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Worksheetsmix tema 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Total questions: 63
Worksheet time: 32mins
¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015?
Regular la organización de las Administraciones Públicas.
Establecer los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas.
Regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Establecer el régimen jurídico de los actos administrativos.
Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no se considera una Administración Pública?
La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas.
Las Corporaciones de Derecho Público.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes principios generales rige la actuación de las Administraciones Públicas?
Eficacia.
Jerarquía absoluta.
Transparencia.
Buena fe.
¿Qué se entiende por interesado en un procedimiento administrativo, según el artículo 4 de la Ley 39/2015?
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento del procedimiento.
Aquel que inicia el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos.
Los funcionarios públicos que tramitan el expediente.
Las asociaciones que representan intereses generales.
Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿quién tiene capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?
Solo las personas físicas mayores de edad.
Las personas físicas y jurídicas, siempre que tengan plena capacidad jurídica.
Los menores de edad emancipados y las personas con capacidad de obrar limitada por resolución judicial.
Todas las opciones anteriores son correctas.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 39/2015, ¿qué sistema de identificación y firma electrónica no se reconoce para las personas físicas?
DNI electrónico.
Certificado electrónico cualificado.
Claves concertadas con carácter previo por la Administración Pública.
Firma manuscrita digitalizada.
Según la Ley 39/2015, ¿cómo debe acreditarse la representación en un procedimiento administrativo?
Mediante cualquier documento que acredite la voluntad del representado.
Únicamente mediante escritura pública otorgada ante notario.
Por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado o mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica.
Simplemente manifestando verbalmente la representación ante el funcionario competente.
¿Cuál es el objeto principal del registro electrónico de apoderamientos de cada Administración Pública?
Llevar un control exhaustivo de todos los ciudadanos que actúan en procedimientos administrativos.
Inscribir los poderes generales otorgados ante notario para cualquier trámite.
Servir de base de datos para la consulta de los poderes que surtan efectos ante la propia Administración.
Almacenar copias digitalizadas de todos los documentos de representación presentados.
¿Qué sucede con un poder inscrito en el registro electrónico de apoderamientos cuando el representado revoca dicho poder?
La revocación no tiene efectos hasta que se notifica formalmente a la Administración.
La revocación es efectiva desde el momento en que el representado lo decide, sin necesidad de comunicación al registro.
La revocación debe inscribirse en el registro para que sea oponible a la Administración.
El apoderado debe comunicar la revocación al registro para que surta efectos.
¿Qué tipo de apoderamiento permite al apoderado realizar cualquier acto administrativo en nombre del poderdante ante la Administración correspondiente?
Apoderamiento especial.
Apoderamiento general.
Apoderamiento apud acta.
Apoderamiento específico.
Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo general para cumplir los trámites administrativos, salvo disposición específica?
5 días.
10 días.
15 días.
20 días.
¿Qué establece el artículo 13 de la Ley 39/2015 con respecto a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo?
Solo tienen derecho a ser notificados de las resoluciones.
Tienen derecho a conocer el estado de tramitación y a obtener copias de los documentos.
Únicamente tienen derecho a presentar alegaciones al inicio del procedimiento.
No tienen derecho a acceder a la información confidencial del expediente.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no es un medio válido para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones?
En el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
Verbalmente ante un funcionario público.
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 39/2015, ¿qué obligación tienen las Administraciones Públicas en relación con el impulso del procedimiento?
Deben esperar a que los interesados realicen todas las actuaciones.
Están obligadas a impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.
Pueden decidir discrecionalmente cuándo impulsar un procedimiento.
Solo están obligadas a impulsar los procedimientos sancionadores.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la obligación general de la Administración en cuanto a la resolución expresa en los procedimientos?
Puede optar por no resolver expresamente en ciertos casos.
Está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos.
Solo está obligada a resolver expresamente en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
No existe una obligación general de resolución expresa.
Según el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, ¿qué obligación general tienen las Administraciones Públicas en relación con los procedimientos administrativos?
La obligación de iniciar todos los procedimientos que les soliciten los ciudadanos.
La obligación de informar a los interesados sobre el estado de tramitación de sus expedientes.
La obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.
La obligación de archivar aquellos procedimientos que no puedan resolverse en un plazo determinado.
De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes supuestos exime a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa?
Los supuestos de terminación convencional de los procedimientos.
La caducidad del procedimiento.
