52. Argumentan miembros de la Iglesia católica que no pueden recibir el mismo tratamiento que las demás iglesias, ni sus capillas en las entidades del Estado suprimirse dado que tienen el mayor número de fieles, una larga tradición y por los servicios prestados a la comunidad durante cientos de años. Las decisiones de la Corte Constitucional, como, por ejemplo, sobre el aborto y la eutanasia constituyen una vulneración a sus preceptos. Las premisas constitucionales que permiten controvertir las anteriores posiciones son que

53. Un periódico de amplia circulación nacional, con su periodista WR, publica en formato impreso y en internet una noticia indicando que el señor JP, funcionario de la Alcaldía de Soratama, participó en el desvío de unos dineros públicos en beneficio de particulares y en la celebración indebida de contratos. La noticia se reprodujo durante varios días en primera página y abrió los titulares de la página web del medio. Sin embargo, el señor JP no maneja dineros ni tiene a su cargo la contratación. En defensa de sus derechos y del derecho de los ciudadanos a estar bien informados, él puede:

54. El señor Raúl, el 22 de febrero de 2021, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la EPS SALUD BOGOTÁ, de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión del tratamiento médico que no recibió, en su sentir, de manera idónea por un accidente de trabajo. Él señala que la EPS se negó a atenderlo argumentando que había encontrado irregularidades y falsedad en la afiliación. Por ello, la EPS formuló denuncia y ordenó, a través de acto administrativo motivado y notificado personalmente al demandante el 23 de noviembre de 2020, la suspensión de la prestación de servicios de salud y después, la desafiliación del paciente del sistema de salud. El señor Raúl lo consideró totalmente improcedente, lo cual, por demás, no le concedió recurso alguno en vía administrativa. Solicitó el demandante 1.500 SMLMV por perjuicios morales; 2.000 SMLMV por daño a la vida de relación; 300 SMLMV por lucro cesante consolidado y la suma que se fije en el proceso, por la disminución laboral del 70%, desde el 23 de octubre de 2019, fecha en que ocurriere el accidente, hasta su vida laboral probable, por lucro cesante futuro. Agregó que la EPS le causó perjuicios al proferir el acto administrativo que le fuere notificado, - que allega al proceso con constancia de notificación-, a través del cual se decidió suspenderle los servicios médicos, con posterioridad a lo cual ordenó desafiliarlo del sistema de salud. ¿Cuál habría sido el medio control principal y más apropiado para que presentara el señor Raúl?

55.El señor Raúl, el 22 de febrero de 2021, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la EPS SALUD BOGOTÁ, de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión del tratamiento médico que no recibió, en su sentir, de manera idónea por un accidente de trabajo. Él señala que la EPS se negó a atenderlo argumentando que había encontrado irregularidades y falsedad en la afiliación. Por ello, la EPS formuló denuncia y ordenó, a través de acto administrativo motivado y notificado personalmente al demandante el 23 de noviembre de 2020, la suspensión de la prestación de servicios de salud y después, la desafiliación del paciente del sistema de salud. El señor Raúl lo consideró totalmente improcedente, lo cual, por demás, no le concedió recurso alguno en vía administrativa. Solicitó el demandante 1.500 SMLMV por perjuicios morales; 2.000 SMLMV por daño a la vida de relación; 300 SMLMV por lucro cesante consolidado y la suma que se fije en el proceso, por la disminución laboral del 70%, desde el 23 de octubre de 2019, fecha en que ocurriere el accidente, hasta su vida laboral probable, por lucro cesante futuro. Agregó que la EPS le causó perjuicios al proferir el acto administrativo que le fuere notificado, -que allega al proceso con constancia de notificación- a través del cual se decidió suspenderle los servicios médicos, con posterioridad a lo cual ordenó desafiliarlo del sistema de salud. ¿Cuál sería la autoridad judicial a la que se debería dirigir la demanda?

