L 39/2015 (EMPEZAR TÍT IV)

¿Cuáles son los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo según el Artículo 53 de la Ley 39/2015?

• a) Derecho a la información, a la participación y a la audiencia.
  

• b) Derecho a la información, a la participación y a la representación.
  

• c) Derecho a la información, a la defensa y a la tutela efectiva.
  

• d) Derecho a la información, a la defensa y a la audiencia.
  

¿Cuál es la finalidad del Título IV del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?

• a) Regular las notificaciones electrónicas en el ámbito administrativo.
  

• b) Establecer las sanciones por incumplimiento de los plazos de notificación.
  

• c) Garantizar los derechos y principios de los interesados en el procedimiento.
  

• d) Definir las reglas para la tramitación de recursos administrativos.

  
  

¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo común de acuerdo con el Título IV de la Ley 39/2015?

• a) 30 días hábiles.
  

• b) 45 días naturales.
  

• c) 6 meses.
  

• d) 1 año.

  
  

Answer explanation

se basa en lo establecido en el Título IV de la Ley 39/2015, que regula el procedimiento administrativo común. De acuerdo con el artículo 21 de esta ley, el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo común es de 6 meses. Este plazo se cuenta a partir del día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Este plazo de 6 meses tiene como objetivo garantizar la celeridad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos administrativos, evitando demoras excesivas y asegurando que los ciudadanos reciban respuestas oportunas por parte de la Administración Pública.

¿Cuál es uno de los principios que rige la tramitación de procedimientos administrativos según el Título IV de la Ley 39/2015?

• a) Principio de máxima discrecionalidad.
  

• b) Principio de simplificación administrativa.
  

• c) Principio de impulso de oficio.
  

• d) Principio de secreto de las actuaciones.

  
  

Answer explanation

El "Principio de impulso de oficio" es uno de los principios fundamentales que rigen la tramitación de los procedimientos administrativos, tal como se establece en el artículo 57 de la mencionada ley. Este principio significa que la Administración Pública tiene la obligación de impulsar y promover de oficio la tramitación de los procedimientos, tomando las medidas necesarias para que se desarrollen de manera adecuada, eficiente y sin demoras injustificadas.

En otras palabras, la Administración no puede esperar pasivamente a que los interesados tomen todas las iniciativas en un procedimiento; debe actuar activamente para asegurar que el procedimiento avance y se resuelva de manera oportuna. Esto es fundamental para garantizar la agilidad y la correcta tramitación de los asuntos administrativos, así como para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y las partes involucradas en el procedimiento

¿Quién tiene la facultad de iniciar de oficio un procedimiento administrativo según el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015?

• a) Solo los interesados o solicitantes.
  

• b) Solo los órganos administrativos superiores.
  

• c) Tanto los interesados como los órganos administrativos competentes.
  

• d) Solo los órganos judiciales.

  
  

Answer explanation

Tanto los interesados como los órganos administrativos competentes," y se basa en lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, que trata sobre la iniciación del procedimiento administrativo.

Según esta ley, tanto los interesados (personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo) como los órganos administrativos competentes tienen la facultad de iniciar de oficio un procedimiento administrativo. Esto significa que la Administración Pública puede iniciar un procedimiento por su propia iniciativa, sin necesidad de que exista una solicitud previa por parte de un interesado. Esta facultad de iniciar de oficio un procedimiento es fundamental para que la Administración pueda cumplir con sus funciones de control y supervisión, así como para garantizar el cumplimiento de la normativa.

¿Cuál es el plazo máximo para la notificación de la iniciación de un procedimiento administrativo según el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015?

• a) 5 días hábiles.
  

• b) 10 días naturales.
  

• c) 1 mes.
  

• d) 3 meses.

  
  

Answer explanation

10 días naturales.

De acuerdo con la mencionada ley, el plazo máximo para notificar la iniciación de un procedimiento administrativo es de 10 días naturales. Este plazo se cuenta a partir del día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación o desde que se haya iniciado de oficio el procedimiento.

La notificación de la iniciación del procedimiento es un paso importante para informar a los interesados sobre el inicio de las actuaciones administrativas relacionadas con su solicitud o asunto. El plazo de 10 días naturales está diseñado para garantizar que esta notificación se realice de manera oportuna y que los interesados tengan conocimiento temprano del inicio del procedimiento.

¿Cuál es uno de los efectos de la notificación de la iniciación de un procedimiento administrativo según el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015?

• a) Suspensión automática de los plazos de resolución.
  

• b) Caducidad inmediata del procedimiento.
  

• c) Renuncia de los interesados.
  

• d) Eliminación de los recursos posibles.

  
  

Answer explanation

Cuando se notifica la iniciación de un procedimiento administrativo, uno de los efectos que se produce de manera automática, de acuerdo con la mencionada ley, es la suspensión automática de los plazos de resolución del procedimiento. Esto significa que, a partir de la notificación de la iniciación, los plazos para que la Administración resuelva el procedimiento quedan en suspenso y no empiezan a correr.

La suspensión de los plazos de resolución es importante para asegurar que los interesados tengan tiempo suficiente para presentar alegaciones, pruebas o documentación relevante en el procedimiento sin que los plazos avancen mientras tanto. Esta medida garantiza un proceso más justo y equitativo para todas las partes involucradas, permitiendo que los interesados puedan participar activamente en la tramitación del procedimiento sin que los plazos de resolución se agoten antes de que puedan presentar sus argumentos.