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FALLOS_COMUNES_2

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

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1.
Elija la respuesta incorrecta. La firma reconocida garantiza:
a)
Que ha firmado una persona física.
b)
Que ha firmado una persona jurídica.
c)
La posibilidad de visualización del documento por la persona signataria.
d)
La prestación de la aprobación y/o el consentimiento de dicha persona.
2.
Elija la respuesta incorrecta. La utilización de la firma electrónica en Euskadi está regida por:
a)
La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b)
La Ley 40/2015, de 1 de octubre.
c)
La Ley 6/2020, de 11 de noviembre.
d)
Las respuestas b) y c) son correctas.
3.
Elija la respuesta incorrecta. Se establece como tipo de firma admitido la denominada firma reconocida en las actuaciones:
a)
Por parte de la ciudadanía.
b)
De Administración general del Estado.
c)
De las personas físicas en general.
d)
De las personas jurídicas en general.
4.
Todos los certificados deben incluir al menos:
a)
El número de serie del certificado, único en cada caso.
b)
El nombre y dirección de quien es titular del certificado.
c)
La firma electrónica de la autoridad de certificación.
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas.
5.
Elija la respuesta incorrecta. Un certificado puede encontrase en uno de los siguientes es­tados:
a)
Suspensión.
b)
Prescripción.
c)
Habilitación.
d)
Renovación.
6.
La concepción actual de la calidad responde a la aportación de diferentes teorías surgi­das:
a)
A lo largo del siglo XVIII.
b)
A lo largo del siglo XIX.
c)
A lo largo del siglo XX.
d)
A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX.
7.
En relación con el principio de «Desarrollo e implicación de las personas»:
a)
Es responsabilidad de la Dirección de las organizaciones el pleno desarrollo del poten­cial de las personas que trabajan en ella.
b)
Es responsabilidad de la Dirección de las organizaciones involucrar y hacer partícipes del proyecto de la misma a los clientes.
c)
Para lograrlo no es necesario establecer o reforzar los mecanismos de comunicación y participación.
d)
Las respuestas anteriores son correctas.
8.
Para apoyar normativamente el desarrollo e implantación de los Planes y Proyectos Estra­tégicos de gestión pública el Gobierno Vasco:
a)
Ha promulgado una ley al respecto.
b)
Ha dictado tres reglamentos y una ordenanza.
c)
Ha aprobado más de un acuerdo de interés.
d)
Las respuestas anteriores son incorrectas.
9.
La consideración de cómo se promueve la buena administración y la ética pública, se impulsa el trabajo colaborativo y se asume la responsabilidad con la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la normalización del uso del euskera está relacionada con el siguiente eje del Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco:
a)
Estrategia.
b)
Sociedad.
c)
Ciencia de la Administración.
d)
Gobernanza y empleo público.
10.
Los aspectos esenciales para la implantación del Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco recogidos en los Ejes son en total:
a)
6.
b)
22.
c)
25.
d)
35.
11.
El aspecto esencial para la implantación del Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco denominado «Diseñar y gestionar el Plan de Gestión Anual a partir del establecimiento de una sistemática de gestión avanzada» supone concretar el siguiente aspecto:
a)
Los proyectos que durante el año en curso deben desplegarse para garantizar el cum­plimiento de los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Acción a 4 años.
b)
Los resultados que durante el año en curso deben desplegarse para garantizar el cum­plimiento de los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Acción a 4 años.
c)
Las herramientas de prospección, cuadro de mando e indicadores que deben des­plegarse para garantizar los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Acción a 4 años.
d)
La planificación en formato diario de la actividad del ejercicio en curso.
12.
El Plan de Formación de la Unidad:
a)
Es el instrumento a través del cual se dota a las personas que la integran de los co­nocimientos y destrezas que necesitan para llevar a cabo su desempeño sin tener en cuenta la coherencia con la Estrategia de la Unidad.
b)
El Plan debería recoger, al menos, la siguiente fase: concreción de las acciones formati­vas, adecuando su formato y personas destinatarias en cada caso.
c)
El Plan debería recoger, al menos, la siguiente fase: detección de prioridades y objeti­vos, y redefinición de prioridades y objetivos.
d)
Las respuestas anteriores son correctas.
13.
Ser proactivos en la difusión del Código Ético y de Conducta y mejorar el nivel de rendi­ción de cuentas y transparencia de la Unidad Organizativa:
a)
Supone que la Unidad debería asegurar que todas las personas conocen el Código Ético y de Conducta de cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los Principios Éticos es­tablecidos en el Estatuto Básico de la Empleada o Empleado Público.
b)
Supone que los cargos públicos, y solo estos, tendrán que realizar una Rendición de Cuentas de sus actos y los resultados de los mismos y dotar a la ciudadanía de meca­nismos para controlar el desempeño de estas personas.
c)
Supone que la Unidad debería impulsar la Transparencia para que los miembros de la Unidad, y solo estos, tengan información y pueda tomar parte con solvencia en las de­cisiones que le conciernen.
d)
Las respuestas anteriores son incorrectas.