56. El señor Raúl, el 22 de febrero de 2021, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la EPS SALUD BOGOTÁ, de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión del tratamiento médico que no recibió, en su sentir, de manera idónea por un accidente de trabajo. Él señala que la EPS se negó a atenderlo argumentando que había encontrado irregularidades y falsedad en la afiliación. Por ello, la EPS formuló denuncia y ordenó, a través de acto administrativo motivado y notificado personalmente al demandante el 23 de noviembre de 2020, la suspensión de la prestación de servicios de salud y después, la desafiliación del paciente del sistema de salud. El señor Raúl lo consideró totalmente improcedente, lo cual, por demás, no le concedió recurso alguno en vía administrativa. Solicitó el demandante 1.500 SMLMV por perjuicios morales; 2.000 SMLMV por daño a la vida de relación; 300 SMLMV por lucro cesante consolidado y la suma que se fije en el proceso, por la disminución laboral del 70%, desde el 23 de octubre de 2019, fecha en que ocurriere el accidente, hasta su vida laboral probable, por lucro cesante futuro. Agregó que la EPS le causó perjuicios al proferir el acto administrativo que le fuere notificado, - que allega al proceso con constancia de notificación-, a través del cual se decidió suspenderle los servicios médicos, con posterioridad a lo cual ordenó desafiliarlo del sistema de salud. ¿Hasta qué fecha sería oportuno presentar el respectivo medio de control, so pena de que opere la caducidad?

57. El señor Raúl, el 22 de febrero de 2021, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la EPS SALUD BOGOTÁ, de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión del tratamiento médico que no recibió, en su sentir, de manera idónea por un accidente de trabajo. Él señala que la EPS se negó a atenderlo argumentando que había encontrado irregularidades y falsedad en la afiliación. Por ello, la EPS formuló denuncia y ordenó, a través de acto administrativo motivado y notificado personalmente al demandante el 23 de noviembre de 2020, la suspensión de la prestación de servicios de salud y después, la desafiliación del paciente del sistema de salud. El señor Raúl lo consideró totalmente improcedente, lo cual, por demás, no le concedió recurso alguno en vía administrativa. Solicitó el demandante 1.500 SMLMV por perjuicios morales; 2.000 SMLMV por daño a la vida de relación; 300 SMLMV por lucro cesante consolidado y la suma que se fije en el proceso, por la disminución laboral del 70%, desde el 23 de octubre de 2019, fecha en que ocurriere el accidente, hasta su vida laboral probable, por lucro cesante futuro. Agregó que la EPS le causó perjuicios al proferir el acto administrativo que le fuere notificado, - que allega al proceso con constancia de notificación-, a través del cual se decidió suspenderle los servicios médicos, con posterioridad a lo cual ordenó desafiliarlo del sistema de salud. En el presente caso, el juez competente debería

58. El señor Raúl, el 22 de febrero de 2021, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la EPS SALUD BOGOTÁ, de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión del tratamiento médico que no recibió, en su sentir, de manera idónea por un accidente de trabajo. Él señala que la EPS se negó a atenderlo argumentando que había encontrado irregularidades y falsedad en la afiliación. Por ello, la EPS formuló denuncia y ordenó, a través de acto administrativo motivado y notificado personalmente al demandante el 23 de noviembre de 2020, la suspensión de la prestación de servicios de salud y después, la desafiliación del paciente del sistema de salud. El señor Raúl lo consideró totalmente improcedente, lo cual, por demás, no le concedió recurso alguno en vía administrativa. Solicitó el demandante 1.500 SMLMV por perjuicios morales; 2.000 SMLMV por daño a la vida de relación; 300 SMLMV por lucro cesante consolidado y la suma que se fije en el proceso, por la disminución laboral del 70%, desde el 23 de octubre de 2019, fecha en que ocurriere el accidente, hasta su vida laboral probable, por lucro cesante futuro. Agregó que la EPS le causó perjuicios al proferir el acto administrativo que le fuere notificado, - que allega al proceso con constancia de notificación-, a través del cual se decidió suspenderle los servicios médicos, con posterioridad a lo cual ordenó desafiliarlo del sistema de salud. Con la demanda, el señor Raúl debía acreditar que realizó

