades.
d) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el
segundo, su régimen retributivo, el tercero, el régimen de la Seguridad Social, y el cuarto, sus
deberes y el régimen de incompatibilidades.
69. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, son funciones de los organismos
autónomos y del resto de entidades instrumentales del sector público administrativo de la
comunidad autónoma:
a) Autorizar y disponer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno, y,
mediante la consejería de adscripción, elevarle los que lo sean.
b) Gestionar los créditos para gastos correspondientes a sus secciones presupuestarias o
presupuesto propio, y proponer o acordar sus modificaciones, según corresponda, de acuerdo
con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
c) Reconocer obligaciones económicas sin ordenar en ningún caso su pago
d) Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la sección presupuestaria o del
presupuesto propio correspondiente.
70. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, el fondo de contingencia debe destinarse, cuando sea
procedente, a atender:
a) Necesidades aplazables.
b) Necesidades de carácter discrecional.
c) Necesidades no previstas en los presupuestos generales aprobados inicialmente.
d) Necesidades que pueden presentarse únicamente a principios del ejercicio.
71. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, deben aplicarse a los créditos del presupuesto
vigente en el momento del reconocimiento presupuestario de la obligación los siguientes
gastos:
a) Los que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio del sector
público de la comunidad autónoma.
b) Los devengados en ejercicios anteriores que venzan en el ejercicio en curso.
c) Los devengados y vencidos en ejercicios anteriores, cuando se hayan contabilizado en el
cierre del ejercicio anterior en la cuenta Acreedores por operaciones devengadas y se imputen
al presupuesto corriente antes del último día del mes de febrer
d) Todas las respuestas son correctas.
72. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, el ejercicio de la función interventora comprende:
a) La fiscalización previa de los expedientes de modificación de crédito, con el alcance que se
determine reglamentariamente.
b) La intervención material de los pagos que no hayan sido ordenados y tramitados por
procedimientos automático
c) La fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes susceptibles de
producir obligaciones de contenido económico, únicamente en las fases de disposición o
compromiso del gasto, y reconocimiento de la obligación y propuesta de pago
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
73. En las entidades de derecho público dependientes, quiénes son los órganos competentes
para la concesión de subvenciones:
a) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas
entidades, de acuerdo con lo que prevé su normativa reguladora, previa autorización del
órgano colegiado superior de la entidad en los casos de las subvenciones en las que
excepcionalmente no sea posible promover la concurrencia pública de acuerdo con lo
establecido en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de subvenciones.
b) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas
entidades, de acuerdo con lo que prevé su normativa reguladora, previa autorización del
Consejo de Gobierno en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente no sea
posible promover la concurrencia pública de acuerdo con lo establecido en el Decreto
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
subvenciones.
c) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas
entidades o el órgano que determinen las bases reguladoras, previa autorización del Consejo
de Gobierno en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente no se puedan aplicar
los principios de publicidad y concurrencia por las características especiales del beneficiario, o
de la actividad subvencionada, no sea posible, objetivamente, promover su concurrencia
pública, así como cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, o cualquiera otra razón debidamente justificada que dificulte esta concurrencia.
d) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas
entidades o el órgano que determinen las bases reguladoras, previa autorización del órgano
colegiado superior de la entidad en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente
no se puedan aplicar los principios de publicidad y concurrencia de acuerdo con lo establecido
en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de subvenciones.
74. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de
concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones son:
a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de concesión es el que fija la
norma reguladora del procedimiento correspondiente o, en su caso, los que establecen las
bases reguladoras.
b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de concesión será de tres
meses.
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de concesión será de seis mese
d) No existe ninguna respuesta correcta.
75. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, ¿Debe motivarse la solicitud de acceso a la información?
a) Deberá estar motivada.
b) No debe motivarse en ningún caso
c)No es obligatorio a motivar la solicitud, sin embargo, se puede motivar.
d)La ausencia de motivación puede ser por si sola causa de rechazo de la solicitud.
76. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de
la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
a) Será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
b) Será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada
c) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada
d) Será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
77. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen
gobierno de las Illes Balears, en relación a la publicidad activa de la contratación pública, cada
órgano de contratación, una vez adjudicado el contrato, ¿qué información publicará en el ‘Perfil
del contratante’?
a) El adjudicatario
b) El procedimiento de contratación utilizado
c) Las modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o superior
al 25% del precio inicial del contrato, si procede.
d) El cuadro comparativo de las ofertas económicas y de las propuestas técnicas sin tener en
cuenta las mejoras ofrecidas.
78. ¿Qué Consejería gestiona el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears?
a) Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad
b) Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática
c) Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura
d) Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores
