De acuerdo al diseño propio de la Constitución política de 1991, tiene un rol preponderante en la interpretación y definición de lo que es un derecho fundamental

Los derechos fundamentales limitan al Legislador en tanto su modificación o regulación requiere de

3. Hay derechos fundamentales que sin estar en la Constitución política de 1991 han sido reconocidos por el poder judicial bajo está categoría.

   A este tipo de derechos se les denomina derechos:

De los derechos mencionados es posible afirmar que

Para la protección de derechos fundamentales la Constitución política de 1991 dispone del mecanismo judicial especial

La Constitución política de Colombia no puede modificar se mediante:

El derecho a la libre circulación está estipulado en la Constitución Política de Colombia. En él se precisa que cualquier colombiano, con las limitaciones impuestas por la ley, puede entrar, salir, permanecer y residenciarse en el país. En el caso de una persona colombiana que está siendo procesada para su posterior extradición, y por lo tanto, por orden de un juez tiene prohibido salir del país hasta que no se decida su situación jurídica, se verifica que la libre circulación

La Constitución Política de Colombia establece el derecho a la libertad de expresión. Este incluye el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. A la luz de este derecho conexo o secundario, en un caso en el que se ha publicado una información falsa que afecta la honra o el buen nombre de una persona, puede decirse que se ampara el derecho a que

Dos comunidades indígenas asentadas en territorios municipales diferentes, debido a gestiones de la autoridad indígena nacional, han recibido subsidios estatales y presupuestos para la construcción de un centro médico y una escuela preescolar. Sin embargo, pese a que en una de ellas se ha aceptado al pie de la letra cada una de las medidas del gobierno central, como condición para la apropiación del recurso público destinado, al interior de la otra comunidad se desarrollan debates en torno al delicado tema que relaciona el tipo de educación que se impartirá y el modelo de salud que se implementará en los edificios que serán construidos, los materiales usados para esa labor y los usos de la tierra sobre la que se levantarán sus bases. Tras extensos debates, acuden a la consulta previa con la debida copia traducida de la respuesta oral de su parlamentario al Ministerio encargado. Pasan algunos meses, y se han comenzado a ejecutar las obras sobre el territorio de la primera de las comunidades. Entre tanto, se resuelve la solicitud de consulta previa de la segunda. Otros meses se suman, y terminados los trabajos en la primera comunidad, es resuelto el derecho de consulta previa de la segunda, el cual arroja el rechazo de la población de la planeación y construcción de los edificios, en el modo en que pretendían ser construidos. Esto es, sin prestar ninguna atención a las recomendaciones de la comunidad. De este modo, transcurren dos años sin que se desembolse el rubro que, gracias a la organización indígena nacional, pudo ser gestionado para ambas comunidades, pero que sólo pudo ser aplicado en una de ellas, debido a la realización del derecho a la consulta previa ejercido por la otra. Pasado este tiempo, esta comunidad reclama que, en virtud del Derecho a la Igualdad, se giren estos recursos que hasta el momento no han sido aplicados. Por lo cual, el representante del Ministerio indica que, en virtud del mismo principio, estos serán ejecutados del mismo modo que para la primera comunidad. Para el anterior caso, deberá tenerse en cuenta que el Derecho a la Igualdad es consistente también con un Principio Constitucional que sugiere que en esta materia debe constatarse

Un municipio del país cuenta con un corredor verde que atraviesa toda la avenida principal, es decir, los árboles son los que dividen la calle en dos calzadas en dicha avenida. Esta es la zona verde más grande del municipio y en la que, según los estudios, están más bajos los niveles de contaminación y la temperatura se encuentra controlada. Sin embargo, la empresa de transporte del municipio, está pensando en talar los árboles para construir una estación de los buses de transporte masivo y su respectivo carril exclusivo.