59. En el marco de una sentencia de unificación, en la cual se reconoció un derecho subjetivo, se identifica una situación de hecho y de derecho, igual a la que se discute en el marco de una actuación administrativa que se ventila ante una entidad pública. El peticionario solicita la extensión de efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, con el fin de tener éxito en su requerimiento y lograr que se le reconozca un derecho. Presentada la petición de extensión, la administración decide negar la aplicación de los efectos de la sentencia de unificación, ante lo cual, el peticionario decide acudir ante el Consejo de Estado, para que se resuelva sobre la extensión de la jurisprudencia. Frente a la situación planteada, es dable afirmar que

60. Una Empresa Social del Estado suscribe con el contratista y la correspondiente interventoría una acta de recibo final de obra pública, en consideración a la construcción del edificio sede de la entidad hospitalaria. La entidad pública, un año después de la entrega y recibo definitivo, estando vigente la póliza de garantía única de cumplimiento (garantía estabilidad de obra), procede a declarar por medio de acto administrativo motivado, el siniestro de la garantía de estabilidad de obra, dado que identifica que posterior al recibo de la obra, se presentan patologías graves en la estructura del edificio que amenazan la seguridad de quienes ocupan a diario la edificación. Ante la situación planteada, el contratista podría tener como válido alguno de los siguientes escenarios:

61. ____________, es propia de los sistemas jurídicos legalistas o mejor conocidos como civil law, en donde la jurisprudencia es considerada una fuente auxiliar pues no tiene la capacidad de generar obligaciones generales y abstractas, sino que se limita a interpretar la ley en su aplicación, y dicha interpretación tiene un mayor o menor grado de autoridad, pero exclusivamente frente a los Jueces/zas, Magistrados/as de menor jerarquía en sus decisiones y no como normas obligatorias para la administración en general. Cosa diferente sucede con los países del common law, en donde la jurisprudencia cobra un sentido diferente, pues se trata de la ley surgida de los casos, ________. En el common law, la regla no surge de la interpretación de una ley sino que se trata de la implementación de una regla para la solución de un problema concreto en que los hechos juegan un papel fundamental. La regla de ______ no puede entenderse desligada de los hechos, pues es solo frente a la hipótesis que ellos plantean que la regla es aplicable, y frente a esa hipótesis, la regla resulta de obligatorio cumplimiento, tanto para los Jueces/zas, Magistrados/as inferiores como para los tribunales que la expidan e incluso frente a la administración.” (Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2015). Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:

62. Las opiniones consultivas que realiza la Corte IDH son producto de la competencia que le concede el Pacto de San José (artículos 41e y 64) Esta función interpretativa se ejerce sobre cualquier tratado internacional que fuese parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, las opiniones consultivas tienen limitaciones entre las cuales se encuentran: 1. Que el tratado carezca de implicaciones directas en la garantía de los DDHH en un Estado que hace parte del Sistema Interamericano. 2. Que la solicitud de consulta esté enfocada en reafirmar la Jurisdicción Contenciosa de la Corte IDH. 3. Que el tratado tenga implicaciones directas en la garantía de los DDHH en un Estado que hace parte del Sistema Interamericano. 4. Que la solicitud de consulta esté enfocada en desvirtuar la Jurisdicción Contenciosa de la Corte IDH.

