El Estado Social de Derecho en Colombia, consagrado en la Constitución de 1991, establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales y promover el bienestar de la población. Sin embargo, su aplicación enfrenta múltiples desafíos. En el ámbito de la salud, el sistema de aseguramiento ha generado desigualdades en el acceso a servicios médicos de calidad, evidenciadas en la crisis de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En educación, la falta de financiación pública adecuada ha limitado el acceso a una educación superior gratuita y de calidad para la mayoría de la población. En el campo laboral, a pesar de los mecanismos legales de protección al trabajador, la informalidad sigue siendo una barrera para garantizar derechos laborales básicos. A lo largo de los años, la Corte Constitucional ha sido un actor clave en la protección de estos derechos mediante sentencias que han obligado al Estado a corregir deficiencias en la implementación de políticas públicas. No obstante, persisten tensiones entre la realidad económica del país y el cumplimiento efectivo del modelo de Estado Social de Derecho.
Con base en el texto, ¿cuál es un problema estructural que enfrenta el Estado Social de Derecho en Colombia?