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Decretos Supremos 3251 - 1793

Total questions: 25

Worksheet time: 50mins

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1.
Según el Decreto Supremo N.º 3251, “se aprueba el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, como parte integrante del presente Decreto Supremo”. ¿Cuál es el objetivo esencial de dicho plan?
a)
Digitalizar la totalidad de los servicios públicos, mediante la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la administración central.
b)
Optimizar los recursos humanos del Estado reduciendo la planta de personal técnico en todas las instituciones estatales.
c)
Promover una gestión pública moderna y eficiente, basada en tecnologías digitales que fortalezcan la participación y control ciudadano.
d)
Centralizar la toma de decisiones administrativas en el nivel ejecutivo del gobierno mediante plataformas automatizadas de respuesta ciudadana.
2.
Cuando el decreto aprueba el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, ¿qué visión estratégica promueve para el Estado boliviano?
a)
La eliminación de licencias privadas internacionales por su compatibilidad global y soporte especializado.
b)
La creación de un ecosistema nacional autónomo mediante el uso de herramientas digitales que promuevan la independencia tecnológica del país.
c)
El reemplazo inmediato de todos los sistemas actuales por versiones libres, previa evaluación técnica.
d)
El desarrollo conjunto de soluciones digitales con corporaciones ciudadana para compartir el control del software estatal.
3.
El decreto 3251 indica que los proveedores de servicios de internet “no podrán cobrar por el acceso a portales con dominio ‘.gob.bo’ y páginas educativas seleccionadas”. ¿Qué efecto busca esta disposición?
a)
Limitar el tráfico hacia plataformas internacionales para fortalecer el contenido nacional en internet.
b)
Incentivar el uso de redes sociales como canales oficiales de acceso a la administración pública.
c)
Implementar el uso de contenido gubernamental en zonas con bajo índice de alfabetización digital.
d)
Garantizar acceso gratuito y equitativo a la información pública y recursos educativos en línea para todos los ciudadanos.
4.
Respecto a la interoperabilidad institucional, el decreto 3251 establece que “la AGETIC y COPLUTIC podrán determinar su obligatoriedad conforme a ley”. ¿Qué implica este principio?
a)
El cierre temporal de plataformas que no cumplan estándares tecnológicos internacionales.
b)
La construcción de un único sistema centralizado para todas las funciones públicas, desde salud hasta impuestos.
c)
El intercambio de información entre entidades estatales con el fin de optimizar la gestión pública.
d)
El uso de sistemas locales o personalizados en entidades descentralizadas del Estado.
5.
El DS 3251 menciona que la implementación será “progresiva y conforme a la normativa sectorial vigente”. ¿Qué significa este principio operativo?
a)
La digitalización se aplicará inmediatamente evaluadas las condiciones técnicas actuales de cada entidad.
b)
Cada institución definirá sus propios estándares digitales sin coordinación con el gobierno central.
c)
El plan procederá hasta que todas las instituciones adquieran software libre certificado.
d)
Las entidades adoptarán tecnología de manera gradual, adaptándose a sus capacidades técnicas y legales.
6.
El Decreto 3251 establece que se incorporarán “mínimamente cien sitios educativos e informativos” con acceso gratuito. ¿Cuál es el fin principal de esta medida?
a)
Garantizar que los estudiantes y la ciudadanía accedan sin costo a contenidos de formación y desarrollo humano.
b)
Complementar los sistemas tradicionales de educación con plataformas virtuales del Estado.
c)
Establecer una red de sitios educativos para la liberación de contenidos al que pueden acceder los jóvenes.
d)
Generar tráfico exclusivo hacia plataformas gubernamentales que promuevan contenidos educativos oficiales.
7.
En el marco de la interoperabilidad, ¿qué rol juegan las definiciones técnicas incorporadas en el Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación?
a)
Sirven para establecer los plazos de vigencia de las licencias digitales utilizadas por el sector privado.
b)
Reemplazan las normas existentes relacionadas con la privacidad de datos personales.
c)
Sustituyen la necesidad de ley para definir delitos informáticos en el entorno digital.
d)
Permiten adecuar el lenguaje técnico de la ley a los estándares internacionales.
8.
Sobre sectores estratégicos como energía e hidrocarburos, ¿qué tipo de consideración especial plantea el decreto 3251 en relación con el uso de software libre?
a)
Prohíbe la implementación de soluciones digitales privadas en estos sectores hasta que exista una ley nacional exclusiva.
b)
Permite el uso de software libre exclusivamente bajo licencias cerradas por motivos de seguridad nacional.
c)
Establece que la adopción de nuevas tecnologías debe contemplar los riesgos y los tiempos operativos.
d)
Se autoriza a estos sectores a considerar el decreto debido a su autonomía presupuestaria y técnica.
