El artículo 53.1 de la Constitución Española establece una regla fundamental en lo que respecta a la protección y garantía de derechos y libertades en el Estado de Derecho. La idea central es que los poderes públicos (esto es, todas las entidades y organismos que ejercen poder en nombre del Estado, como el poder ejecutivo, legislativo, judicial, entre otros) tienen la obligación imperativa de respetar, proteger y promover los derechos y libertades que se mencionan en el Capítulo segundo del Título I.
Esta disposición tiene varias implicaciones importantes:
Supremacía Constitucional: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Por tanto, todas las demás normas y actos de los poderes públicos deben estar en consonancia con lo que establece la Constitución, especialmente en materia de derechos y libertades.
Función Limitadora: Esta disposición actúa como una limitación al ejercicio del poder por parte de las autoridades. Es decir, en su actuar, las autoridades no pueden ir en contra de estos derechos y libertades ni pueden actuar de forma que los vulneren.
Función Garante: Además de actuar como una limitación, este artículo implica que los poderes públicos deben tomar medidas activas para garantizar que estos derechos y libertades sean una realidad para todos los ciudadanos. No se trata solo de no interferir o no vulnerar estos derechos, sino de adoptar las políticas, leyes y otras medidas necesarias para que estos derechos se cumplan en la práctica.
Vinculación Total: Al decir que "vinculan a todos los poderes públicos", se refiere a que esta obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades es total y abarca a todas las autoridades, en todos los niveles y en todos los ámbitos de actuación.
En resumen, el artículo 53.1 refuerza la idea del compromiso del Estado, a través de sus diversos poderes y autoridades, de respetar, proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Es una cláusula que refrenda la naturaleza democrática y de respeto a los derechos humanos del Estado español.