14.
La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera:
a)
Reconoce a todos los y las ciudadanas el derecho a usar tanto el euskera como el cas­tellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Co­munidad Autónoma.
b)
Señala que se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma inmediata el ejercicio del derecho señalado en la respuesta an­terior.
c)
Las respuestas a) y b) son correctas.
d)
Las respuestas a) y b) son incorrectas.
15.
El derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente:
a)
Contiene el derecho a exigir responsabilidades de la propia Administración Pública.
b)
Contiene el derecho a exigir responsabilidades de los funcionarios o empleados públicos.
c)
Las respuestas a) y b) son correctas.
d)
Las respuestas a) y b) son incorrectas.
16.
Si las autoridades, agentes o funcionarios causan daños por actividades delictivas:
a)
Es posible el inicio de una acción penal contra el mismo.
b)
No es posible el inicio de una acción penal contra el mismo, salvo que haya incurrido en negligencia grave.
c)
No es posible el inicio de una acción penal contra el mismo, salvo que haya dolo mani­fiesto.
d)
La acción penal que se dirija frente al agente público es independiente de la acción de responsabilidad administrativa que se dirija contra el o la ciudadana por los mismos he­chos.
17.
La modernización del lenguaje administrativo:
a)
Es un movimiento que se originó en el siglo XIX y que hoy día está superado.
b)
Es un movimiento que pretende tecnificar y, en consecuencia, hacer más incompresi­ble el lenguaje administrativo para los y las ciudadanas.
c)
Pretende que las comunicaciones dirigidas a los y las ciudadanas incorporen un len­guaje inteligible y claro.
d)
En el País Vasco nadie se ha preocupado por esta cuestión.
18.
En la comunicación oral, los interlocutores:
a)
Si están presentes, hablamos de comunicación no presencial.
b)
Si no están presentes, hablamos de comunicación presencial.
c)
Si están separados, nos hallamos ante un caso de comunicación no presencial.
d)
Estén presentes o separados, hablamos de comunicación presencial pues la comunica­ción a través de la palabra es inmediata.
19.
Es un consejo práctico para mejorar la expresión oral:
a)
Incluir al ciudadano o ciudadana en la explicación.
b)
Hacer partícipe al ciudadano o ciudadana de la explicación.
c)
Incluir al ciudadano o ciudadana en la explicación y hacerlo partícipe de ella para así impulsar una actitud activa.
d)
No incluir al ciudadano o ciudadana en la explicación, ni hacerlo partícipe de ella para así no comprometer a la persona y respetar su privacidad.
20.
La mirada:
a)
A través de los ojos apenas transmitimos información.
b)
La mirada es un aspecto importante en la comunicación no verbal, ya que permite com­plementar la información verbal corroborándola o matizando su contenido.
c)
La mirada es un indicador de que estamos hablando a nuestro interlocutor y de que esperamos respuesta de la misma forma.
d)
Resulta sencillo establecer una conversación de forma fluida sin mirar a la otra persona.
21.
Dentro del ordenamiento jurídico la ley tiene rango:
a)
Inferior a la Constitución y superior a los reglamentos.
b)
Inferior a la Constitución e igual a los reglamentos.
c)
Las leyes no se encuentran dentro del ordenamiento jurídico.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
22.
La reserva de ley se puede entender:
a)
En sentido material y formal.
b)
En sentido estricto y restringido.
c)
En sentido constitucional o normativo.
d)
Todas las respuestas son correctas.
23.
El control de los Decretos legislativos se produce:
a)
Por los tribunales ordinarios en su totalidad.
b)
Por los tribunales civiles.
c)
Por el Consejo de Estado.
d)
Por los tribunales ordinarios en cuanto excedan de los límites de la delegación.
24.
Los Decreto Leyes no pueden regular materias que afecten a:
a)
El Derecho electoral general.
b)
A todos los derechos de los ciudadanos.
c)
Cuestiones de extranjería.
d)
Ninguna de las anteriores es correcta.
25.
Las Comunidades Autónomas:
a)
Pueden dictar Decretos leyes, pero no Decretos Legislativos.
b)
Pueden dictar Decretos Legislativos por no Decretos leyes.
c)
Pueden dictar Decretos Leyes y Decretos Legislativos.
d)
No pueden dictar Decretos leyes ni Decretos Legislativos.