Con respecto a este hecho que perjudica el medio ambiente, y con base en los derechos colectivos y ambientales consagrados en la Constitución Política de Colombia, es correcto afirmar que, en beneficio de la población,

Según diversos estudios, es claro que en el país el espacio público se ha convertido en escenario de trabajo para muchas personas que se encuentran en condición de informalidad. Cientos de familias todos los días intentan vender en este espacio ropa, enseres, joyería y cualquier cosa que les garantice ingresos para su subsistencia. Ahora bien, en esta situación se encuentran en conflicto el derecho al trabajo y el derecho a disfrutar de un espacio público íntegro. 

La protección de ambos derechos se encuentra en cabeza del Estado y, se puede decir, que lo que principalmente los diferencia es que

El Contralor Municipal, de un municipio de categoría especial, adelanta indagaciones preliminares a fin de esclarecer la presunta responsabilidad fiscal del Alcalde en la comisión de irregularidades relacionadas con la ejecución de un contrato para proveer alimentación a los estudiantes de varios colegios y escuelas con recursos del Plan de Alimentación Escolar -PAE. Habiendo dado traslado de los primeros hallazgos a la Fiscalía para que esta adelante la debida investigación, el Alcalde decide reconocer su responsabilidad fiscal ante la Contraloría, y en ese sentido, accede a firmar un convenio para la devolución de los recursos, buscando evitar el adelantamiento del proceso penal en su contra. Bajo este supuesto, la Contraloría se abstiene de emitir fallo de responsabilidad fiscal en tanto el conflicto se ha resuelto mediante convenio de pago. Por esta razón, la Fiscalía, encargada de establecer la posible responsabilidad penal del Alcalde, deberá adelantar el procedimiento de investigación penal, en la medida en que

Por solicitud ciudadana, una Comisión Especial de la Contraloría General de la República inició seguimiento a la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una ciudad, luego de que se diera inicio al contrato para la operación del mismo, suscrito por la Alcaldía con la Unión Temporal PAE de la ciudad. El contrato fue adjudicado por una cuantía de dieciocho mil cuatrocientos noventa y un millones ($18.491.000.000). Sin embargo, una vez finalizado dicho contrato y tras la verificación, el Contralor delegado para el caso denunció una serie de irregularidades, consistentes en el aumento simulado de los precios. En efecto, la compra de productos como pechugas a cuarenta mil ($40.000), treinta y nueve millones en canela ($39.000.000) y de dos millones quinientos mil en panes ($2.500.000) desataron polémica en la ciudad. En el presente caso, la Contraloría actúa conforme a sus competencias, aplicando un control específico el cual es conocido como

Un ciudadano del país tiene problemas con el proceso de declaración de renta, porque descononce los pasos que debe ejecutar y evitar así sanciones por actos extemporáneo. De acuerdo con la situación del ciudadano, éste deberá

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la Contraloría General de la República, como órgano preferente de control fiscal, posee un privilegio exorbitante de la administración, consistente en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte. Esto se justifica en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se encuentran destinados a cumplir eficazmente los fines estatales. Esta potestad especial es conocida como

Tras surtir a cabalidad el debido proceso de concurso de méritos y cumplir todos los requisitos para laborar en un órgano de la administración local, una ciudadana se encuentra a punto de ser nombrada por el alcalde municipal para tomar posesión del cargo de profesional en derecho. Sin embargo, es de todos conocido que ella es sobrina del actual alcalde, quien deberá nombrarla en su cargo y recibir su juramento. Teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 prohíbe el nepotismo, deberá indicarse que en este caso

La Gobernación delegó a una empresa dedicada a labores de operador logístico la tarea de ejecutar una de sus políticas educativas, cuyo eje central era la formación de docentes. El operador logístico desarrolló un proceso de formación virtual durante seis meses, al cabo de los cuales realizó un concurso de narraciones en torno a experiencias significativas de los docentes, ofreciendo premios a quienes quedaran en primer, segundo y tercer lugar. La docente nominada en segundo lugar, convencida de que su trabajo merecía mayor reconocimiento, se dio a la tarea de conocer por qué había sido mejor calificado el trabajo del docente que ocupó el primer puesto. Se dio cuenta de que este era familiar de un alto funcionario de la Gobernación, quien insinuó la importancia de que su familiar ganara el concurso. De acuerdo con las normas constitucionales, la responsabilidad por esta conducta fraudulenta recae en

