La colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la formación del personal.

Garantizar la privacidad de los datos y la indemnidad de personas o bienes frente a amenazas.

Satisfacer necesidades legítimas de seguridad o información, velando por la indemnidad o privacidad de personas o bienes frente a vulneraciones, amenazas o riesgos accidentales.

Legalidad y necesidad de asegurar el éxito de actuaciones para preservar la seguridad pública, garantizando reserva y confidencialidad.

Oportunidad y discreción profesional.

Libertad de actuación siempre que no interfiera con investigación judicial.

Se necesite verificar alarmas técnicas sean falsas

Sea necesario para prevención de un peligro real para la seguridad pública o represión de infracciones penales, mediante acceso en tiempo real a la información.

Ambas respuestas son correctas

Empresas de seguridad privada, servicios de seguridad privada y usuarios que contraten dichos servicios.

Solo a empresas de seguridad privada y su personal habilitado.

Empresas de seguridad privada, personal de seguridad privada, despachos de detectives, servicios, medidas y contratos en ese ámbito.

Consultoría en análisis de riesgos.

Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, personas incluidas.

Ambas respuestas son correctas.

Actuaciones realizadas por empresas de seguridad para garantizar su propia seguridad.

Actuaciones de autoprotección directa sin contraprestación.

Servicios internos de videovigilancia con empleados propios.

Es lícita la prestación de servicios de seguridad privada por parte de personal no habilitado si actúa bajo supervisión de una empresa autorizada.

Es ilícita la prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por personas físicas o jurídicas sin autorización, y la responsabilidad recaerá únicamente sobre quien contrate tales servicios.

Es ilícita la prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por personas físicas o jurídicas sin autorización, y la responsabilidad será solidaria entre quien preste y quien contrate tales servicios.

Sólo las empresas, no el personal habilitado ni despachos de detectives.

Las empresas, los despachos de detectives y el personal habilitado o acreditado profesionalmente.

Únicamente los despachos de detectives y los centros de formación de seguridad privada.

El Ministerio del Interior podrá autorizar la creación de centros de formación mixtos con la Administración estatal y autonómica.

El Ministerio del Interior organizará comisiones mixtas locales remuneradas para fiscalizar empresas de seguridad privada.

El Ministerio del Interior u órgano autonómico competente adoptará medidas organizativas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Órganos de control sancionador exclusivamente estatales.

Comisiones mixtas de seguridad privada nacionales, autonómicas o provinciales, con carácter consultivo y de colaboración con el sector y la administración.

Órganos operativos que supervisan directamente los contratos entre empresas y usuarios de seguridad privada.

Todas las empresas deben presentar declaración responsable y serán inscritas automáticamente, sin necesidad de autorización administrativa.

Las empresas que presten servicios transfronterizos solo necesitan autorización judicial especial.

Todas las empresas deben obtener autorización administrativa que será válida por tiempo indefinido y serán inscritas de oficio salvo las que se dediquen exclusivamente a la actividad del artículo 5.1.f), que podrán usar declaración responsable.

Todas las empresas deben obtener autorización administrativa que será válida por tiempo indefinido y serán inscritas de oficio salvo las que se dediquen exclusivamente a la actividad del artículo 5.1.f), que podrán usar declaración responsable.

Las empresas que presten servicios transfronterizos solo necesitan autorización judicial especial

Todas las empresas deben presentar declaración responsable y serán inscritas automáticamente, sin necesidad de autorización administrativa.

Presentar un informe trimestral de actividades que puede incluir datos personales si el cliente lo autoriza.

Presentar un informe anual sobre actividades y cuentas al Ministerio u órgano autonómico, pero nunca podrá contener datos de carácter personal.

Presentar mensualmente un resumen financiero y operativo, aunque dependa del tipo de contratación.

Persona que asume tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.

Persona física que ejerce funciones operativas o técnicas en la empresa.

Persona designada por el Ministerio del Interior para supervisar la actividad de la empresa.

Las empresas de seguridad privada son consideradas actividad profesional liberal sin regulación específica.

Todas las empresas con capital extranjero deben comunicar mensualmente sus movimientos al Ministerio del Interior.

Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento; cuando se suspenda el régimen de liberalización de movimientos de capital, la autorización previa de inversiones extranjeras exigirá informe previo del Ministerio del Interior.

Contar con al menos dos detectives con experiencia acreditada en investigación para abrir el despacho.

Registrar el nombre del despacho en el Ministerio del Interior y en la comunidad autónoma correspondiente.

Obtener autorización administrativa que habilite su apertura y funcionamiento como despacho de detectives privados.

Contar con los medios financieros necesarios para la puesta en marcha del proyecto empresarial.

Disponer de medios financieros suficientes para responder por daños causados durante la prestación del servicio.

Acreditar fondos bloqueados en cuenta pública como garantía de solvencia.

La ley exige acreditar experiencia de al menos tres años en el sector para obtener habilitación.

Las habilitaciones profesionales se concederán si se cumplen condiciones reglamentarias exigidas para cada profesión.

Sólo podrán habilitarse personas vinculadas contractual o registralmente con una empresa autorizada, sin más requisitos.

Haber trabajado durante al menos seis meses en actividades de seguridad privada o investigación.

Haber sido recomendado por al menos dos ex miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Haber superado el curso de formación homologado y superado la evaluación regulatoria correspondiente.

Principios de legalidad, oportunidad, urgencia, proporcionalidad, confidencialidad y cooperación pública.

Principios de legalidad, secreto profesional, discreción, proporcionalidad, formación continua y colaboración.

Principios de legalidad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva y colaboración.

Acreditar nacionalidad, mayor de edad, no estar privado de derechos civiles ni estar incursas en inhabilitación.