9.
El decreto 3251 está alineado con el principio de soberanía tecnológica. ¿Cómo se define este principio en la práctica boliviana?
a)
Como la garantía de que todas las tecnologías usadas por el Estado sean generadas de países aliados estratégicos.
b)
Como la capacidad del Estado para desarrollar sus sistemas tecnológicos sin dependencia externa.
c)
Como el derecho de los ciudadanos a desconectarse voluntariamente del sistema digital estatal.
d)
Como el uso de software de código abierto certificado por organismos internacionales.
10.
“El Artículo Único del Decreto Supremo N.º 1793 establece: ‘Se aprueba el Reglamento a la Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo’.” ¿Cuál es el propósito principal de esta disposición normativa?
a)
Formalizar la normativa reglamentaria que establece lineamientos y medidas específicas para implementar las TIC dentro del marco legal nacional.
b)
Promover el desarrollo exclusivo de tecnologías nacionales considerando el contexto local y en articulación con políticas estatales.
c)
Establecer la política de libre mercado para que las empresas públicas controlen el uso de tecnologías de información.
d)
Sustituir completamente la Ley 164 por nuevas regulaciones sin intervención del Órgano Ejecutivo ni de la ATT.
11.
“La Disposición Transitoria Primera establece que: ‘La ATT, en un plazo no mayor a ocho (8) meses desde la publicación del presente Decreto Supremo 1793, elaborará y aprobará los estándares técnicos y otros lineamientos establecidos para el funcionamiento de las entidades certificadoras’.” ¿Cuál es la importancia de esta disposición?
a)
Propone a los usuarios a asumir los costos de certificación sin importar la calidad del servicio brindado.
b)
Permite que cada entidad certificadora cree sus propios estándares previo control gubernamental.
c)
Asegura que la implementación de los servicios digitales desarrolle mientras se resuelve el marco jurídico.
d)
Obliga a la ATT para estructurar un marco técnico que regule los servicios de certificación digital.
12.
“El Artículo 5 del DS 1793 indica: ‘El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos y aplicaciones y servicios de las TIC en software libre, utilizando estándares abiertos’.” ¿Qué implicaciones tiene esta prioridad estatal?
a)
Impone restricciones al uso de plataformas digitales en el ámbito educativo y gubernamental.
b)
Obliga a los usuarios a migrar a sistemas de uso libre sin dar soporte técnico adecuado.
c)
Favorecer el desarrollo de tecnologías en plataformas de código abierto.
d)
Busca la soberanía tecnológica del país.
13.
“El Artículo 24 del DS 1793 establece: ‘Los certificados digitales deben ser emitidos por una entidad certificadora autorizada [...] y contemplar la información necesaria para la verificación de la firma digital’.” ¿Qué función cumplen los certificados digitales según esta norma?
a)
Sirven para almacenar datos personales con validez legal.
b)
Permiten acceder a redes sociales públicas sin restricciones de seguridad.
c)
Constituyen herramientas para autenticar la identidad digital y autoría de documentos.
d)
Pretende sustituir progresivamente el uso del documento de identidad en todas las transacciones físicas.
14.
“El presente Reglamento 1793 se aplicará a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o presten servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales.” ¿Qué significa este alcance normativo?
a)
Limita el uso de tecnologías al ámbito gubernamental central, excluyendo municipios y privados.
b)
Aplica a las instituciones de gobierno electrónico que usen software de código abierto.
c)
Solo considera a entidades públicas y deja sin regulación a personas naturales.
d)
Se extiende a todos los actores públicos o privados, que interactúan con tecnologías reglamentadas.
15.
¿Qué busca garantizar el Artículo 17 del Título III al señalar que el objetivo del Gobierno Electrónico es modernizar la gestión pública y garantizar el derecho a la información?
a)
Establecer la exclusividad del uso de plataformas digitales para reemplazar por completo el contacto presencial con entidades estatales.
b)
Promover un sistema automatizado centralizado que funcione sin intervención ciudadana en la toma de decisiones administrativas.
c)
Fortalecer la transparencia, accesibilidad y eficiencia en la gestión pública mediante el uso de herramientas tecnológicas.
d)
Convertir todas las entidades públicas en portales informativos con interacción directa con el ciudadano.
16.
¿Qué implica la afirmación del Artículo 18, que resalta la necesidad de generar credibilidad y confianza en las plataformas electrónicas públicas?
a)
El objetivo es lograr que las entidades estatales superen en visitas a sus contrapartes privadas.
b)
Establecer que el uso de plataformas electrónicas se usa en todos los casos, incluso cuando no exista conectividad.
c)
Construir confianza ciudadana mediante servicios electrónicos seguros, que respeten los derechos digitales.
d)
Diseñar sitios web institucionales con fines de difusión gubernamental.
