EAA IGUALDAD Y PD

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 20), se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse:

• En los términos que establezca el Reglamento que dicte el Consejo de Gobierno

• En los términos que establezca la ley

• En los términos que establezca la Constitución

• En los términos que establezca el Decreto del Consejero competente

No se encuentra entre los deberes recogidos para todas las personas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 36):

• Contribuir al sostenimiento del gasto público en función de sus ingresos.

• Conservar el medio ambiente.

• Colaborar en las situaciones de emergencia.

• Contribuir económicamente al total de costes de la enseñanza

  obligatoria de sus hijos.

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 53), corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre:

• La aprobación de los Reglamentos de funcionamiento de los Departamentos

• La gestión de los procesos de acceso a las Facultades

• El marco jurídico de los títulos propios de las universidades

• La elección del Rector

Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tienen su sede:

• En las ciudades de Sevilla y Granada, respectivamente.

• En la ciudad que determine una norma de desarrollo con rango de ley de bases.

• En la ciudad de Sevilla.

• En la ciudad que determinen los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma.

Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía corresponde a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria:

• La aprobación de los calendarios académicos anuales de las universidades públicas, garantizando unos requisitos equivalentes de dedicación académica.

• La aprobación de los estatutos de las universidades públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas.

• La aprobación del catálogo de títulos propios de las universidades públicas y privadas.

• La regulación del número y régimen de convocatorias en los procesos de evaluación.

¿Cuál de los siguientes NO es un derecho de los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud recogido en el art. 22 del Estatuto de Autonomía para Andalucía?

• La libre elección de médico y de centro sanitario.

• Disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos.

• El veto a la actuación de facultativo por negligencia profesional.

• El acceso a cuidados paliativos.

Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su art. 5, se establece que no constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando:

• Debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

• Dicha diferencia de trato no pueda determinarse con claridad y siempre y cuando el objetivo que se persiga en su aplicación sea legítimo y proporcionado.

• Dicha diferencia no afecte a la integridad moral del trabajador/a y constituya un requisito necesario para el desempeño de actividades profesionales concretas, según los criterios establecidos por la empresa o Administración Pública de que se trate.

• Cualquier diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, constituye siempre una discriminación en el acceso al empleo.

La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres determina en su art. 6 las formas de discriminación por razón de sexo, que podrán ser:

• Abierta y directa.

• Directa e indirecta

• Objetiva y subjetiva

• Real y demostrable.

. En cuanto a la “prueba” la LO 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, establece en su art. 13 lo siguiente:

• En aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

• En aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá al propio demandante, probar que ha existido discriminación por razón de sexo en su contra.

• A los efectos de la prueba, el órgano judicial estará obligado a solicitar un informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

• Lo establecido en la LO 3/2007 con respecto a la prueba, se aplicará también en los procesos penales.

En cuanto al tratamiento de datos basado en el consentimiento del afectado y según establece la LO 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (art. 6):

• Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

• Sólo es necesario el consentimiento del afectado para el uso de datos personales donde aparezca el domicilio y documento de identidad de éste, pudiendo utilizarse cualquier otro tipo de datos para expedientes dentro del ámbito de la Administración Pública.

• Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad de carácter general, de tal manera que pueda deducirse que acepta el uso de sus datos personales por tiempo indeterminado y exclusivamente para un objetivo basado en el bien general.

• La LO 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, deja la regulación del consentimiento del afectado a un posible desarrollo reglamentario