63. Desde un plano teórico del constitucionalismo global puede entenderse que el reconocimiento de principios es una agenda política y académica que identifica y aboga por la aplicación de principios internacionales de Derechos Humanos a problemas jurídicos surgidos en una comunidad jurídico-política local, a través de criterios hermenéuticos que les den fuerza vinculante a las disposiciones desarrolladas por el orden jurídico internacional. Esta teoría le da un enfoque diferente al tradicional constitucionalismo que se fundamenta en la obligatoriedad de las normas y reglas jurídicas del Derecho interno o nacional frente a las disposiciones del Derecho Internacional, cuyo valor vinculante se fundamenta especialmente en el principio de pacta sunt servanda. Esta situación deja a criterio de las autoridades de cada Estado la aplicación o no de las disposiciones que crean y rigen a las autoridades y organismos internacionales, especialmente, aquellas que tienen facultades jurisdiccionales. Por lo expuesto, dentro de las características que ha desarrollado el constitucionalismo global contemporáneo se encuentran: 1. Legitimación del ejercicio del poder público. 2. Prevalencia del Derecho positivo interno sobre las reglas del Derecho Internacional. 3. Interpretación de las reglas del Derecho local – nacional, aplicando criterios de interpretación que armonicen las disposiciones constitucionales que hacen parte del sistema jurídico nacional.4. El juicio de ponderación como técnica de interpretación de las disposiciones constitucionales para la resolución de problemas que tengan relación con los Derechos Humanos.

65. La teoría jurídica considera que las reglas y los principios son categorías de normas jurídicas que establecen aquello que debe ser (regla) y lo que es (principio). Por ello, estas dos disposiciones tienen una vocación normativa que se ve reflejada en permisiones, mandatos y prohibiciones para limitar y exigir un comportamiento específico. A pesar de la aparente similitud entre estos conceptos jurídicos la Corte Constitucional desde los albores de creación jurisprudencial ha considerado que tienen diferencias sustanciales pero que, al momento de la interpretación judicial, construyen una sinergia necesaria para la eficacia de las disposiciones constitucionales. Así, los principios son normas a través de las cuales se estructuran y fundamentan las distintas instituciones jurídicas que le dan fundamento. Por el contrario, las reglas son normas de conducta que consagran imperativos categóricos que deben ser exactamente cumplidos, independientemente del ámbito fáctico o jurídico en el que se originan. Por lo anterior, es posible afirmar que:

66. “_______ son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; ______ son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. _______, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. ________, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables, a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales.” ( Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:

67. El precedente constitucional es una herramienta de protección de la confianza legítima y la buena fe. Contribuye a evitar la interpretación arbitraria de los elementos del sistema jurídico por las autoridades judiciales al momento de resolver los problemas jurídicos puestos a su consideración. El alcance que llegue a tener depende de la autoridad judicial que lo emita. La jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos tipos de precedentes según su origen: horizontal y vertical. El primero comprende las decisiones judiciales emitidas por autoridades de la misma jerarquía o por la autoridad judicial. El segundo es aquel desarrollado por las instancias superiores que unifican la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Lo expuesto en el párrafo precedente resulta esencial porque si una autoridad judicial decide apartarse del precedente, debe exponer las razones suficientes que permitan la aplicación de un nuevo criterio de interpretación, según los lineamientos jurisprudenciales que faculten adoptar esa separación. Por lo expuesto, la separación del precedente constitucional implica

68. La Corte Constitucional ha desarrollado lineamientos relacionados con el precedente jurisprudencial como son: el rol que éste desempeña en del sistema jurídico colombiano, los criterios para separarse cuando la regla jurisprudencial fue elaborada por otras autoridades de cierre judicial como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado y la implementación de las decisiones adoptadas por organismos internacionales como criterios de interpretación para las autoridades jurisdiccionales nacionales. Algunos de los lineamientos esbozados por el Tribunal Constitucional colombiano que tienen relación con los asuntos expuestos previamente son: 1. Las reglas y estándares fijados por la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales internacionales son un criterio hermenéutico relevante, así el legislador no los mencione expresamente. 2. El apartamiento jurisprudencial es un elemento esencial de la autonomía judicial, porque permite separarse de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos de cierre y unificación jurisprudencial, incluyendo la Corte Constitucional, de manera excepcional y empleando argumentos jurídicos. 3. Las reglas y estándares fijados por la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales internacionales son un criterio hermenéutico relevante siempre y cuando el legislador los mencione expresamente. 4. El apartamiento jurisprudencial es un elemento esencial de la autonomía judicial, porque permite separarse de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos de cierre y unificación jurisprudencial, excluyendo la Corte Constitucional, de manera excepcional y empleando argumentos jurídicos.