El presidente de la República ha decidido objetar un proyecto de ley relacionado con la implementación de unos acuerdos de paz firmados por el Estado. Esto ha desatado un debate en torno a la finalidad política de tal decisión, puesto que el partido político del presidente no apoyó los mencionados acuerdos que se implementan parcialmente a través de dicha ley. En este caso, a la luz de la estructura del Estado dispuesta por la Constitución, se verifica que

El Presidente se ha reunido con su Ministro de Defensa y con el Alto Mando militar, para anunciarles la decisión que tomó en el sentido de dirigir personalmente las acciones militares orientadas a expulsar un ejército invasor del territorio nacional. Esto implica que toda campaña y operación deberá pasar por su aprobación para ejecutarse. En relación con la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento establecido por la Constitución, esta decisión

Poco tiempo después de su posesión, el Presidente de la República anunció que había elegido una nueva cúpula militar y policial, cambiando el comandante de las Fuerzas Militares, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional. De acuerdo con las normas constitucionales, el Presidente puede tomar tales decisiones porque

En una reunión de la alta cúpula militar del Ejército de Colombia, se le ha informado al Comandante del Ejército que se conoce el paradero exacto de un jefe de un grupo ilegal con el que el Estado se encuentra adelantando un proceso de negociación política. Para sorpresa de todos sus subalternos, el Comandante no toma una decisión inmediatamente, sino que se retira durante un momento de la reunión para comunicarse directamente con el Presidente. La conclusión que debe sacarse de este hecho, en términos del uso de la fuerza militar en Colombia es que

Un grupo de personas de una comuna acude a un abogado de la ciudad porque pretende formular una acción popular en contra del alcalde de la ciudad por haber ordenado, previa autorización de la autoridad ambiental del municipio, la tala de 300 árboles de un corredor verde de la ciudad. El abogado, sin poder para representarlos y sin ser residente de la comuna, interpone la acción popular ante el juez contencioso administrativo en contra del municipio aludiendo a la amenaza al derecho a un ambiente sano y a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica. De acuerdo con lo narrado y teniendo en cuenta los requisitos y principios de trámite para presentar una acción popular, se evidencia que

Un ciudadano inicia acción en octubre de 2016,para que sedeclare patrimonialmente responsable al Estado y obtener el resarcimiento de los perjuicios por la nulidad de un acto administrativo declarada el junio del año anterior y que le concedía licencia para la construcción de infraestructura para el desarrollo de su negocio.
Corresponde al demandante en este caso iniciar la acción de

Un juez administrativo, recibe solicitud para tramitar acción de Hábeas Corpus, en un proceso penal que se lleva por el homicidio de un menor de edad y dentro del cual, profirió orden de allanamiento para la recolección de pruebas mientras era juez penal.
El juez en este caso deberá declararse impedido y trasladar la competencia

Se interpone por un usuario una acción de cumplimiento contra un hospital privado para que cumpla la obligación legal de atenderlo sin exigirle el pago anticipado del servicio. El hospital, en la contestación de la demanda, alega que la acción de cumplimiento no procede contra él porque ellos son empresa privada y no son empresa del Estado, evento en el cual, aplicaría la acción. Con base en lo narrado y considerando los requitos para que proceda a acción de cumplimiento, es correcto afirmar que la demanda de acción de cumplimiento en contra del hospital es

El titular de una información de datos personales que reposa en la base de datos de un almacén de cadena, le solicita a este, en ejercicio del derecho del hábeas data, que le suministre detalladamente y actualice dicha información. El almacén se niega a la solicitud argumentando que no están obligados a dar información y actualizar la información ya que ellos solo reciben información de datos personales de los titulares de la información cuando otorgan los créditos, y que por lo tanto son fuentes de información, pero no son operadores, quienes si tendrían esa obligación, a pesar de que ellos mismos son los que luego suministran dicha información a los usuarios que la necesitan para referencia de crédito. Frente a la negativa del almacén de cadena y su argumento, es correcto afirmar que