26.
Los reglamentos son:
a)
Son disposiciones de carácter general que pueden innovar el ordenamiento jurídico.
b)
Son resoluciones particulares.
c)
Son normas con rango de ley.
d)
No pueden innovar el ordenamiento jurídico.
27.
Los reglamentos:
a)
No pueden ser modificados por una ley si se trata de una materia reservada a regla­mento.
b)
Pueden ser modificados por una ley.
c)
No pueden ser objeto de control por parte de los tribunales.
d)
Son controlados por el Tribunal Constitucional.
28.
El principio de jerarquía normativa aplicado a los reglamentos significa que:
a)
Son inferiores a las leyes.
b)
No pueden vulnerar la Constitución.
c)
Los reglamentos se ordenan jerárquicamente entre sí.
d)
No pueden vulnerar una resolución general.
29.
Las resoluciones administrativas particulares que contradigan lo establecido en un regla­mento:
a)
Son válidas solo si son dictadas por un órgano superior.
b)
Son nulas.
c)
Son nulas solo si se dictan por un órgano colegiado.
d)
Son válidas salvo que sean retroactivas.
30.
La descentralización administrativa funcional supone:
a)
La reordenación de funciones entre distintas Administraciones Públicas.
b)
La atribución de funciones a favor de órganos periféricos.
c)
La atribución de funciones a la Administración institucional.
d)
La distribución de funciones a distintos órganos.
31.
El funcionamiento de los órganos administrativos viene regulado en:
a)
La Ley del régimen jurídico del sector público.
b)
La Ley del procedimiento administrativo común.
c)
La Ley de órganos administrativos.
d)
La Ley de contratos del sector público.
32.
En la comunidad autónoma vasca la organización local se divide en:
a)
Diputaciones y ayuntamientos.
b)
Territorios históricos y ayuntamientos.
c)
Delegaciones del gobierno.
d)
Subdelegaciones del gobierno.
33.
Las normas jurídicas organizativas han de tener rango de:
a)
Ley orgánica.
b)
Decreto-Ley.
c)
Basta con rango reglamentario.
d)
Basta con rango de ley ordinaria.
34.
Los criterios de atribución de competencias son:
a)
Territorial, funcional y competencial.
b)
Funcional, jerárquico y material.
c)
Material, territorial y funcional.
d)
Proporcional y equitativo.
35.
Cuando un órgano tiene competencia para tramitar un expediente y otro para resolverlo hablamos de:
a)
Competencia material.
b)
Competencia orgánica.
c)
Competencia funcional.
d)
Competencia territorial.
36.
La delegación de competencias entre órganos:
a)
Es revocable en cualquier momento.
b)
No necesita ser publicado.
c)
Es una técnica de transmisión de la titularidad de la competencia.
d)
No tiene limitación de materias.
37.
La avocación de competencias supone:
a)
Que el órgano superior ejerce las competencias de uno inferior.
b)
Que un órgano inferior ejerce las competencias de uno superior.
c)
Que un órgano superior ejerce en un caso concreto una competencia atribuida a uno inferior.
d)
Que se encomienda a otro órgano la ejecución material de una competencia.
38.
El acto dictado por un órgano jerárquicamente incompetente:
a)
Es convalidable por el órgano superior.
b)
Solo es convalidable si lo autoriza el superior jerárquico común de ambos.
c)
Nunca es convalidable.
d)
Se convalida automáticamente si el destinatario lo acepta.
39.
Los actos que agotan la vía administrativa:
a)
Deben impugnarse en vía administrativa antes de acudir a la vía judicial.
b)
Pueden recurrirse directamente ante los órganos judiciales.
c)
Son actos firmes.
d)
Deben ser impugnados a través del recurso de reposición.
40.
Son actos firmes:
a)
Los que agotan la vía administrativa.
b)
Los que no pueden recurrirse en vía administrativa salvo a través de recurso extraordi­nario de revisión.
c)
Los que ultiman la vía administrativa.
d)
Todos los actos resolutorios.
41.
Las sanciones administrativas son ejecutivas:
a)
Cuando agotan la vía administrativa.
b)
Cuando se dictan.
c)
Cuando se publican.
d)
Cuando son firmes.
42.
Son nulos los actos:
a)
Sancionadores dictados por órgano incompetente.
b)
Los actos presuntos.
c)
Los actos constitutivos de infracción penal.
d)
Que lesionen cualquier derecho.
43.
La capacidad jurídica es:
a)
La aptitud de una persona para ser parte en un procedimiento.
b)
La aptitud de una persona de actuar personalmente ante la Administración.
c)
La aptitud de una persona para contraer matrimonio.
d)
La aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones.