69. La Corte Constitucional ha definido los lineamientos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, así como la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales. Este equilibrio se logra gracias a la procedencia excepcional de este mecanismo judicial en los presupuestos previamente mencionados. En este sentido y con relación al primero de los supuestos puede afirmarse que:

70. “Frente al decisum, este debe reconocerse como la resolución concreta del caso. Por______, precisó que ella debía considerarse como “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva” y finalmente, por ________, “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”. Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:

¿Si un juez excluye a las parejas homosexuales de los efectos jurídicos que se desprenden de la Ley 54 de 1990 constituye una vulneración del principio de la dignidad humana, toda vez que se limita la posibilidad de estas personas a tener un plan de vida y desarrollarse libremente?

71. La primera es que _______________ se encuentra ligado a la materialización de los derechos, la protección de la Constitución o de la ley; en tanto que __________ atañe al adecuado ejercicio de funciones públicas de diversa naturaleza para la satisfacción de los intereses de toda la comunidad. Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de

72. Existe un derecho que tienen los pueblos indígenas a que la implementación de una medida (legislativa o administrativa) que los afecta de manera intensa y requiera previamente una aprobación sin coacciones y debidamente informada La anterior definición corresponde al concepto de

73. “La autoridad y el poder son dos cosas diferentes: el _____es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer. La _______ es el derecho de dirigir y mandar, de ser oído u obedecido por otro. La autoridad requiere el poder”

74. De las siguientes características, una de las siguientes NO caracteriza un Estado pluralista:

75. “La Corte Constitucional ha establecido que todos los derechos fundamentales se componen de dos facetas. Por una parte, tienen una arista __________, que implica un deber de abstención para el Estado y los particulares, pues están obligados a no interferir en el ejercicio del derecho fundamental; y obligaciones positivas que pueden involucrar algunas de carácter prestacional y que son de cumplimiento inmediato, por cuanto hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión. Por otra, existe una ________, la cual supone que el Estado lleve a cabo acciones positivas para lograr su satisfacción. Este último componente se encuentra sujeto al principio de progresividad.” El espacio en blanco corresponde a los conceptos de:

76. La Corte Constitucional ha establecido un método de análisis que tiene por objeto prevenir los riesgos de “subjetivismo” asociados a la inexistencia de referentes positivos y precisos que indiquen cuando una variación de la Carta tiene dicho alcance. Este método se denomina

77. La Corte Constitucional estableció que los límites competenciales del poder de reforma constitucional son los siguientes:

78. Para la Corte Constitucional existen diferentes tipos de pronunciamientos de derecho internacional se entienden desde dos parámetros: uno como una obligación en el marco del cumplimiento del tratado, y otro como criterio hermenéutico en el control de constitucionalidad. De los siguientes NO hacen parte del primer tipo de pronunciamientos:

79. Los principios, objeto y el control de la función administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre principios finalísticos, funcionales y organizacionales. En este sentido, la descentralización, desconcentración y delegación de funciones son principios:

80. La diferencia esencial entre _______ y _________ radica en que en el primer evento, la transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo, si bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica la existencia de un acto administrativo, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la ___________ de funciones, el órgano superior no puede reasumir la función…, en cambio, en la ________, el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior. Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:

81. La ___________ es una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. La ________ supone que el titular original de las atribuciones mantiene el control y la dirección política y administrativa sobre el desarrollo de esas funciones, mientras que en la __________ no existe ese control jerárquico, debido a la autonomía propia de la entidad en el ejercicio de la correspondiente atribución Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:

82. Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite la delegación. En este sentido ¿cuál de las siguientes NO es una restricción expresa en materia de delegación?

