El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de
Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad
del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad
de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas; ordenar
la aprehensión preventiva de personas; modificar el presupuesto; aumentar y reducir penas;
modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán
evaluadas por la Corte Constitucional.
A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en
Colombia se alteraría la distribución del poder público, porque