La imposibilidad material de resolver por causas sobrevenidas.
El desistimiento del solicitante.
Según lo establecido en la Ley 39/2015, ¿qué debe contener la resolución que ponga fin al procedimiento?
Únicamente la decisión final sobre el asunto.
La decisión final, los medios de impugnación que procedan y, en su caso, el órgano ante el que deban interponerse y el plazo para ello.
Un resumen detallado de los trámites seguidos en el procedimiento.
Una justificación de los plazos empleados en la tramitación.
El artículo 21 de la Ley 39/2015 establece que, cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijen plazo máximo para resolver, este será de:
Tres meses.
Seis meses.
Un año.
El que determine la Administración en cada caso.
¿Qué consecuencia se deriva del incumplimiento de la obligación de resolver dentro del plazo máximo establecido, según el artículo 21 de la Ley 39/2015?
La nulidad de pleno derecho del procedimiento.
La obligación de la Administración de indemnizar al interesado por los daños y perjuicios causados.
Que se produzca el silencio administrativo, con los efectos que cada normativa sectorial prevea.
La imposición de una sanción disciplinaria al funcionario responsable.
Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, ¿cómo se computan los plazos expresados en días en los procedimientos administrativos?
Se cuentan los días hábiles salvo que una Ley o norma europea establezca lo contrario, excluyendo fines de semana y festivos.
Se cuentan únicamente los días naturales, incluyendo fines de semana y festivos.
Solo se cuentan los días hábiles, y si el último día es inhábil, se prorroga al siguiente día inhábil.
Se cuentan los días naturales, pero si el último día es inhábil, se considera hábil.
De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿qué se considera inhábil a efectos del cómputo de plazos?
Únicamente los domingos y los festivos de carácter nacional.
Los sábados, los domingos y los días declarados festivos.
Los días en que el registro de la Administración permanezca cerrado.
Cualquier día en que la Administración no preste servicio al público.
Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, cuando un plazo vence en un día inhábil, ¿hasta cuándo se entenderá prorrogado?
Hasta el siguiente día inhábil.
Hasta el segundo día hábil siguiente.
Hasta el primer día hábil siguiente.
El plazo no se prorroga, debiendo cumplirse el día inhábil.
Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, ¿en qué casos podrá la Administración conceder una ampliación de los plazos establecidos?
Nunca, los plazos son improrrogables.
De oficio o a petición del interesado, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros.
Únicamente a petición del interesado y por un plazo máximo igual al inicialmente previsto.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, ¿cuál debe ser la duración de la ampliación de plazo que se conceda?
La que solicite el interesado, sin límite.
La mitad del plazo inicialmente previsto.
La estrictamente necesaria para cumplir el trámite, que no podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente fijado, salvo que las normas del procedimiento permitan otra cosa o así lo aconsejen las circunstancias del caso.
Un plazo fijo de diez días.
De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo que puede establecer la norma reguladora del procedimiento salvo que la Ley o normativa de la Unión Europea que establezca otro mayor?
Tres meses.
Seis meses.
Un mes.
No existe un plazo general establecido.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto produce con carácter general la falta de resolución expresa en los plazos establecidos en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?
Caducidad del procedimiento.
Silencio administrativo negativo.
Silencio administrativo positivo.
Archivo del expediente.
Según la Ley 39/2015, ¿en qué casos generales se produce el silencio administrativo negativo?
En todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado si la Administración no resuelve en plazo.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado en los que la ley no establezca expresamente el carácter positivo del silencio.
En los procedimientos iniciados de oficio por la Administración si no se dicta resolución expresa en plazo.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿en qué supuestos se produce el silencio administrativo negativo? (responda la respuesta incorrecta)
En todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado si la Administración no resuelve en plazo.
Cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea así lo establezca expresamente.
En los procedimientos de impugnación de actos administrativos.
En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
Según la Ley 39/2015, ¿cuál es el efecto del silencio administrativo negativo?
La estimación de la solicitud del interesado.
Que el interesado pueda considerar desestimada su solicitud a los efectos de interponer los recursos que procedan.
La obligación de la Administración de dictar resolución expresa en un plazo adicional.
La caducidad del procedimiento.
De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿cuál es el efecto del silencio administrativo positivo?
La desestimación de la solicitud del interesado.
Que la solicitud se entienda estimada a todos los efectos, solo pudiendo la Administración dictar resolución expresa confirmatoria.
