Según el artículo 167.3, para que la reforma constitucional sea sometida a referéndum para su ratificación, quién debe haberla aprobado previamente:

• El Congreso.

• Ninguna de las opciones es correcta.

• El Senado.

• Las Cortes Generales.

Según el artículo 159 de la Constitución Española, respecto a la composición y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

• A) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados exclusivamente por el Gobierno, quienes ejercerán su función por un período indefinido.

• B) Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey, a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y deben ser juristas con más de quince años de ejercicio profesional.

• C) Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por un voto popular y deben ser personas en ejercicio político, con el fin de asegurar representación popular en la Institución.

• D) Todos los miembros del Tribunal Constitucional pueden ser nombrados procedentes de cualquier ámbito profesional, sin necesidad de cumplimentar requisitos de experiencia o especialización.

Conforme a la Constitución española cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada:

• a) Por las Comunidades Autónomas mediante ley.

• b) Por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

• c) Por el Pleno de la Diputación provincia

En aplicación del artículo 167.3 de la Constitución Española, el sometimiento de la reforma constitucional a referéndum, tiene como objetivo:

• Su promulgación.

• Su sanción.

• Su ratificación.

• Su aprobación.

En el tema de las concesiones administrativas, corresponde al Estado en exclusiva:

art 149.1 CE

• Su legislación básica, a salvo de lo que dispongan los Estatutos.

• La autorización.

• La financiación.

• Su legislación básica.

Antes de aprobarse la reforma total de la Constitución:

art. 168

• Aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes

• Debe celebrarse referéndum consultivo.

• Han de celebrarse elecciones generales.

• Ha de aprobarse el principio por mayoría de 3/5 de cada Cámara.

En relación con las leyes orgánicas, el artículo 81 de la Constitución española dispone que:

• A) Son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos y deberes de los ciudadanos, salvo el régimen electoral general.

• B) Su aprobación, modificación o derogación exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

• C) Su aprobación, modificación o derogación exigirá mayoría de dos tercios del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

• D) Su aprobación, modificación, suspensión o derogación exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Según la Constitución española, el Pleno de las Cámaras podrá recabar el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación en una Comisión Legislativa Permanente:

• A) En cualquier momento.

• B) En cualquier momento, salvo para cuestiones internacionales.

• C) En ningún momento.

• D) Requiere una proposición previa del Gobierno de la Nación.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas en relación con el ejercicio de las funciones delegadas a las que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución española, se ejercerá por:

• A) El Gobierno, previo dictamen del Ministerio competente en materia de Administraciones públicas.

• B) El Senado.

• C) La jurisdicción contenciosa-administrativa.

• D) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Constitución española, los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados:

• A) Por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia de la organización y funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

• B) Por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes salvo que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

• C ) Por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

• D) Por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.