83. La jurisprudencia constitucional establece que los precedentes son vinculantes para las autoridades administrativas (C-634 de 2011). Sin embargo, estas pueden separarse de las decisiones de los órganos de cierre judicial siempre que configuren los siguientes criterios: 1) como factor decisivo ante la concurrencia de dos o más interpretaciones posibles de un texto normativo constitucional, legal o reglamentario; y 2) como elemento dirimente ante la ausencia o disconformidad de posiciones jurisprudenciales. En este sentido, las autoridades administrativas con relación a la ratio decidendi de una sentencia de la Corte Constitucional:

84. La Corte Constitucional estableció que los límites competenciales del poder de reforma constitucional son los siguientes:

85 ___________ permite tener un marco de referencia que permita realizar la garantía de igualdad, pues es evidente la complejidad pragmática que significa que los múltiples despachos judiciales que componen la función jurisdiccional en el vasto territorio y en las grandes cantidades de fallos que se producen, hagan efectiva la aplicación igualitaria de la ley desde una perspectiva relacional y que los usuarios de la administración de justicia puedan exigir tal derecho. El espacio en blanco corresponde al concepto de:

86. Según la Corte Constitucional, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema y el Consejo de Estado NO se fundamenta en:

87. La Carta Política de 1991 introdujo diversos límites tanto a la cesión como al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República, los cuales están previstos en el numeral 10º del artículo 150 constitucional, y han sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la jurisprudencia constitucional. Así, uno de los siguientes NO es un requisito que supedite la cesión temporal de la función legislativa corresponden a:

88. La jurisprudencia es una fuente material del derecho, en el Derecho Internacional Público es igualmente, fuente y es de obligatorio cumplimiento para las partes en litigio conforme reza el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ante incumplimiento del fallo o la sentencia por uno de los Estados que ha comparecido ante el tribunal, el otro Estado podrá:

89. En lo que refiere a Tratados, el Estado se manifiesta y representa a nivel internacional a través de: El jefe de Estado y el Canciller o ministro de relaciones exteriores, otra manera en que una persona sin estas investiduras pueda representar al Estado en la firma, denuncia o ratificación de un Tratado, sería:

90. El diferendo entre Colombia y Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés ha tenido pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, en el año 2012 el tribunal reconoció soberanía a Nicaragua más allá del meridiano 82, el proceder de Colombia conforme este Fallo ha sido:

91. La división o fragmentación que existe de los espacios marítimos en Colombia y en el Derecho Internacional, como son: Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar y plataforma continental a partir de la línea base, existen en el ordenamiento jurídico gracias a:

92. La Costumbre es fuentes de derecho, igualmente, se encuentra mencionada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como fuente de derecho, por consiguiente, costumbre internacional es:

93.Las ejecuciones extrajudiciales, sumarías o arbitrarias son graves crímenes contra la humanidad que quebrantan el derecho a la vida. De conformidad con los instrumentos ONU, son ejecuciones extrajudiciales:

94. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que los Estados deben cumplir. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos; por tanto, es contrario a estos postulados que:

95. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se aplican al conflicto armado con carácter internacional. El artículo 3 Común y el Protocolo II adicionales a los mencionados convenios regulan el conflicto armado con carácter no internacional o interno, como el que vive Colombia hace más de cinco décadas; por tanto, el estatuto del prisionero de guerra se aplica a:

96.De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal; a su vez el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) agregó el genocidio político. ¿Cuál de los siguientes actos no se considera como genocidio?

97.Mediante la acción de tutela se protege los derechos fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza que puede provenir de las autoridades públicas o de ciertos particulares. Quien tiene la titularidad para invocar la acción de tutela es toda persona afectada en sus derechos, también puede invocarla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales; no obstante, se puede agenciar derechos ajenos o actuar como agente oficioso, siempre y cuando que:

98.La Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales a la reunión y manifestación, lo que comprende también la protesta social. Dado que no se trata de derechos absolutos la Constitución dispone que para ejercerlos se requiere:

99.Dentro de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la contenciosa, que consiste en resolver judicialmente los casos o asuntos individuales que le presenta la Comisión Interamericana; también tiene una función consultiva, que consiste en:

100. Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite. Con fundamento en lo descrito anteriormente responda: ¿Cuál es el medio control más apropiado para discutir las circunstancias que pusieron molestos a Hugo, Paco y Luis?