La apertura de un nuevo plazo para que la Administración resuelva expresamente.
La anulación del acto presunto por falta de resolución expresa.
Según la Ley 39/2015, ¿en qué tipo de procedimientos NO puede producirse el silencio administrativo positivo?
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
En los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 39 de la Constitución.
En aquellos en que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario por razones imperiosas de interés general.
Tanto en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado como de oficio.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 39/2015, ¿en qué casos la falta de resolución expresa producirá el efecto de silencio administrativo negativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado?
En todos los casos en que la ley no prevea expresamente lo contrario.
Solo en los procedimientos sancionadores.
En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables.
Únicamente en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por actos que deban ser notificados?
Todos los actos administrativos.
Solo los actos que pongan fin al procedimiento.
Los actos que contengan derechos y obligaciones de los interesados.
Los actos que afecten a los derechos e intereses de los interesados.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, ¿cuál no es un medio de notificación válido?
Notificación electrónica.
Notificación en papel en el domicilio del interesado.
Publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Envío de un mensaje de texto al teléfono móvil del interesado.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, ¿qué obligación tienen las Administraciones Públicas en relación con los registros?
Deben disponer de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se deberán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Deben crear registros en papel para la recepción de documentos de los ciudadanos.
Deben disponer de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Pueden decidir discrecionalmente si disponen o no de registros para la recepción de documentos.
Según el artículo 30.5 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si se presenta un documento en un registro diferente al órgano competente para tramitar el procedimiento?
El documento se considera no presentado.
El registro receptor deberá remitir el documento sin dilación al órgano competente.
El ciudadano deberá volver a presentar el documento en el registro del órgano competente.
El plazo para la presentación del documento se interrumpe hasta que llegue al órgano competente.
Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entenderá practicada la notificación electrónica obligatoria si no se accede a su contenido?
Al día siguiente de su puesta a disposición.
Transcurrido dicho plazo de diez días naturales.
A los quince días naturales de su puesta a disposición.
Nunca se entenderá practicada si el interesado no accede.
¿Qué establece el artículo 35 de la Ley 39/2015 con respecto a la motivación de los actos administrativos?
Solo deben motivarse los actos que resuelvan un procedimiento sancionador.
Deben motivarse, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
La motivación es potestativa para la Administración.
Solo deben motivarse los actos que se dicten por delegación.
Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no es un requisito de la motivación de los actos administrativos?
Referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho.
Expresión clara de cuál es el sentido de la decisión
Indicación de los informes preceptivos que hayan sido tenidos en cuenta.
Explicación únicamente de los razonamientos jurídicos aplicados.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, ¿cuándo producirán efectos los actos administrativos?
Desde la fecha en que se dicten.
Desde la fecha de su publicación
Desde la fecha de su notificación al interesado.
Todas las opciones anteriores son correctas.
¿Cuál de las siguientes circunstancias constituye un vicio de nulidad de pleno derecho en un acto administrativo?
La incompetencia del órgano que lo dicta por razón de la materia.
La omisión de un trámite esencial en el procedimiento.
La falta de motivación en un acto que la requiere.
La inexactitud no sustancial en los hechos que sirven de base al acto.
¿Qué efecto produce la declaración de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?
El acto se anula únicamente desde el momento de la declaración.
El acto se considera válido hasta que un juez lo declare nulo.
El acto se considera nulo desde su origen, sin necesidad de declaración judicial.
El acto se convalida si transcurre un determinado plazo sin ser
¿Quién puede instar la declaración de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?
Únicamente los interesados directos en el acto.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento del acto.
Tanto los interesados como la propia Administración de oficio.
Solo la Administración a través de un procedimiento de revisión.
¿Cuál de los siguientes actos administrativos NO es susceptible de ser declarado nulo de pleno derecho?
Un acto dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.
Un acto cuyo contenido sea de imposible cumplimiento.
Un acto que lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Un acto que adolece de un vicio de forma no esencial.
¿Cuál es el plazo general para que la Administración revise de oficio un acto nulo de pleno derecho?
Tres meses desde que se dictó el acto.
Un año desde que se dictó el acto.
Cinco años desde que se di
¿Cuál es el plazo general para que la Administración revise de oficio un acto nulo de pleno derecho?
Tres meses desde que se dictó el acto.
Un año desde que se dictó el acto.
Cinco años desde que se dictó el acto.
No existe plazo, la nulidad de pleno derecho puede declararse en cualquier momento.