17.
¿Cuál es la finalidad jurídica y técnica de los certificados digitales, según el Artículo 24 del Título IV?
a)
Sirven como una alternativa documento de identidad en trámites presenciales.
b)
Se utilizan únicamente como respaldo de operaciones financieras en bancos nacionales.
c)
Son archivos digitales que pueden usarse libremente con control en entidades certificadoras.
d)
Actúan como instrumentos legales que certifican la identidad digital e integridad de documentos electrónicos.
18.
¿Qué efecto práctico garantiza el Artículo 26 al afirmar que el certificado digital asegura la integridad de los mensajes electrónicos?
a)
Permite a cualquier persona acceder a los documentos firmados, permitiendo denunciar documentos que han sido alterados.
b)
Certifica que el contenido de un documento firmado digitalmente no ha sido modificado desde su creación.
c)
Sustituye la necesidad de una revisión notarial de documentos firmados electrónicamente.
d)
Asegura la disponibilidad de la información libre sin necesidad de brindar su autenticidad.
19.
¿Qué establece el Artículo 44 respecto a la responsabilidad de las entidades certificadoras autorizadas que causen perjuicio por errores u omisiones?
a)
La ley establece una responsabilidad objetiva para asegurar que respondan civilmente por los perjuicios que causen.
b)
Estas entidades tendrán responsabilidad legal si el certificado fue emitido por error técnico no intencional.
c)
Las entidades solo responderán si se comprueba dolo y no así por negligencia técnica.
d)
La certificación digital no tiene efectos jurídicos sobre la responsabilidad civil en Bolivia.
20.
¿Por qué el Artículo 45 exige una boleta de garantía del 7% de los ingresos brutos a las entidades certificadoras digitales?
a)
Para cubrir posibles responsabilidades de daños o errores causados a usuarios por incumplimientos.
b)
Para garantizar al Estado boliviano la continuidad operativa de las plataformas de firma digital.
c)
Para que estas entidades accedan a licencias por el uso de software de almacenamiento de datos.
d)
Para mejorar el desarrollo de nuevas tecnologías en servidores estatales.
21.
¿Qué establece el Artículo 58 sobre el rol de las TIC en el comercio electrónico?
a)
Las tecnologías se utilizarán solo en empresas con certificación internacional.
b)
Las TIC actuarán como instrumentos para dinamizar las operaciones mediante medios digitales.
c)
Las TIC deben desarrollar completamente el comercio presencial en zonas rurales.
d)
El uso de TIC en comercio electrónico queda dirigido a plataformas desarrolladas por software libre.
22.
Según el Artículo 59, ¿qué significa validar las operaciones efectuadas por medios digitales?
a)
Asegurar que toda transacción electrónica se registre automáticamente en el sistema tributario.
b)
Eliminar la necesidad de firmas manuscritas estableciendo otros mecanismos de control.
c)
Impedir la participación de terceros en plataformas de ventas en línea.
d)
Reconocer la legalidad de los actos contractuales a través de plataformas digitales.
23.
¿Qué se entiende por la “legitimación de la firma digital” establecida en el Título VII del Decreto Supremo 1793?
a)
El certificado digital habilita que cualquier persona pueda firmar contratos legales.
b)
Se establece que la firma digital tiene validez jurídica respaldada por una entidad autorizada.
c)
La firma digital es válida para trámites internos de las entidades estatales.
d)
La firma digital sustituye cualquier procedimiento que requiera huella dactilar.
24.
¿Qué establece el Artículo 27 en relación con la vigencia de los certificados digitales emitidos por entidades certificadoras autorizadas?
a)
Que los certificados tendrán vigencia indefinida salvo que el titular lo solicite expresamente.
b)
Que su vigencia será determinada por la entidad emisora, sujeta a revisión del Ministerio de Justicia.
c)
Que deben tener una vigencia claramente especificada, y ser renovados conforme a criterios de seguridad.
d)
Que la vigencia dependerá únicamente de las necesidades de uso del titular.
25.
Según lo dispuesto en el Artículo 19, ¿cómo debe organizarse el funcionamiento del Gobierno Electrónico en los diferentes niveles del Estado boliviano?
a)
Cada nivel del Estado podrá desarrollar plataformas independientes sin coordinación ni supervisión.
b)
Solo el nivel central del Estado gestionará el sistema de gobierno electrónico a nivel nacional.
c)
El funcionamiento del Gobierno Electrónico será descentralizado, pero comunes en interoperabilidad y gestión de datos.
d)
Las plataformas digitales del Gobierno Electrónico estarán sujetas a autorización del sector público antes de implementarse.