44.
Los menores extranjeros no acompañados:
a)
Tienen en todo caso capacidad para participar en el procedimiento de repatriación.
b)
Pueden participar en el procedimiento de repatriación si son mayores de 15 años.
c)
Pueden participar en el procedimiento de repatriación sin son mayores de 16 años.
d)
No pueden participar en el procedimiento de repatriación.
45.
La ciudadanía en general:
a)
No puede exigir a la Administración que actúe de una determinada manera.
b)
Es titular de intereses legítimos frente a la Administración.
c)
Pueden reaccionar frente a una actuación administrativa.
d)
Puede exigir a la Administración el cumplimiento de la legalidad.
46.
El incumplimiento de una carga:
a)
Implica una sanción.
b)
Implica una reducción de un derecho.
c)
Implica la pérdida de un beneficio.
d)
Ninguna de las anteriores es correcta.
47.
La instrucción del procedimiento:
a)
Se tramita por el órgano competente para resolver.
b)
No se puede tramitar por el órgano competente para resolver.
c)
Se tramita por el instructor.
d)
No es obligatoria en el procedimiento.
48.
La valoración de las pruebas en el procedimiento se hace según criterios establecidos en:
a)
La Ley de enjuiciamiento criminal.
b)
La Ley de enjuiciamiento civil.
c)
La Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
d)
La Ley del régimen jurídico del sector público.
49.
La Administración puede revisar los actos:
a)
Que agoten la vía administrativa o sean firmes.
b)
Que sean favorables.
c)
Que sean susceptibles de recurso de alzada.
d)
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
50.
La Administración puede revisar los actos anulables:
a)
Siempre.
b)
Solo si incurren en desviación de poder.
c)
Nunca.
d)
Solo si agotan la vía administrativa.
51.
El procedimiento de declaración de lesividad ha de resolverse:
a)
En 6 meses desde su inicio.
b)
En 3 meses desde su inicio.
c)
En 3 años desde que se dictó el acto administrativo.
d)
En 1 año desde que se dictó el acto administrativo.
52.
Para poder revocar un acto por la Administración se requiere:
a)
Que el acto haya agotado la vía administrativa.
b)
Que haya transcurrido el plazo de prescripción.
c)
Que el acto sea firme.
d)
Que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
53.
Son recursos administrativos ordinarios:
a)
Los que se basan en exclusivamente en causas de nulidad.
b)
Los que están tasados en cuanto a los motivos.
c)
Los que pueden basarse en cualquier causa de nulidad o anulabilidad.
d)
Los que se basan exclusivamente en causas de anulabilidad.
54.
El recurso extraordinario de revisión se interpone frente a:
a)
Actos firmes.
b)
Actos no firmes.
c)
Exclusivamente frente a actos que agotan la vía administrativa.
d)
Ninguna de las respuestas es correcta.
55.
Según la Constitución española, la competencia legislativa en materia de responsabilidad patrimonial:
a)
Es del Estado, en cuanto a la legislación básica.
b)
Es de las Comunidades Autónomas, en cuanto al desarrollo legislativo.
c)
Es compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
d)
Es del Estado, íntegramente.
56.
La cláusula general de responsabilidad de la Administración se contiene por primera vez en:
a)
La Constitución española.
b)
La Ley 30/1992.
c)
La Ley de Expropiación Forzosa.
d)
La Ley del Procedimiento Administrativo común (Ley 39/2015).
57.
Para poder reclamar una indemnización derivada de la inconstitucionalidad de una ley:
a)
Se exige sentencia firme desestimatoria alegando inconstitucionalidad.
b)
Que lo reconozca la Administración.
c)
Que la ley sea de ámbito nacional.
d)
Que la ley provenga de un parlamento autonómico.
58.
Según la teoría de la causalidad adecuada:
a)
Es causa del daño todo lo que contribuye a producirlo.
b)
Es causa del daño la causa que es la más apta para producir el resultado.
c)
Todas las causas pueden ser el origen del daño.
d)
Es necesario que el resultado dañoso sea imputable objetivamente a la Administración.
59.
El derecho a reclamar:
a)
Prescribe en dos años.
b)
Prescribe al año.
c)
Caduca al año.
d)
Caduca en dos años.
60.
La jurisdicción competente para exigir responsabilidad a la Administración es:
a)
La jurisdicción civil, si la Administración actúa en derecho privado.
b)
La jurisdicción contenciosa, en todo caso.
c)
La jurisdicción civil o la contenciosa, en función del derecho en que actúe la Administra­ción.
d)
La que elija el perjudicado.