¿Cuál de las siguientes circunstancias constituye un vicio de anulabilidad en un acto administrativo?
Haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
Haber prescindido totalmente del procedimiento legalmente establecido.
Haber incurrido en un vicio de forma no esencial.
Tener un contenido imposible.
¿Qué diferencia fundamental existe entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad de un acto administrativo?
Los vicios que causan nulidad son más graves y producen efectos desde el origen, mientras que los de anulabilidad pueden convalidarse y producen efectos hasta su anulación.
La nulidad requiere una declaración judicial, mientras que la anulabilidad no.
Los actos nulos son subsanables, mientras que los anulables no.
La nulidad puede ser instada por cualquier persona, mientras que la anulabilidad solo por los interesados directos.
¿Quién está legitimado para impugnar un acto administrativo anulable?
Cualquier ciudadano que tenga interés en su anulación.
Únicamente la Administración de oficio.
Aquellos cuyos derechos o intereses legítimos resulten afectados por el acto.
Tanto los interesados como cualquier sindicato o asociación.
¿Qué puede ocurrir con un acto administrativo que adolece de un vicio de anulabilidad?
Siempre será declarado nulo de pleno derecho.
Puede ser convalidado por la Administración si subsana el vicio.
No produce ningún efecto jurídico hasta que sea anulado.
Solo puede ser impugnado en vía contencioso-administrativa.
¿Cuál es el plazo general para interponer un recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo anulable que pone fin a la vía administrativa?
Un mes desde la notificación del acto.
Dos meses desde la notificación del acto.
Tres meses desde la notificación del acto.
Seis meses desde la notificación del acto.
Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por iniciación del procedimiento administrativo de oficio?
Aquel que se inicia por la solicitud de un interesado.
Aquel que se inicia por acuerdo del órgano competente.
Aquel que se inicia por requerimiento de otra Administración Pública.
Aquel que se inicia por denuncia de un particular.
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, ¿cuál no es una de las formas en las que se puede acordar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo?
Por queja de un particular
Por orden superior.
Por propia iniciativa.
Por petición razonada de otros órganos.
Según la Ley 39/2015, ¿qué debe contener el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador? (señale la respuesta incorrecta)
Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
Medidas de carácter provisional que se hayan
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no es un derecho de los interesados en la fase de instrucción de un procedimiento administrativo?
Formular alegaciones.
Proponer pruebas.
Acceder a información confidencial de otros interesados.
Ser oído en el procedimiento.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿qué se puede acordar como medida provisional iniciado el procedimiento administrativo?
La sanción definitiva al presunto infractor.
Cualquier medida cautelar que asegure la eficacia de la resolución final.
La finalización anticipada del procedimiento sin resolución.
La suspensión de plazos sin justificación.
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo máximo general para la duración de las medidas provisionales acordadas antes de la iniciación del procedimiento, si no se inicia este en dicho plazo?
Tres meses.
Seis meses.
Un mes.
No existe un plazo máximo.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, ¿en qué supuestos se podrá acordar la acumulación de procedimientos?
Cuando exista identidad de objeto o íntima conexión entre ellos.
Cuando exista identidad de interesados.
En todos los casos en que lo solicite un interesado.
Únicamente en procedimientos sancionadores.
¿Qué establece el artículo 77 de la Ley 39/2015 con respecto a la práctica de pruebas en el procedimiento administrativo?
La prueba solo puede ser propuesta por los interesados.
La Administración puede acordar de oficio la práctica de pruebas.
La Administración está obligada a admitir todas las pruebas propuestas por los interesados.
La práctica de pruebas es excepcional en el procedimiento administrativo.
Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, ¿qué debe contener la solicitud?
Solo el nombre y apellidos del solicitante.
La identificación del interesado, el órgano al que se dirige, el objeto de la solicitud y el lugar para notificaciones.
Una descripción detallada de los hechos.
La normativa aplicable al caso.
Según el artículo 89 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el contenido mínimo de la propuesta de resolución en un procedimiento sancionador?
Solo la parte dispositiva.
Los antecedentes de hecho y la parte dispositiva.
Los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y la parte dispositiva.
Una breve descripción del procedimiento.
De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si, antes de dictarse la resolución, se realizan actuaciones complementarias?
Se dicta directamente la resolución sin más trámite.
Se debe dar audiencia al interesado sobre las nuevas actuaciones.