Superar pruebas físicas y demostrar experiencia previa específica en la actividad a habilitar.

Pertenecer a una empresa autorizada por un mínimo de dos años y no tener antecedentes penales.

Deben comunicar mensualmente los contratos de investigación al Ministerio de Interior, y conservar archivos por cinco años.

Han de cumplir con todas las obligaciones generales recogidas en los artículos previos sobre formación y registro del personal.

Deberán cumplir las obligaciones generales establecidas en dicha disposición, las cuales incluyen memoria anual, comunicación de actividades e imposibilidad de contener datos personales en sus informes.

Haber sido sancionado administrativamente por infracción leve hace menos de cinco años.

No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los últimos dos años.

Ser empleado de una empresa de seguridad privada desde cinco años como mínimo.

Desarrollar actividades conforme a la ley, respetar principios constitucionales, cumplir normas de protección de datos y presentar informes anuales sin datos personales.

Contratar solo personal habilitado, respetar convenios sindicales, inscribirse voluntariamente y notificar baja si cesan actividad.

Garantizar formación continua, renovar autorización cada cinco años, permitir inspecciones anuales y mantener archivo físico de documentos.

Cinco años, prorrogables automáticamente por períodos iguales si no hay incumplimientos.

Válida hasta que cambien sus actividades principales, lo que obligaría a renovar.

Tiene validez indefinida, sin necesidad de renovación periódica.

Efectuar registros corporales internos sin contar con autorización expresa y detener a infractores durante inspecciones de mercancías en polígonos industriales.

Investigar delitos perseguibles de oficio de forma autónoma dentro de instalaciones vigiladas y denunciar los hallazgos ante la Policía sin requerir entrega inmediata.

Realizar comprobaciones, registros y prevenciones; ejercer controles de identidad; impedir la comisión de actos delictivos; y detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras funciones descritas textualmente.

Los escoltas privados, con habilitación, podrán prestar servicios de protección personal siempre que medie autorización administrativa, y con las características establecidas reglamentariamente para su especialidad.

Los escoltas privados pueden portar armas largas y escoltar a personas sin autorización cuando se trate de trayectos urbanos.

La actividad de escolta privada no requiere habilitación si se realiza en eventos culturales previamente comunicados a la autoridad.

El jefe de seguridad analizará riesgos, organizará el personal, validará provisionalmente sistemas, coordinará servicios y garantizará la custodia de armas de la empresa.”

El jefe de seguridad asumirá funciones de escolta especial en eventos, propondrá sistemas de videovigilancia sin control administrativo y solo supervisará formación ocasional.

El jefe de seguridad actuará como intermediario entre usuario y Fuerzas de Seguridad sin responsabilidad operativa.

Controlar el mantenimiento de los sistemas de seguridad y validar definitivamente su adecuación normativa.

Controlar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y validar provisionalmente su adecuación normativa.

Verificar operativamente los dispositivos tecnológicos sin intervención administrativa.

Presentarlos ante el cliente en un plazo máximo de 30 días, conforme al reglamento.

Ratificarlos ante autoridades judiciales o policiales cuando se les requiera.

Ambas respuestas son correctas.

Sólo las empresas de seguridad privada pueden prestar dichos servicios

Los guardas rurales pueden prestar servicios incluso sin estar integrados en empresas.

Personas físicas no habilitadas pueden ofrecer servicios si lo hacen como complemento de autoprotección.

Puede prestar servicios como consultor externo independiente.

Debe estar integrado en plantilla de la empresa que contrata.

Podrá actuar libremente, sin vinculación legal con la entidad.

Los guardas rurales podrán actuar como vigilantes de explosivos en fincas agrícolas, y los guardas de caza podrán intervenir en espacios fluviales; los guardapescas marítimos no tienen autorización para actuar en zonas marítimas.

Los guardas de caza desempeñarán funciones previstas para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza respecto al régimen cinegético y espacios de pesca fluvial. Los guardapescas marítimos ejercerán funciones previstas en el apartado 1 y, además, las de vigilancia y protección de establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros. Asimismo, los guardas de caza y los guardapescas podrán proceder a la retirada u ocupación de piezas cobradas y medios de caza o pesca utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.”

Los guardas rurales podrán asumir funciones de escolta personal y colaborar con tráfico marítimo en zonas pesqueras.”

Coordinar con los Cuerpos de Seguridad la planificación de operativos preventivos internos.

Informar directamente al Ministerio del Interior sobre actividades sospechosas detectadas en la empresa.

Comunicar hechos relevantes para la seguridad ciudadana o delictivos de los que tenga conocimiento.

Los medios usados deben estar homologados y no generar confusión con cuerpos policiales.

Los vigilantes pueden portar armas de fuego en cualquier servicio si están habilitados individualmente.

Ambas respuestas son correctas.

Los vigilantes pueden portar armas de fuego en cualquier servicio autorizado, si lo aprueba la empresa.

Guardas particulares del campo siempre pueden portar armas en sus servicios sin necesidad de autorización.

Solo determinados servicios específicos autorizados reglamentariamente pueden prestarse con armas de fuego.

Los vigilantes de seguridad no podrán portar armas de fuego como regla general.

Está permitido portar armas si el cliente lo solicita por escrito.

Solo se requiere autorización cuando el servicio involucra zonas públicas.

Se prestan mayoritariamente en espacios abiertos y vías públicas.

Se prestan, por regla general, en el interior de inmuebles o propiedades.

Solo se prestan en el exterior cuando lo autoriza el Ministerio del Interior.

Personal técnico especializado contratado por la empresa, sin necesidad de habilitación.

Cualquier empleado interno con formación básica si opera desde la central de control.

Vigilantes de seguridad o guardas rurales, incluso independientemente de si las cámaras son móviles o fijas.