Test 1 de abril

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea:

• consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

• consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

• consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

• consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley

En los casos de responsabilidad patrimonial Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de:

• los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley

• los tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley

• los cinco años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley

• los tres años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley

Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:

• al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo

• al los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo

• al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o a los dos años de la manifestación de su efecto lesivo

• al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo

En los casos de responsabilidad patrimonial por lesión consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, el derecho a reclamar prescribirá:

• a los cinco años de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea»

• al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

• a los dos años de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea»

• al año de la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea»

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de:

• diez días

• quince días

• treinta días

• un mes

Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:

• cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica

• Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 500.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica,

• Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 10.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica,

• Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 100.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica,

En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

• será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de tres meses

• no será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial

• será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses

• será facultativo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses

Con respecto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el procedimiento se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites (indique la incorrecta):

• Alegaciones durante un plazo de quince días

• Audiencia durante un plazo de diez días

• Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del trámite de audiencia

• Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días

Indique la incorrecta:

• La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial pondrá fin a la vía administrativa.

• La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, sin necesidad de instrucción del correspondiente procedimiento.

• No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

• Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por:

• el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga

• el Consejo de Ministros en todo caso

• el Ministro respectivo o por el Secretario de Estado en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga

• El Subsecretario respectivo